SOCIEDAD
ABUSO SEXUAL DE MENORES
EL SACERDOTE CATÓLICO, GRASSI FRENTE A CARGOS DE ABUSO SEXUAL Y MALVERSACIÓN DE FONDOS EN LA FUNDACIÓN FELICES LOS NIÑOS

El país/ www.pagina12.com.ar
Miércoles, 30 de Agosto de 2006
RENUNCIARON CUATRO ABOGADOS DE GRASSI. DENUNCIA POR PAGOS ILEGALES
Más que defensa, una diáspora
Cuatro de los cinco abogados del cura renunciaron a su defensa. El único que queda seguiría el mismo camino. Grassi optaría por un defensor oficial, con asesoramiento de Telleldín. La Justicia investiga una denuncia por pagos irregulares a abogados con fondos de la Fundación Felices los Niños.
Por Raúl Kollmann

Julio César Grassi adoptó a Carlos Telleldín como uno de sus asesores de mayor confianza.
Cuatro derrotas consecutivas pusieron al padre Julio César Grassi contra las cuerdas y ayer se quedó sin sus principales defensores. Los cuatro abogados del sacerdote que tenían un papel protagónico, Laura Fechino, Adriana Novello, Luis Osler y Adrián Maloney, presentaron su renuncia y al anochecer en la página de Internet del sacerdote se informaba que Jorge Sandro, que fue penalista, entre otros, de Alfredo Yabrán, queda como único letrado de la defensa.
Otra versión indicaba que Grassi se inclinaría por un defensor oficial que, a su vez, sería asesorado por Carlos Telleldín, el hombre que resultó el principal imputado en la causa AMIA, estudió Derecho en la cárcel y tras ser absuelto ejerce la abogacía.
Telleldín tiene estrecha relación con Grassi, ya que uno de sus hijos estuvo en la Fundación Felices los Niños durante los años de prisión de El Enano, como le decían a Telleldín.
Los ex abogados de Grassi mantuvieron ayer su hermetismo y no quisieron explicar por qué renunciaron. Anoche se manejaban distintas versiones. Que una parte de la defensa renunció por una denuncia de cobro irregular de cheques provenientes de la Fundación, otros dicen que dieron el paso al costado porque ya Telleldín ejercía demasiada influencia en Grassi y, por otro lado, se menciona que esas cuatro graves derrotas de los últimos tiempos ponían a Grassi en situación muy difícil de cara al juicio oral, por lo cual hubo una especie de pase de facturas y un desgaste en la relación con el cura.

Hace seis meses, la defensa de Grassi cantaba victoria. Consideraban que el juicio oral conduciría inevitablemente a la absolución del sacerdote. Sin embargo, cuatro derrotas consecutivas cambiaron el escenario en forma total:

- Lo más reciente y más grave para los defensores fue el desplazamiento del Tribunal Oral Criminal número 4, integrado por los jueces Pedro Rodríguez, Carlos Torti y Rodolfo Castañares. La fiscal Sandra Míngolo tuvo la iniciativa en la recusación y la Cámara de Garantías le dio la razón apartando al tribunal por prejuzgamiento, es decir por jugar a favor de Grassi, admitiendo medidas que lo beneficiaban y bloqueando otras que lo perjudicarían. Desde ayer, el juicio oral quedó en manos de un nuevo tribunal, el número 1, integrado por Luis María Anduela, Jorge Eduardo Carrera y Mario Daniel Gómez (ver página 2).

- Un giro trascendente en el caso fue adelanto de Página/12: el joven Luis Gutiérrez, que integró el entorno del cura y que figuraba en una causa en Santa Cruz como abusado por Grassi, declaró ante una fiscalía de Morón que dos veces el sacerdote lo llevó a su cama para hacer juegos sexuales. Gutiérrez, que hasta ese momento era el principal testigo a favor de Grassi, luego dio una lista de otros jóvenes que pasaron por lo mismo.

- Otro golpe a la defensa del cura también fue revelado por este diario: en una causa civil existente en Santa Cruz, el sacerdote aceptó realizarse una pericia psiquiátrica cuyos resultados fueron totalmente negativos para él, al punto que se lo equipara con el perfil de un “delincuente sexual”. Esa pericia iba camino a ser admitida como documento en la causa principal de Morón.

- Por último, el joven Gabriel, que aparecía testimoniando los abusos en su contra en el informe de Telenoche Investiga que dio origen a toda la causa, supuestamente había firmado su renuncia a ser parte querellante y se perdía entonces a un acusador fundamental. Sin embargo, representado por el abogado Eduardo Valdés, Gabriel se presentó otra vez en el expediente y sostuvo que le hicieron firmar la renuncia con un engaño. Reiteró su voluntad de ser tomado como parte en el juicio contra Grassi y eso lo debe resolver la Cámara de Casación. También el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, con Juan Pablo Gallego a la cabeza, pidió a la Casación ser tenido como parte en el proceso. Todos estos cambios fueron desfavorables para Grassi y, según parece, este motivo y otros provocaron ayer la renuncia de los defensores, aunque los letrados sólo dijeron que dan un paso al costado por razones personales y creyendo en la inocencia del cura.

En ese terreno de la defensa, ayer se produjo otra novedad de importancia. Valdés, el abogado de Gabriel, presentó hace varios meses una denuncia por manejo irregular de fondos de la fundación Felices los Niños, en concreto por el desvío de cheques destinados a pagar carne para los chicos hacia una cuenta a nombre de Viviana Galli, madre de la (ahora ex) defensora de Grassi Laura Fechino. Valdés descubrió que tres cheques, por valor de 23.000 pesos, librados a favor del Frigorífico Cañuelas, nunca llegaron a ese proveedor de carne de la Fundación, sino que habrían servido para pagar la defensa del sacerdote. Según parece, en la misma situación se detectaron otros treinta cheques por un monto que rondaría los 600.000 pesos.

Ayer fue citado a la Fundación el dueño del Frigorífico, Rubén Barga, quien declaró que él nunca recibió ninguno de esos cheques, que las firmas de endoso le resultaban desconocidas y que por lo tanto existía una maniobra irregular de derivación hacia la defensa de Grassi de fondos destinados a la comida de los chicos. Hasta el momento siempre se dijo que los gastos de abogados eran pagados por empresarios que respaldan al sacerdote, no por la Fundación, que no podría hacerlo en forma legal ya que tiene sus propios abogados, por lo que se habría optado por esa forma encubierta de sacar fondos. En el encuentro de ayer a las 14 en Felices los Niños, Barga anunció que ante la justicia contaría la verdad: que no recibió los cheques ni los endosó. En la mira quedó entonces el estudio que encabezan Novello y Fechino, esencialmente porque según la denuncia de Valdés ante la Fiscalía general, los cheques fueron depositados en la cuenta de la madre de Fechino. Este diario se comunicó con ambas letradas, pero no hubo respuesta a las llamadas.

