Observatorio Ateo de Argentina

SOCIEDAD
SANTIAGO DEL ESTERO - MAR DEL PLATA
ABUSOS SEXUALES - TRAFICO DE BEBES
BASEOTTO Y LAS PRÁCTICAS DURANTE LA DICTADURA
Y SIGUEN LAS AMENAZAS
LA VIDA QUE LA IGLESIA IGNORA
Viernes, 25 de Agosto de 2006
La Iglesia argentina, a través de la Conferencia Episcopal, sumó su voz al caso de la joven mendocina discapacitada justo cuando la Justicia había cerrado la polémica.
Una voz muda frente a otras acusaciones que implican directamente a la institución: los abusos sexuales en colegios y hogares católicos y la venta de niños y niñas en Santiago del Estero. ¿De qué habla este silencio?

El dedo en alto
Ana Rosa Gazzoli tiene 68 años, cinco hijos, veinte nietos, nueve bisnietos y desde hace 25 años cuida a C., su hija menor, que tiene la edad mental de una chica de 4. El cuerpo de Ana Rosa no necesita hablar para contar la palabra sacrificio. Ana Rosa tiene la autoridad que da levantarse y acostarse cuidando a una hija (con oligofrenia, síndrome de Lennox-Gastaut y epilepsia) que nunca puede ni podrá cuidarse sola, que no se baña, ni come, ni habla, ni sale a la puerta sin la ayuda de su mamá. A Ana Rosa no le van a venir a enseñar de la palabra vida. Por eso, fue ella la que levantó el dedo cuando le fueron a levantar el suyo las militantes de la organización no gubernamental (de médicos católicos) Vitam.

–Nosotras queremos ayudarla –le dijo la activista católica Sonia Cano.

–Ustedes no me ayudan, sino todo lo contrario –contestó Ana Rosa que, con un Cristo cerquita del pecho, puso el cuerpo a la exposición pública –por primera vez en la Argentina– y levantó el dedo para decir que su hija se iba a realizar un aborto cueste lo que cueste. “Me pedían que parara el aborto y hasta me ofrecieron adoptar al niño”, se indignó Ana Rosa.

Sin embargo, y más allá del claro derecho de C. a realizarse el aborto, el ofrecimiento no es caritativo ni necesario. En la Argentina no faltan familias dispuestas a adoptar. En cambio, sí hay religiosos directamente involucrados en el negocio de la venta de bebés. Por eso, sorprende que la embestida antiaborto de los sectores católicos no solamente desconozca las sentencias de la Suprema Corte de Mendoza (como ya lo hizo con el máximo tribunal bonaerense en el caso de L. M. R.) sino que llegue tan lejos con la prédica antiaborto como no lo hace –ni en esbozos– con la defensa al derecho de la maternidad de las mujeres más vulnerables de la Argentina.

La Iglesia se opone al aborto en defensa –según sus palabras– del derecho a la vida. Sin embargo, no se pronuncia sobre las denuncias que involucran directamente a religiosos en el negocio del tráfico de chicos en Santiago del Estero, un delito que afecta, directamente, la vida de los chicos y sus familias. Aunque la Iglesia no alza la voz para defender a las madres obligadas –a veces por la pobreza, a veces por la violencia– a dar o vender a sus hijos, ni investiga o busca esclarecer si hay religiosos que ven en los pobres una máquina de producir hijos. Una máquina que da ganancias.

No al aborto,¿si al negocio?
“La Iglesia participó del negocio en forma directa”, acusa el periodista Aldo Sanagua, desde Añatuya, Santiago del Estero. El 16 de agosto pasado, Aldo se levantó con su casa baleada –en un pueblo en el que nadie bosteza sin que el bostezo haga eco– después de tratar que se exhiba la película Nordeste, de Juan Solanas, sobre la triangulación entre europeos en busca de bebés de las zonas más humildes de la Argentina. “Dejate de joder con el tráfico de chicos”, lo amenazaron. El sigue diciendo: “Es difícil sacar un bebe en Añatuya sin el consentimiento de los curas y menos en la cantidad que lo hicieron. Se calcula que desde hace cuarenta años se han vendido alrededor de 30 mil bebés, según una auditoría al juzgado de Añatuya del 2002. A veces sacaban a los bebés de forma legal y otras de manera ilegal, total, quién va a investigar a los curas con semejante poder que tienen”.