Otro factor de choque en la defensa de Grassi fue la irrupción con un papel protagónico de Telleldín. El Enano afirma que no es defensor, sino amigo de Grassi, a quien le está agradecido por haber recibido a su hijo mientras él estaba en la cárcel. De todas maneras, mediáticamente Telleldín apareció en escena e incluso hizo comentarios sobre la vida sentimental de los defensores, lo que provocó gran malestar. No faltó quien deslizó que en los últimos tiempos Grassi escuchaba más a Telleldín que a sus abogados. En un diálogo que este diario mantuvo con un hombre del estudio en el que revista Maloney no se quisieron dar explicaciones por la renuncia: “La relación con Grassi se desgastó. Entendimos que habíamos cumplido un ciclo y él está ahora en libertad para tomar otras determinaciones. Respecto del vendedor de autos (Telleldín) tenemos que decir que no lo conocemos, nadie nos pidió que trabajáramos con él en la defensa y no lo hubiéramos hecho. Tampoco recibimos cheques de la Fundación: tuvimos quién pagara nuestros servicios”.

Tras la renuncia de los principales abogados, quedó como único defensor el conocido penalista Jorge Sandro. El letrado figura como designado en la causa desde el principio, pero hace muchísimos meses que no firma ninguno de los escritos presentados en el expediente. Estaba casi apartado. Y lo cierto es que no queda para nada claro que se vaya a hacer cargo de la defensa. El rumor más extendido es que Grassi recurriría a un defensor oficial, pero asesorado por Telleldín o algún otro abogado. Todo esto está por verse.

Como se sabe, el sacerdote está acusado por abuso deshonesto, corrupción de menores y amenazas, a raíz de las denuncias que hizo públicas el 23 de octubre de 2002 el programa Telenoche Investiga, donde se pusieron al aire los relatos de dos menores, Gabriel y Ezequiel. Tras un largo proceso en el que Grassi acusó a la Justicia de Morón de perseguirlo, finalmente eljuicio oral y público se iba a iniciar el 3 de octubre pasado. Sin embargo, la recusación de la fiscal contra los jueces por presunta parcialidad impidió el inicio de las audiencias y ahora éstas estarán en manos de un nuevo tribunal que deberá tomar una serie de decisiones de la máxima importancia. Entre ellas, si continúa con el proceso donde lo dejó el Tribunal Oral número 4, si espera las resoluciones de Casación –algo que es inminente– y si cita a una nueva audiencia para definir las medidas de prueba a tomar antes de iniciar el juicio.

SOCIEDAD
LEGISLACIÓN
PRO DECIDIR

Martes, 29 de Agosto de 2006

COMPROMISO DE CIUDAD Y PROVINCIA ANTE ORGANIZACIONES DE MUJERES

A reglamentar el aborto no punible

El ministro de Salud porteño anunció que en diez días tendrá un proyecto de resolución para que los médicos sepan cómo actuar en casos como el de L.M.R. También lo hará su par bonaerense.

Por Mariana Carbajal

Organizaciones de mujeres reclamaron ante los ministerios de Salud de la ciudad y bonaerense.

El ministro de Salud porteño, Alberto de Micheli, se comprometió ayer a reglamentar, a través de una resolución, la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos de la ciudad para que los médicos sepan cómo actuar ante casos como el de L.M.R. y el de la joven mendocina y tengan garantías de que no serán criminalizados. En diez días, anunció, estará listo un borrador del texto. Paralelamente se estudiará la apertura de un registro de objetores de conciencia para los profesionales que se nieguen a interrumpir un embarazo en el marco de las excepciones previstas en el Código Penal. De Micheli hizo el anuncio al recibir en su despacho a una decena de integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.

Militantes feministas que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se concentraron ayer frente a los ministerios de Salud de distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires con el mismo reclamo: que se deje asentado en una resolución que los médicos no exijan autorización judicial para practicar un aborto no punible.

El otro aspecto que se pidió es que se haga una interpretación amplia del inciso 2º del Código Penal, en el mismo sentido que lo hicieron la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo, y algunos de los jueces de la Suprema Corte bonaerense al dictaminar en el caso L.M.R.: es decir, que se considere como “no punible” toda interrupción voluntaria de un embarazo producto de una violación y no sólo cuando se trata de una mujer con una discapacidad mental.

El ministro porteño afirmó que se tendrá en cuenta el primer punto del reclamo, pero dijo no poder garantizar que la normativa alcance a todos los casos de violación. De Micheli asumió el compromiso ante una delegación de mujeres de distintas organizaciones que se concentraron antes del mediodía frente al Ministerio de Salud de la ciudad, en Pellegrini 313, con pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la despenalización del aborto en el país.

El funcionario consideró necesario crear un registro de objetores de conciencia. “Así no tendremos que andar corriendo para buscar un médico que lo haga (al aborto) y tenemos claro quiénes van a cumplir con esa reglamentación”, opinó durante el encuentro con integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. “Una reglamentación en la ciudad puede alentar a las provincias a seguir el mismo camino”, evaluó De Micheli.

En La Plata, las manifestantes de pañuelos verdes estuvieron acompañadas por la adolescente L.M.R., su madre Vicenta y su hermana Verónica. Y fueron recibidas por el ministro de Salud bonaerense, Claudio Mate. Como su par porteño, Mate también se comprometió a dictar una resolución que reglamente la atención de los abortos no punibles en el ámbito de la provincia. “Salimos muy satisfechas de la reunión”, dijo a Página/12 Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Díaz fue quien acompañó a L.M.R. y a su familia a la clínica privada donde finalmente le interrumpieron el embarazo a la adolescente de Guernica. A diferencia del ministro porteño, que prometió tener un borrador del texto en diez días, Mate no dio plazos. “Nos dijo que se va a poner a trabajar en el tema”, apuntó Díaz.