Un dato paradigmático es que uno de los cruzados antiaborto es Antonio Baseotto acusado de estar involucrado en la venta de bebés. ¿Quién defiende a quién? Baseotto, ex obispo de Añatuya, perdió su cargo de vicario castrense cuando expresó que al ministro de Salud, Ginés González García, había que tirarlo al mar por su postura a favor de despenalizar el aborto. ¿Hasta qué punto Baseotto legitimó o participó del delito de privar a las madres pobres del derecho de criar a sus hijos?

“El era el obispo y en Añatuya nada se movía sin la autorización del obispo”, asegura Sanagua. Julio Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, que denunció judicialmente el tráfico de chicos, describe la acusación contra el ex vicario castrense: “Tenemos videos con testimonios de personas que acusan a Baseotto de haber ejercido presión para que se produzca la entrega de bebés”.

El 23 de agosto, la Conferencia Episcopal Argentina declaró en un comunicado: “En estos días se ha reavivado la polémica sobre la despenalización del aborto con motivo de casos muy dolorosos. Lo trágico de estas situaciones no puede hacernos olvidar que podemos asesinar a un inocente”. En esta línea filosófica, ¿los chicos arrancados ilegalmente de su mamá, papá y hermanos biológicos sin el derecho –ni siquiera– a que se resguarde el derecho a su identidad –como marca la ley de adopción– no son inocentes? ¿No merecen pronunciamiento los casos denunciados en Añatuya?

La Iglesia va más allá en su comunicado: “Muchas veces se nos quiere hacer aparecer como retrógrados o fundamentalistas ante el tema del aborto. Se acepta y valora el trabajo de la Iglesia en favor de los pobres, pero se nos descalifica cuando defendemos el derecho a la vida. No sembremos la cultura de la muerte en nuestra sociedad. Por el contrario, sembremos la esperanza y la alegría que provienen del amor de Dios por sus criaturas”.

No todos creen que todo el trabajo de la Iglesia sea a favor de todos los y las pobres. “A pesar de que el 10 de octubre del 2005 le efectuamos una presentación escrita a monseñor (Jorge) Bergoglio, con copia de la denuncia penal que involucraba a miembros de la Iglesia de Añatuya, jamás nos respondieron, ni mantuvieron ningún tipo de contacto con nosotros”, expone el silencio Julio Ruiz. Tampoco Sanagua confía en que la venta de bebés se haya traspapelado de la agenda eclesiástica. El acusa: “La Iglesia argentina fue cómplice de esto porque para sacar la cantidad de chicos que sacan sin que nadie diga nada se necesita una gran estructura y mucha luz verde de los principales poderes religiosos de la Argentina. Por eso, nunca hubo una investigación o una homilía condenando el tráfico de bebés”.

De espaldas al abuso
Nuestra Señora del Camino es el nombre del colegio religioso de Mar del Plata en donde se denunciaron –en octubre del 2002– más de 39 casos de abusos sexuales (aunque sólo 13 llegaron a juicio) de chicos de entre 3 y 4 años. El 28 de marzo de este año la Justicia marplatense absolvió al principal acusado –el profesor Fernando Melo Pacheco– y el caso se convirtió en una causa emblemática de los que luchan contra la impunidad frente a los abusos sexuales. La psicóloga Patricia Gordon, especialista en abuso sexual, fue terapeuta de siete chicos y acusa: “Este fallo es considerado aberrante, porque ignora la voz de los niños y de profesionales idóneos que, basados en pruebas científicas y en un minucioso análisis de los relatos de los niños, llegaron a la conclusión de que el abuso ocurrió”.

¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia en lo que sucedía en el colegio religioso? “Los niños no nombraron solamente al profesor, sino también al cura y casi todos los relatos hablan de un fotógrafo del colegio”, detalla la psicóloga. Por eso, ella advierte: “El fallo de Mar del Plata es la antesala del juicio al padre Grassi, otro ejemplo de que el mundo de los poderosos pareciera pretender decirnos que la sexualidad de nuestros niños puede ser violentada impunemente y ser objeto de prácticas perversas”.

El caso Grassi es un ejemplo de la indiferencia de la jerarquía católica ante un proceso polémico y mediático en el que un testigo –Luis Gutiérrez– propuesto para defender al sacerdote terminó contando cómo el cura “lo metió en su cama, lo desnudó, lo puso boca abajo y se montó sobre él jadeante y haciendo movimientos sexuales”, según describió Miguel Jorquera en Página/12.

M. es una de las mamás que denunció el abuso sexual de su hijos en el jardín de infantes Nuestra Señora del Camino y es una de las que –con máscaras, para preservar la identidad de los chicos– decidió manifestarse en la Catedral de Mar del Plata. Pero de espaldas. “Les damos la espalda porque es lo que nos hicieron a nosotros. Desde un primer momento la Iglesia nos dio la espalda, jamás propuso una misa por nuestros hijos”, le contó M. a Las 12. “También el párroco tuvo una actitud distante para con nosotros y nunca quiso contenernos. La Iglesia ni siquiera tomó una posición neutra. Por ejemplo, el obispado de Mar del Plata puso peritos especializados a favor de Melo Pacheco. El ex obispo José María Arancedo nos dio dos reuniones –porque nosotros se las pedimos– en la cual dijo que un abuso no significaba tanto y que él no tenía la autoridad suficiente para separar a los docentes de sus cargos, mientras que el obispo actual, Juan Alberto Puiggari, nos dijo que no estaba al tanto de nuestra situación y nuevamente nos cerró las puertas”.

“Sí a la despenalización del aborto en algunos casos”
Por Jose Guillermo “Quito” Mariani *
En el caso de la joven mendocina, la ley tiene un fundamento suficiente como para que se elija por la vida de la madre. Teóricamente al aborto hay que tomarlo como un delito en contra de la vida, pero en perspectiva hay que interpretarlo como el mal menor. Por eso, yo estoy a favor de la despenalización del aborto en algunos casos, como éste, en el que existe una situación de injusticia.

Hay que ponerse en los zapatos del otro y no exagerar en la subordinación a lo que se decide desde la cúpula. Hay muchos que tienen una actitud muy severa con este tema y que no levantaron la voz cuando se pensaba que se purificaba la sociedad torturando y matando. Pero, por ahora, la Iglesia no presenta actitudes que hablen de una actualización de sus integrantes.

* Sacerdote de 79 años. Escribió el libro Sin Tapujos (en donde relató experiencias amorosas de su juventud) y se enfrentó con el Arzobispado de Córdoba.

“Sólo son posturas ideológicas medievales”
Por Marta Alanis *
La Iglesia somos todas y todos. La jerarquía son sólo unos cuantos que por dignidad debieran investigar los crímenes cometidos por su propio clero. En EE.UU. muchas iglesias católicas tuvieron que ser vendidas para pagar las deudas por juicios contra curas violadores y abusadores.

Más allá del abuso, la Iglesia debería reconciliarse con la sexualidad y tomarla como un don de Dios. La jerarquía católica tan masculina y misógina, que predica la defensa de la vida del embrión de manera absoluta, está condenando, en el fondo, el placer. Por supuesto, nosotras reivindicamos una sexualidad libre de coerción y violencia y queremos que la maternidad sea voluntaria y amorosa, no sólo una casualidad biológica.

Por otro lado, ellos saben de la necesidad y derechos que tiene la gente de tener fe y creencias y abusan con la utilización del poder simbólico de la religión para condicionar la vida sexual de todas las personas y especialmente de las mujeres. Nosotras, como católicas por el derecho a decidir, trabajamos para hacer el cielo en la Tierra y generar cada día más espacios de justicia y equidad para cada una de las mujeres y no prestamos tanta atención a discursos que pretenden ser dogmas inapelables y sólo son posturas ideológicas medievales.

* Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba.

www.pagina12.com.ar

SOCIEDAD/ DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

¿Qué es la Salud Sexual y Reproductiva?

La salud sexual y reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo al aparato genital y sus funciones. Va mucho más allá de la ausencia de enfermedades; consiste en la posibilidad de llevar una vida sexual satisfactoria. Por otra parte, va mucho más allá de la planificación familiar al considerar los distintos factores que determinan los comportamientos sexuales, tales como las relaciones de poder entre los géneros o el papel de las instituciones en las estrategias de reproducción.
La Declaración de Buenos Aires sobre Salud Sexual y Reproductiva afirma que los programas de información destinados a mejorar los niveles de salud de las mujeres y sus familias han quedado relegados a pesar de que la Argentina se ha comprometido mediante distintos acuerdos internacionales a que todas las parejas tendrían libre acceso a los métodos anticonceptivos.
Algunos de los puntos más importantes de esta declaración son:
- El derecho a la salud sexual y reproductiva como componente de la salud general a lo largo de la vida.
- El derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación, que incluye la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y espaciamiento de los hijos.
- El derecho a condiciones de igualdad y equidad de varones y mujeres, para el ejercicio de opciones libres de discriminación por motivos de género.
- El derecho a la seguridad sexual y reproductiva, es decir a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad.
De la misma manera, estos derechos se encuentran respaldados por el artículo 75 de la Constitución Nacional que asegura la protección de la madre durante el embarazo, así como también, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a servicios de atención médica.
Fuente: Instituto Social y Político de la Mujer
http://www.ispm.org.ar/ddssrr/index.htm

HARAN EN LA PROVINCIA UN MUESTREO SOBRE EL ABORTO
“Para conocer más del problema”
Por Pedro Lipcovich - Página 12
11/8/06
El Ministerio de Salud bonaerense planea hacer una encuesta –bajo rigurosametodología de investigación– para aproximarse al gran dato ignorado:cuántos abortos se efectúan realmente cada año.
Según Claudio Mate, ministrodel área, los resultados tendrían una doble utilidad: por un lado, servirían para “saber mejor en qué lugares hay que focalizar los programas de saludreproductiva para reducir la cantidad de abortos”; por otro, “permitiríaconocer la magnitud del problema que enfrentamos cuando discutimos la actualcriminalización del aborto”.
En los hospitales públicos bonaerenses seefectúan unas 21.000 consultas al año como consecuencia de complicacionesposaborto, con 20 muertes anuales por esa misma causa.
El año pasado, 226 delas consultas fueron efectuadas por niñas de 10 a 15 años.
“Hace tres años, desde la Subsecretaría de Adicciones de la provincia,hicimos un estudio sobre uso de drogas ilegales que abarcó 4800 hogares:para el muestreo, la preparación del cuestionario y el diálogo con losentrevistados utilizamos criterios muy rigurosos, al punto de que esainvestigación quedó como referencia hacia dentro y fuera del país –recordóClaudio Mate, ministro de Salud bonaerense–: bueno, al mismo equipo deinvestigación que efectuó ese estudio lo consulté sobre si es posible unaencuesta similar respecto del aborto, garantizando condiciones de privacidady anonimato, y me contestaron que sí.”

El muestreo permitiría “obtener, para toda la población femenina en edadfértil, información acerca de si alguna vez se hizo un aborto, en quémomento de su vida, en qué etapa del embarazo y si efectuó alguno en elúltimo año”, detalló Mate, y señaló que “estos datos, por una parte,contribuirán a una sintonía fina en los programas de procreación responsabley salud reproductiva que, en la provincia, abarcan ya a medio millón demujeres que reciben consejería y, si ellas así lo deciden, dispositivosanticonceptivos: la información permitiría saber en qué lugares hay queasignar más esfuerzos para reducir la cantidad de abortos”.