La reunión con De Micheli se extendió por más de una hora. El funcionario porteño recibió a la delegación feminista junto con la titular del Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la ciudad, Margarita Berkenwald. Participaron del encuentro la abogada Dora Coledesky, de la Comisión por el Derecho al Aborto; las ex diputadas María Elena Barbagelata y María José Lubertino; la ex legisladora porteña Clori Yelicic; Elsa Schvartzman, del Foro por los Derechos Reproductivos; Malena Haboba, de la Red de Mujeres Solidarias; Cecilia Lipszyc, de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer, y dirigentes de Pañuelos en Rebeldía y Amas de Casa del País. “Fue una reunión positiva. Nos recibió el ministro y nos vamos con algunos compromisos”, evaluó Lubertino. “Tendremos que esperar a ver los hechos”, acotó Coledesky. En la puerta de Pellegrini 313 esperaba un centenar de manifestantes de distintas organizaciones con cánticos y carteles a favor de la despenalización del aborto. “¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!”, entonaban. “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, reclamaban algunas pancartas. Aprovecharon la movida para seguir sumando firmas en favor de la despenalización: ya han recolectado más de 50 mil. “No es una cuestión de religiones. Lo que han hecho los que se opusieron al aborto de la chica de La Plata y de Mendoza es una barbaridad”, comentaba una trabajadora social, Lucía Correa, de 67 años, que pasaba por allí y aceptó firmar en “acuerdo con la legalización del aborto”.

El compromiso de reglamentar rápidamente la atención de los abortos no punibles fue aprobado en la calle con un fuerte aplauso.

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Demanda ciudadana por transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto, México

http://www.internationalbudget.org/resources/boletin23.htm

En la discusión presupuestaria para el ejercicio 2003, la Cámara de Diputados otorgó recursos presupuestales adicionales por 600 millones de pesos para salud de las mujeres y otros programas. De esta cantidad fueron extraídos arbitrariamente 30 millones para otorgárselos a la organización privada “Pro-Vida”, para instalar y reforzar “Centros de Ayuda para la Mujer”. Estos recursos, originalmente, se habían etiquetado para el combate y prevención del VIH-SIDA.
A partir de este hecho, seis organizaciones de la sociedad civil iniciaron una investigación, que comenzó documentando la irregularidad que llevó a cabo el diputado Luis Pazos, Presidente de la Comisión de Presupuesto, excediendo sus facultades. A pesar de que se inició una labor de búsqueda de información para documentar esta irregularidad, la poca transparencia del poder legislativo no permitió tener acceso a todos los documentos necesarios.
Con la entrada en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en junio 2002, fue posible obtener la siguiente información:

• La confirmación por parte de la Secretaría de Hacienda de la asignación de 30 millones de pesos al Comité Nacional Pro-Vida AC.
• La solicitud de recursos que Pro-Vida presentó a la Secretaría de Salud el día 3 de diciembre del 2002.
• El convenio firmado entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Comité Nacional Pro-Vida AC.
• El reporte financiero y el de impacto social de los recursos ya ejercidos.
• El expediente financiero con 6525 hojas con copias de las facturas que amparan el gasto de los 30 millones.
• La confirmación por parte de la Secretaría de Salud, de que en 2004 se habían asignado otra vez 30 millones a Pro-Vida.

Debido a que los recursos del 2003 ya se habían ejercido, las organizaciones decidieron indagar en qué se habían gastado. Las conclusiones de la auditoria ciudadana apuntaban a una clara malversación de recursos públicos.
Más del 80% de los recursos se utilizaron para contratar a tres empresas: una de publicidad, una importadora de inmobiliario y equipo médico y un salón de fiestas. Estas tres empresas están ligadas con Pro-Vida, compartiendo dirección, teléfono y director administrativo. En sus facturas hay irregularidades graves, tales como el hecho de que se adquirieron productos en julio, con facturas impresas en octubre del mismo año. Adicionalmente, se pudo documentar la compra de plumas, ropa y despensas de lujo.
Se dieron a conocer a la opinión pública los resultados de la auditoria y se lanzó una campaña de transparencia, respaldada por más de 700 organizaciones a nivel nacional. En esta campaña se exigió:

• Que la Secretaría de Salud explique públicamente las razones de financiar a una organización privada que contradice las políticas públicas de salud.
• Que se auditen los recursos y se deslinden responsabilidades;
• Que se exija la devolución de los 30 millones y su reintegración al presupuesto del VIH/SIDA; y,
• Que el Poder Legislativo legisle respecto a los vacíos legales que permiten ese tipo de discrecionalidades en la asignación y ejecución del presupuesto.

Se logró un exitoso impacto a nivel nacional en los medios de comunicación: durante dos semanas la campaña fue el centro de la noticia, saliendo en más de 10 periódicos, 20 noticieros radiofónicos y 7 noticieros televisivos, como la noticia principal. El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad dos puntos de acuerdo, en los cuales:

• Se solicitó a comparecer al Secretario de Salud.
• Se solicitó acelerar la auditoria oficial que se está llevando a cabo.
• Se aprobó la conformación de una comisión especial bicameral para que investigue el caso desde sus inicios.

Además:

• La Secretaría de Salud solicitó la devolución de los 30 millones.

• La Secretaría de Salud canceló el contrato que tenía con el Comité Nacional Pro-Vida, suspendiendo así los recursos para el 2004 y 2005.

La experiencia del monitoreo ciudadano está siendo analizada y comentada por los intelectuales más destacados del país y se convirtió en un tema de conversación de la población sobre el uso de los recursos públicos provenientes del pago de impuestos. Las organizaciones coordinadoras de la campaña decidieron continuar con dicho ejercicio ciudadano, ahora dedicando nuestros esfuerzos al seguimiento de los acuerdos logrados tanto con el Poder Legislativo como del Ejecutivo (Secretaría de Salud y Contraloría Interna).

CORRUPCIÓN
PRO VIDA, ONG
Caso Provida, en el Informe 2006 de Transparencia Internacional

Criterios.com |
Publicado el 2006-02-01 14:51:23

La corrupción afecta las políticas de salud en México

México, 1 Febrero.- El escándalo de Provida, donde el gobierno de
Vicente Fox desvió 30 millones de pesos, es usada por Transparencia Internacional en su Informe Global de la Corrupción 2006 como una muestra de la corrupción que afecta las políticas de salud y las prioridades de gastos y cómo los funcionarios públicos han abusado del poder para desviar fondos hacia sus proyectos “favoritos”, independientemente de su coherencia con políticas sanitarias consensuadas.

Bajo el título ‘Auditoría Ciudadana’ en México revela los caminos de la corrupción, Helena Hofbauer, directora ejecutiva de Fundar de México afirma en el Informe Global de la Corrupción 2006 que a fines de 2002, cuando se discutía el presupuesto de 2003, el Congreso mexicano anunció un desembolso de 600 millones de pesos (US$ 56,5 millones) de fondos adicionales para programas que promovieran la salud de la mujer. El Presidente de la Comisión de Presupuesto envió instrucciones a tal efecto al Ministerio de Salud. Se incluía una declaración que establecía que 30 millones de pesos (US$ 2,8 millones) debían ser reasignados a una organización privada, Provida, como parte de la iniciativa para la salud de la mujer.

Recuerda que originalmente, la suma había sido asignada a campañas de salud pública para VIH/SIDA. Seis organizaciones mexicanas de la sociedad civil (OSCs) – Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana; y Salud Integral para la Mujer –lanzaron una investigación de porqué había sido alterado el presupuesto. Las seis se embarcaron en una investigación que llevó mucho tiempo y acabó durando 18 meses durante los cuales se documentaron irregularidades evidentes. Muchos de los esfuerzos de las OSC fueron posibles porque México implementó una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en junio de 2002.

Las organizaciones descubrieron un pedido de fondos que Provida presentó al Ministerio de Salud el 3 de diciembre de 2002 por 30 millones de pesos, así como también una confirmación de los Ministerios de Economía y Salud para que 30 millones de pesos fueran otorgados a la comisión nacional de Provida. También descubrieron el acuerdo firmado entre el administrador de becas y Provida, un informe de impacto social y financiero presentado por Provida sobre el uso de los recursos y un archivo financiero de 6.525 páginas con facturas que detallaban como se habían gastado los 30 millones de pesos.

Con este conocimiento, las OSC comenzaron a seguir su propio camino de auditoría, de cómo Provida había gastado los 30 millones de pesos de los contribuyentes en 2003. Encontraron pruebas de uso indebido y
corrupción. Más del 80% de los fondos fueron utilizados para contratar servicios de firmas de relaciones públicas para trabajos tales como una campaña contra el suministro de anticonceptivos de emergencia para
las mujeres. También se pagó dinero a una agencia importadora de instrumental médico con sobre-precios, y se alquiló un salón de fiesta. Las dos empresas y el dueño del salón de fiesta compartían con Provida la dirección, números de teléfono y director administrativo.

Las OSC también descubrieron que Provida había comprado lapiceras de lujo, ropa y mercaderías con algo de los fondos. Los documentos presentaban serias incoherencias fiscales. Recibos con fecha de octubre de 2003 de productos adquiridos en Julio de 2003. Además, las OSC hicieron algunas observaciones sobre violaciones en los procedimientos que habían tenido lugar. Primero, el presidente de la Comisión de Presupuesto no puede hablar por el plenario, ni dar instrucciones al Ministro; segundo, el Congreso no puede asignar dinero a organizaciones privadas, especialmente si se ha extraído de los programas públicos; tercero, el Ministerio de Salud sólo puede desembolsar recursos para ONG a través de un proceso público abierto,
luego de pedirvarias ofertas; y cuarto, la postura radical de Próvida se contradice con políticas significativas de salud pública de México dado que se opone activamente a la prevención del VIH/SIDA mediante el uso de condones, y rechaza sistemáticamente el derecho al aborto otorgado a mujeres violadas.

Con esta evidencia condenatoria, las OSC divulgaron su ‘auditoría ciudadana’ en una conferencia de prensa en junio de 2004 en la que lanzaron una campaña pidiendo la transparencia y responsabilidad, apoyadas por 700 ONG de México. La campaña solicitaba que el Ministerio de Salud explicara públicamente sus razones para financiar una organización privada que abogaba por políticas de salud contrarias al gobierno; que el gobierno llevara a cabo una auditoría oficial de los 30 millones de pesos y aclarara la responsabilidad de los
funcionarios del gobierno involucrados y la del representante legal de Provida; que se devolvieran los 30 millones de pesos al presupuesto del estado; y que se originara e implementara la legislación necesaria
para evitar trasgresiones similares con dinero del gobierno.

La campaña se convirtió en foco de atención nacional, golpeando a los titulares de los medios mexicanos durante un mes. Como resultado de la creciente presión del gobierno, el Congreso votó unánimemente en julio de 2004 convocar al Ministro de Salud para explicar el uso de los 30 millones de pesos y apresurar la auditoría oficial en curso. Poco tiempo después, el ministro pidió la devolución de los 30 millones de
pesos y canceló el contrato con Provida, suspendiendo la distribución de fondos adicionales a la organización durante 2004.

En septiembre de 2004, el Contralor Interno, responsable de iniciar las auditorías dentro del Poder Ejecutivo del gobierno, emitió los resultados de la auditoría oficial, que corrobora las irregularidades identificadas por las OSC. A fines de marzo de 2005, la fecha permitida más temprana, el Auditor General (del Poder Legislativo) también emitió los resultados del caso. Pero el informe del Auditor General iba aún más lejos, y establecía que el 90% del dinero que recibió Provida del gobierno fue utilizado de manera inadecuada. Por lo tanto, el Senado pidió que se iniciara un proceso judicial contra Próvida y sus representantes legales.

En abril de 2005, el Síndico removió a tres funcionarios de la cabeza del Ministerio del Salud que entregaron los recursos sin un proceso público; e inhabilitó al representante legal de Provida, Jorge Serrano Limón, para ocupar un cargo público y lo multó con 13 millones de pesos. Los 30 millones de pesos no han sido devueltos, la multa no ha sido pagada y el proceso judicial sigue en curso. Sin embargo, las OCS han promovido efectivamente la causa por mayor transparencia de modo importante. Demostraron el importante rol que las OSC pueden cumplir para que el gobierno se haga responsable, utilizando el marco legal del país. En particular, mostraron el valor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en la promoción de procesos que no hubieran sido posibles tres años atrás. Esta fue la primera vez que las OSC
rastrearon la mala asignación de recursos y su uso corrupto en todo el proceso del presupuesto. Fue posible identificar lo que había sucedido, auditar la ejecución de los recursos y alcanzar la etapa de supervisión del proceso para buscar la compensación. El mal uso de los recursos y la corrupción destacados por las OSC fueron confirmados por las instituciones oficiales y hubo acciones posteriores Se sentó precedente dado que la Ley de Responsabilidad de los Oficiales Públicos (en vigencia desde 1982, con varias reformas) fue aplicada
por primera vez a un individuo (Serrano Limón), quien hizo un uso indebido de los recursos públicos.

Fueron enfatizadas las inconsistencias entre las políticas de salud públicas y las actividades de Próvida, y los centros de salud que se deberían haber construido y gestionado con los 30 millones de pesos han sido desde entonces supervisados cuidadosamente para asegurar prácticas legítimas.

La unidad administrativa del Ministerio de Salud responsable de la distribución de los recursos entre las OSC revisó sus políticas y por primera vez, sus procedimientos son de dominio público.

QUIÉN ESTÁ DETRAS DE PRO VIDA?

LOCURA AMERICANA, LA ULTRADERECHA Y BUSH

Por: Edgar González Ruiz

“El gobierno de Bush ha otorgado una influencia desmesurada a pequeñas organizaciones que forman parte del entramado ‘pro life’ como es el llamado Population Research Institute, fundado como una rama de Human Life y presidido por Steve Mosher, quien además promueve ideas de agresión militar contra China. Ese ‘Instituto de Investigación sobre Población’ se dedica, igual que Human Life, a ‘denunciar’ a ONGs y dependencias gubernamentales de todo el mundo que promueven la anticoncepción o la educación sexual. Han sido blanco de sus ataques el Consejo Nacional de Población, de México, así como el Fondo de Población de Naciones Unidas. En 2002, el presidente Bush decidió negarle recursos por 34 millones de dólares a la UNFPA, sobre la base de una denuncia que había hecho PRI de que el Fondo de Población de la ONU usaba el dinero para apoyar los abortos forzados y esterilizaciones en China.

Otra de las organizaciones Provida y ProBush es la National Abstinence Clearinghouse, que se autocalifica como la mayor organización mundial dedicada a defender la abstinencia sexual, y cuyo ‘esfuerzo comprometido’ elogiaba Bush en julio de 2001. Coincidiendo con ese grupo, afirmaba que ‘La abstinencia es la única forma eficaz e infalible de eliminar el riesgo de infectarse con el VIH… es 100% segura, 100% eficaz, el 100% del tiempo.’

Asimismo, personajes de la derecha religiosa, como Jerry Falwell, quien se proclama fundamentalista y hace décadas fue fundador de Moral Majority, que en 1980 decía contar con casi medio millón de miembros, han querido hacer de Dios un cómplice de guerras y agresiones. Luego de los atentados del 11 de septiembre, Falwell acusaba de ellos nada menos que a liberales, ateos, feministas y ‘abortistas’, a quienes calificaba como ‘enemigos de Norteamérica’. En un programa de televisión, Falwell explicó que la divinidad había permitido esos hechos pues le ‘daba rabia’ el alto índice de abortos, así como las tentativas de secularizar Norteamérica.

También simpatizan con Bush sectores radicales del exilio cubano, que desde hace tiempo han establecido vínculos con la CIA, e incluso hay casos de destacados ex-nazis que han estado cercanos a varios miembros de la familia Bush. Uno de ellos fue el húngaro Laszlo Pastor, quien en la Segunda Guerra Mundial formó parte de los cuadros pronazis de su país, al que representó ante Alemania. Pastor fue colaborador de la campaña Bush-Quayle, en 1988, de la que tuvo que ser despedido luego de que se denunciaron públicamente sus antecedentes.

Este último dato nos recuerda que el ascenso de la ultraderecha estadounidense ha sido un proceso largo. El huevo de la serpiente estaba formado ya durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sectores de Estados Unidos simpatizaban en realidad con las fuerzas del Eje, por ser antisemitas, racistas, autoritarios, militaristas y anticomunistas, si bien los derechistas americanos se identificaban además como cristianos, enemigos del laicismo y promotores de una moral sexual represiva e incluso mojigata. En su novela Los Desnudos y los Muertos (1948), al retratar a varios combatientes americanos de la Segunda Guerra, Norman Mailer hizo notar la presencia de esos rasgos e incluso puso en boca de uno de ellos la profecía de que algún día el espíritu del fascismo triunfaría en Estados Unidos, profecía que parece haberse cumplido.

http://argentina.indymedia.org/news/2004/09/223392.php

Lunes, 28 de Agosto de 2006
OPINION
Los inmorales
Por Eduardo Aliverti
Recorrer estos días noticiosos casi no deja lugar para elegir otro tema.

El cisma de los radicales es un elemento de incidencia nula en el ajedrez dirigente: hace ya bastante que la UCR no tiene nada novedoso que decir ni proponer, como si no bastaran sus fracasos estrepitosos en la conducción gubernamental.
El lanzamiento o medición de Blumberg como candidato electoral de Macri, en la marcha del próximo jueves, tampoco es más que constatar el intento de la derecha por agrupar sus fuerzas. Y el juicio oral a Chabán. O el video sobre las coimas en el Senado. O el intento de abrir el sepulcro de Perón. O la renovada promesa de limpiar el Riachuelo. O el modo en que la interna cordobesa se metió entre Kirchner y De la Sota. O el lanzamiento del Plan Nuclear. Todo eso es una suma noticiosa en la que se entremezclan lo insustancial, lo importante para algunos, que no le cambia la vida a ninguna mayoría o conjunto de la sociedad; y los compromisos anunciados ya una y mil veces y ya una y mil veces no cumplidos: se concede beneficio de inventario, y punto. Sí podría atenderse el llamamiento oficial a no pagar los aumentos de la medicina prepaga, porque tensa hasta dónde aplica el Gobierno su discurso progre y hasta dónde deja a los consumidores a solas con los mastines. Y sí podrían ponerse acentos en la tragedia que viven los pobladores del Chaco afectados por la sequía, y antes que eso por la tala indiscriminada. Pero también se trata de paisajes habituales. En uno porque es la conocida retórica contestataria del kirchnerismo; y en otro porque es la tragedia de los marginados eternos, que sólo aparecen en los medios como artilugio sensiblero.

En cambio, abordar la problemática del aborto, y meterse con las decenas de miles de pobres operadas de forma clandestina y mugrienta, y de las pobres muertas en esas operaciones, y de la hipocresía descomunal de los curas, y de la batalla ideológica ya mismo con los herederos de la Inquisición, contornea un panorama en el que se siente estar abordando algo verdaderamente estructural, presente, urgente y solucionable –al revés de la pobreza y la marginación endémicas– de un modo expeditivo. Las pibas de Mendoza y Guernica son la prueba de que no hay lobby ni amenazas que valgan cuando surge una voluntad con la suficiente fuerza contraria.

El punto de cuándo empieza la vida, de si un embrión es un ser y de a partir de qué instancia podría definírselo como tal, implica consideraciones científicas y filosóficas que exceden o podrían exceder la capacidad de estas líneas. Pero además, no es ésa la intención. Porque un debate vale cuando lo rige la honestidad intelectual, y éste no es el caso. En consecuencia, lo primero que debe hacerse es quitar la paja del trigo para recién después inmiscuirse en otras profundidades.

Los casos de estas pibas fueron una afrenta legal que horroriza, al estar perfectamente tipificado que procedía la interrupción del embarazo sin temer a la incursión en delito alguno. Sin embargo, peor que eso es el grado de autoridad moral de uno de los actores institucionales intervinientes en el debate. Que en realidad no fue debate, sino la lucha de/en los estrados judiciales y la comprensión o conciencia colectivas contra una manga de cavernícolas desaforados que en el nombre de Dios no sólo no atienden razón alguna sino que, como producto de su dogmatismo enfermizo, demostraron estar dispuestos a atravesar el límite del respeto a la vida. No la vida de un feto: la vida concreta de un par de adolescentes ultrajadas, y la de sus familias.

Es lamentable, pero parece necesario insistir con ciertos señalamientos elementales. O quizá no sea tan lamentable porque, gracias a que estas razones se hacen carne en cada vez más gente, debido a su obviedad escandalosa, fue y es que se les puede ganar la guerra a los monstruos. ¿Desde dónde pueden hablar de la vida y de los “inocentes” estos príncipes ensotanados que justificaron al fascismo toda vez que les fue menester? ¿Cuándo emitieron documento alguno condenando a la espeluznante cantidad de sus violadores de menores? ¿Por qué el padre Grassi no les despierta ímpetu acusatorio? Si no quieren aborto, ni forros, ni planificación familiar, ni leyes de procreación responsable, ni ligadura de trompas, ni vasectomía, ni acabar afuera, ni masturbaciones, ni sexo sin amor, ni terminar con el celibato, ¿cuál es el problema de que se refugien en sus catacumbas sin joder a nadie, y felices con el cielo que les espera? ¿Les interesa la defensa de la vida o les importa la defensa de intereses que podrían irse al mismísimo diablo si la extorsión de la culpa dejase de existir? ¿No hacen abortos asépticos y bien pagados en las clínicas de su propiedad y de la clase social que protegen? ¿La ignorancia no es el mejor negocio para asegurarse la clientela? ¿La pobreza no les es funcional? ¿La prédica del sufrimiento no es lo que les garantiza la supervivencia? Si a los oídos del monseñor llega el caso de una adolescente violada y retardada pero de buena familia, ¿el monseñor le tira los perros a la Justicia? ¿Cómo es el Dios ese que grita o calla según las condiciones de riqueza?

Nuevamente: separemos la paja –perdón– del trigo. Bienvenidos el “debate” y la victoria contra estos canallas. Suena feo, muy feo, porque lo que medió fueron tragedias personales y familiares. Pero la sensibilidad y el análisis frío no siempre quedan de la mano. Las pibas de Mendoza y de Guernica fueron un drama y una esperanza.

El drama no hace falta explicarlo. La esperanza sí, un poquito. Sus tragedias terminaron de la mejor manera posible. Y sirvieron para avanzar un paso de frente a un debate sin comillas, en el que puedan quedar afuera los que, por ausencia absoluta de entidad moral, no deben participar nunca más. Más que para ratificar que son el enemigo.

El Grupo Estrategias por el Derecho al aborto estará todos los martes de 18 a 20 en la esquina de la confitería del Molino, frente al Congreso, Rivadavia y Callao.
En el barrio de Belgrano, Cabildo y Juramento, los sábados la mediodía habrá una mesa para juntar firmas.

MIERCOLES 28 DE SETIEMBRE
GRAN FESTIVAL DE MUSICA POPULAR
EN PLAZA HOUSSAY ( Avda. Córdoba entre Junín y Uriburu)
DE 17 A 20 hs
EN EL DÍA DE ACCIÓN POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CONDUCCIÓN : LILIANA DAUNES

Actúan: Silvia Palumbo, Lesbianbanda, Q´acelga, TU EX, Bad Sundays, María
Vives, Ciudadvitecos, Patricia Pietrafiesa y varias Murgas…
CIERRE: TERESA PARODI

Contactos para la prensa:
15 5885 3333 – 15 4972 8668 - 15 5468 2416 - 15 5374 8008
estrategias_aborto@yahoo.com.ar

SOCIEDAD

CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

Domingo, 27 de Agosto de 2006

LA HISTORIA DE COMO SE HIZO EL ABORTO A LA JOVEN VIOLADA

La campaña por L. M. R.

Estela Díaz, de la CTA, explica cómo se dio contención a la familia, cómo se ubicó un médico que aceptara hacer la intervención y cómo se reunieron los cinco mil pesos que costó. Una verdadera red de apoyo para remediar “una injusticia”.

Por Mariana Carvajal

Por tres semanas, Estela Díaz dejó de lado todas sus actividades personales y laborales para acompañar a la familia de L. M. R. “La ayudamos a que pueda hacer efectivo el ejercicio de un derecho”, dice la secretaria de Género de la CTA sobre el trabajo que se hizo desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Fue en apoyo a la adolescente discapacitada mental de Guernica, para que finalmente pudiera interrumpir el embarazo producto de una violación, en el marco del artículo 86 inciso 2º del Código Penal. En una entrevista con Página/12, esta militante feminista y dirigente gremial reveló las dificultades que tuvieron para conseguir un profesional que hiciera la intervención a pesar de que contaba con el aval de la Suprema Corte bonaerense. “Hubo médicos que nos dijeron que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar, por el grado de exposición pública que había tenido el caso”, señaló.

Estela Díaz no actuó sola: se movió en articulación con alrededor de un centenar de personas de todo el país que colaboraron en la búsqueda, todas ellas integrantes de organizaciones de mujeres y sociales que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzada hace más de un año y a la que ya han adherido el ministro de Salud Ginés González García, Cipe Lincovsky, Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, Teresa Parodi, Attaque 77, Kevin Johanssen, Adrián Paenza, Felipe Pigna, Eva Giberti, Soledad Villamil, Soledad Silveyra, Julio Bocca y muchísimas personalidades más del mundo de la cultura, político, social y estudiantil.

“Después del caso de L. M. R. y el de la joven mendocina, quedó clara la imperiosa necesidad de que las autoridades sanitarias reglamenten el acceso a los abortos no punibles previstos por la ley”, consideró la dirigente de la Central de los Trabajadores Argentinos. Con ese reclamo –entre otros– las entidades que forman parte de la Campaña Nacional se concentrarán mañana a partir de las 11 frente a los ministerios de Salud de cada provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

La interrupción del embarazo a la adolescente de Guernica costó 5000 pesos que se cubrieron con dinero recaudado en el movimiento de mujeres, con aportes voluntarios individuales llegados de distintos puntos del país. Estela Díaz se encargó de acompañar personalmente a la familia de la jovencita a la clínica privada donde se llevó a cabo el procedimiento, cuya dirección es un secreto. “El médico aceptó con la condición de que nunca se dé a conocer ni su nombre ni la provincia donde está la clínica donde la atendió”, apuntó y cuestionó la actitud de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica que hicieron lo posible por impedir el aborto tanto en el caso de L. M. R. como en el de Mendoza. “Esas posiciones fundamentalistas no hacen otra cosa que expresar intolerancia. Terminan protegiendo a los violadores como han hecho con los curas abusadores que son apañados y no reciben condena dentro de la misma Iglesia.”

–¿Por qué se acercaron a la familia de L. M. R.?

–Mientras el caso estuvo en la Justicia desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto no tuvimos contacto con la familia. Una vez que falló la Suprema Corte bonaerense avalando el aborto suponíamos que se iba a hacer efectiva la interrupción del embarazo, como ocurrió en junio de 2005 con un pedido de aborto terapéutico que también fue autorizado por el mismo tribunal de la provincia. Pero cuando el Hospital San Martín se negó a hacerlo y esta negativa fue avalada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, resolvimos que era necesario conocer qué quería hacer la mamá, si quería seguir adelante con el embarazo o persistía en su decisión de interrumpirlo. Es ahí cuando nos acercamos a Vicenta y nos manifiesta su enojo y amargura. Ella y su otra hija, Verónica, estaban convencidas de que el Comité de Bioética las habían engañado, que les habían mentido para impedir que L. M. R. pudiera cumplir con el derecho que tenía de abortar. Incluso, tenían dudas sobre el tiempo de gestación del embarazo que les habían dicho. Entonces la acompañamos a hacer otra ecografía. Se la hicieron el 10 de agosto y demostró que recién en esa fecha, y no el 2 de agosto, estaba de 20 semanas. Con esa información y la decisión firme de Vicenta de interrumpir el embarazo de su hija, decidimos que íbamos a tratar de ayudarla para que la chica pudiera acceder a su derecho.

–¿Qué puede decir ahora de la decisión del Comité de Bioética del Hospital San Martín que alegó que no se podía interrumpir ese embarazo?

–Quedó claro que cedió a presiones y en realidad hubo una objeción de conciencia encubierta de toda la institución. La vida de L. M. R. no corría peligro como se demostró. Ella salió caminando de la clínica y volvió a sonreír. Pero hay que decir que fueron muy preocupantes las declaraciones que hizo el ministro de Salud, Claudio Mate, en un reportaje que publicó Página/12 donde dijo que no podía garantizar que un médico que practicara un aborto no punible no fuera criminalizado. El es quién debe garantizar que se pueda acceder a ese derecho y que la ley se cumpla. Por eso es fundamental que en cada provincia se reglamente el acceso a los abortos legales previstos en el Código Penal, para que los casos de Mendoza y Buenos Aires no se repitan.

–¿Qué debería incluir esa reglamentación?

–Debe ser muy clara. Ya lo dijeron la corte bonaerense y la de Mendoza: en estos casos no es necesaria una autorización judicial. Se debe respetar la decisión de la persona que pide el aborto no punible. Para esto no es necesaria la reforma de ninguna ley. Si una institución no accede a realizarlo debe ser sancionada por abandono de persona. En Perú, a partir del caso de Karen, una mujer con un feto anencefálico a la que no se le permitió abortar, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a ese país a reglamentar los abortos no punibles.

–¿Cómo fue la búsqueda de un médico que aceptara interrumpir el embarazo de L. M. R.?

–Fue dificilísima. Con todas las organizaciones que integran la Campaña Nacional empezamos a buscar uno en todo el país, en el sistema público y en el privado. También extendimos la búsqueda a países limítrofes y evaluamos la posibilidad de ir a España, donde una clínica se había ofrecido a hacerle el aborto gratuitamente y pagándole el pasaje a ella y a un acompañante. Pero para salir del país L. M. R., además de pasaporte (que no tenía), requería la autorización del padre, a quien no ve desde hace más de diez años. Alrededor de cien personas se movieron y cada vez se nos iban cerrando más puertas. Teníamos claro que la búsqueda la teníamos que hacer con cautela, en silencio, porque eran muy fuertes las presiones para que no se concretara. Hubo médicos que nos decían que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar por el grado de exposición pública que había tenido caso. Otros, muy pocos, se ofrecían pero no tenían dónde realizarlo. En un hospital público de una provincia que tenía antecedentes de haber realizado un aborto en un caso similar no quisieron hacerlo. Buscamos en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Hablamos con secretarios y directores de Salud y hasta con intendentes. Al final, un médico se ofreció con la condición de mantener su nombre y el lugar donde se iba a hacer bajo absoluta reserva. Y brindó un servicio de excelente calidad. Fue un triunfo en el sentido de que se hizo efectivo el ejercicio de un derecho. Lamentablemente con un costo tan alto para la familia de L. M. R.

–¿Le sorprendió la dificultad que enfrentaron para encontrar un médico?

–De alguna forma si. Los médicos se han corrido de su lugar y deberían involucrarse en este debate de otra manera.

–Los médicos del San Martín alegaron que por lo avanzado de la gestación de L. M. R. ya no se podía hablar de aborto. ¿Qué puede decir al respecto?

–En primer lugar no estaba tan avanzado como ellos decían. Pero la interrupción de un embarazo hasta la vigésimo segunda semana es aborto porque el feto es no viable. Esto es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y coincide con la posición del Comité de Etica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

–¿Qué rescata del caso?

–La actitud de Vicenta, la madre: cuánta dignidad en la defensa del derecho de su hija. Y cómo le cambió la cara a esa chica la interrupción del embarazo. Esa nena no levantaba la cabeza, no hablaba, y después volvió a reírse, a estar alegre, a contestar. Eso también es dignidad.

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SOCIEDAD

LEGISLACIÓN

Quieren dictar educación sexual desde el preescolar

Domingo 27 de Agosto de 2006

El gobierno porteño avanza para aplicarla desde marzo

Mientras que el proyecto de educación sexual avanza en la Legislatura porteña y se espera que sea convertido en ley en octubre, el gobierno de la ciudad trabaja para ponerlo en marcha, en las escuelas, en marzo próximo.

La intención del gobierno de Jorge Telerman es impartir los contenidos de educación sexual a partir del preescolar, el primer paso de la escolaridad obligatoria, y extender la enseñanza progresivamente a los años posteriores, de acuerdo con las distintas etapas de desarrollo de los niños.

Así lo anticipó a LA NACION el ministro de Educación de la Ciudad, Alberto Sileoni. “En el nivel inicial habrá una presencia clara del cuidado y descubrimiento del cuerpo, y habrá, también, otro eje temático sobre la construcción de la identidad”, adelantó el funcionario.

“Hay temas que recorrerán todos los niveles educativos, como los casos de maltrato y abuso, en colaboración con la familia y de acuerdo con la madurez de los pibes en cada momento”, explicó Sileoni, que ya discute con especialistas y distintas áreas del gobierno la elaboración de cinco cuadernillos, uno para nivel inicial y dos para primaria y secundaria, respectivamente.

A todo esto, el borrador que los distintos bloques discuten en la Comisión de Educación de la Legislatura señala que la Ciudad “asume la responsabilidad de garantizar el derecho a recibir educación sexual integral en los distintos niveles del sistema educativo público de gestión estatal y privada, teniendo en cuenta las distintas etapas de desarrollo de sus destinatarios”.

Mientras tanto, sigue su curso en el Congreso de la Nación un proyecto, que ya fue aprobado en Diputados con un amplio consenso, que propone la creación de un Plan Nacional de Educación Sexual en escuelas públicas y privadas de todo el país, y establece la edad de cinco años como mínima para empezar a recibir instrucción en esta materia (ver aparte).

“El gobierno porteño está trabajando con psicólogos, pedagogos y antropólogos, entre otros especialistas, para ver los límites del Estado, en qué no se debe meter y qué debe proveer. Hicimos un registro del buen material que está circulando y estamos recopilando experiencias internacionales”, dijo a LA NACION el ministro de Educación porteño, Alberto Sileoni.

En varias materias

El borrador que discute la Comisión de Educación, que preside el macrista Marcos Peña, establece que los contenidos serán curriculares, graduales, transversales y obligatorios. La transversalidad implica que no será una asignatura nueva, sino que se impartirá dentro de áreas curriculares y materias existentes.

“La cuestión de la transversalidad hay que vigilarla para que no suceda que, por no ser una materia específica, nadie se termine haciendo cargo de dictar el tema. Hay un piso mínimo de contenidos que deberá ser dado. Habrá cartillas y cuadernillos para los docentes y los alumnos”, explicó Sileoni.

Al ser de dictado obligatorio, ¿se evaluarán los contenidos?, preguntó LA NACION. “Si está dentro de la materia el contenido será evaluable. Aunque hay temas que son más difíciles para pensar en una forma de evaluación, por ejemplo, el tema del respeto al propio cuerpo. Pero en este caso tal vez se pueda recurrir al análisis de un artículo de un periódico u otros textos que permitan evaluar este contenido dentro de la materia en que se dicte”, precisó el funcionario de Telerman.

En cuanto al nivel primario, se está pensando en incluir los contenidos en un área definida como “conocimiento del mundo”, que incluye los temas de sociedades y culturas, y donde se tratan cuestiones referidas a los derechos humanos. También se impartirán en el área de ciencias naturales.

En el secundario, la educación sexual estará presente en ciencias naturales y formación ética y ciudadana. “Hay consenso en que se trata de una temática integral y que abarcará varias áreas”, explicó Sileoni.

Pese a la intención del gobierno de Telerman de comenzar a dictarla en el preescolar, aún no se acordó en la Legislatura a partir de qué edad debe impartirse educación sexual. La Comisión de Educación se propone compatibilizar las posturas de los diez proyectos que existen en la Legislatura. La mayoría de ellos coincide en que debe impartirse desde preescolar.

Pero no todos están de acuerdo. El legislador Jorge Enríquez considera que debe ser a partir de 7° grado. “Hasta la pubertad, los niños no están preparados para recibir educación sexual”, consideró.

Capacitación docente

La legisladora kirchnerista Ana Suppa observó que “no está suficientemente claro que deben ser capacitados todos los docentes, no sólo los de biología”, según comentó a LA NACION.

El ministro Sileoni ya se reunió con supervisores y directores de institutos de formación docente para presentarles la agenda y metodología de trabajo a seguir. La idea es que para marzo estén capacitados, por lo menos, los docentes de las asignaturas en las que se incluirá educación sexual.

Además, Sileoni se reunió la semana pasada con los gremios docentes. Francisco Nenna, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), expresó: “Para nosotros es necesario que la Legislatura llegue a un consenso que permita dictar contenidos desde el nivel inicial y no sea una materia específica”.

Por Laura Casanovas

De la Redacción de LA NACION

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Villalba y Bergoglio, durante la reunión episcopal
Foto: Luis Paz

La Iglesia seguirá el debate educativo
Presentará nuevos aportes a Filmus
El Episcopado, presidido por el cardenal Jorge Bergoglio, anunció que seguirá sumando aportes “superadores” al proyecto de ley de educación que el gobierno nacional prometió enviar a fines de octubre al Congreso Nacional.
Los obispos que integran la comisión permanente terminaron ayer al mediodía su segunda reunión anual, encabezada por Bergoglio y el arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, luego de haber recibido un informe de la Comisión de Educación Católica, que conduce el arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Guillermo Garlatti.
Según fuentes de ese organismo, los prelados decidieron “seguir aportando ideas al proyecto del Poder Ejecutivo, que sean coincidentes y superadoras” para hacer que “la nueva ley sea un bien nacional”.
A través de la citada comisión, el Episcopado viene siguiendo de cerca el proceso de consulta sobre la nueva ley que abrió el Gobierno. Por eso, ya entregó al ministro de Educación, Daniel Filmus, tres documentos con los aportes que colegios e instituciones católicas hicieron al proyecto oficial.

Al entregar los aportes, Garlatti dijo que tanto la comisión episcopal como el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) van a “brindar el apoyo y la colaboración necesaria para lograr una ley que favorezca una educación de calidad para todos los ciudadanos”.
La Iglesia teme que la nueva norma deseche los principios básicos de la actual ley federal de educación y altere el respeto a la libertad de enseñanza y el papel subsidiario del Estado. El sábado último, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, expresó su preocupación por el debate educativo y criticó las “definiciones de familia” incluidas en los “núcleos de aprendizajes prioritarios” que el Ministerio de Educación envía a las escuelas.
Finalizada ayer la reunión del Episcopado, la Comisión de Educación Católica seguía reunida anoche para designar al nuevo presidente del Consudec. El anterior, el padre Hugo Salaberry, asumió el lunes último como obispo de Azul.
Además, los obispos emitieron una declaración al cumplirse el próximo 4 de noviembre 140 años de la ordenación sacerdotal del cura José Brochero. Pidieron por su “pronta beatificación” e invitaron a todas las comunidades a rezar por el aumento de las vocaciones religiosas.

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