Y, “por otra parte, el estudio permitiría conocer con alguna precisión cuáles la magnitud del problema que enfrentamos cuando discutimos la cuestióndel aborto. Sabemos que en los hospitales bonaerenses mueren 20 mujeres poraño a causa de complicaciones del aborto criminalizado. Yo estimo que,levantando la criminalización, evitaríamos esas 20 muertes maternas y lacantidad de abortos no aumentaría –sostuvo el ministro–. En todo caso, laencuesta nos permitiría incorporar cifras ciertas a este debate”.

Entretanto, “los únicos datos que tenemos sobre abortos se refieren a losque terminan en los hospitales públicos –observó Claudio Mate, ministro deSalud bonaerense–: en la provincia de Buenos Aires, se registran entre 30 y35 mil por año: a veces, la interrupción del embarazo obedece a razonesterapéuticas, pero en muchos casos, estimados en alrededor del 60 por cientodel total, se trata de abortos efectuados o iniciados en ámbitosextrahospitalarios. De hecho, hoy por hoy muchas chicas en barriadas delconurbano saben cómo empezar el aborto (el ministro se refiere a recursosfarmacológicos) y van al hospital con el propósito de concluirlo encondiciones más seguras”.

El 40 por ciento de los abortos que llegan a hospitales públicos bonaerensescorresponde a chicas menores de 24 años.
Y, el año pasado, hubo 226 casos en niñas de entre diez y 15 años de edad.

SALUD UN HOSPITAL RECIBIO ANOCHE UNA AMENAZA DE BOMBA
Mendoza: intimidan a médicos, jueces y funcionarios públicos

Rafaél Morán
La irritación ganó terreno entre los sectores contrarios al aborto de la chica discapacitada, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que autorizó la operación, y ahora son amenazados médicos, jueces y funcionarios públicos.
Anoche, incluso, autoridades del hospital Luis Lagomaggiore, donde podría realizarse el aborto, recibieron una amenaza de bomba en el establecimiento.
Un grupo de diez policías de la Brigada de Explosivos de la Policía mendocina revisaba el hospital, entrada la noche, para constatar la existencia de explosivos en el lugar o si se trataba de una falsa alarma.
Las amenazas habían obligado a las autoridades del hospital a pedir refuerzo policial.
En la central telefónica recibieron 8 llamadas intimidatorias, con insultos y otras agresiones, según el coordinador general de seguridad del hospital, Roberto Candio. “Eran voces anónimas, de hombres y de mujeres”, dijo Candio.
Esas y otras advertencias se hicieron habituales después que la Corte resolvió que “está firme y ejecutable” la sentencia del juez de Familia Germán Ferrer, quien había fundado su decisión en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal.
Este apartado autoriza el aborto cuando “proviene de una violación cometida sobre una mujer idiota o demente”.El vocero del arzobispado, padre Sergio Buenaventura, salió a calmar a los descontentos al decir que algunos grupos “se manifiestan un poco exageradamente y exacerban los ánimos”.
La chica a la que se le practicará el aborto en las próximas horas —no se sabe aún en qué hospital— tiene 25 años, retraso mental severo y un embarazo de 12 semanas. También padece de convulsiones, para los que toma medicación.
A su vez, el fármaco puede generar malformaciones y cardiopatías y daños irreversibles en la futura médula del embrión.La madre de la joven hizo la denuncia policial por la violación, y reclamó que se le practicara un aborto porque corre peligro la vida de su hija.
El caso tuvo idas y vueltas hasta que la Organización no Gubernamental (ONG) VITAM interpuso un recurso de amparo en una cámara del fuero civil, la que ordenó no realizar la operación.
Los abogados de la familia afectada llegaron a la Corte mediante la vía del Per Saltum (por salto) y el máximo tribunal avaló la práctica abortiva.Varias ONG católicas cuestionaron el fallo de la Corte y a realizar “advertencias”.
El titular de “Vida más Humana”, José Murri, sostuvo que la entidad no quiere médicos, jueces ni gobernantes “nazis”, y advirtió que los demandará “civil y penalmente” si se involucran en el aborto.
Sin embargo, el abogado de la familia, Dante Vega, respondió que “más van a tardar en escribir las demandas que los fiscales en archivarlas”.

http://www.clarin.com/diario/2006/08/24/sociedad/s-03301.htm

SOCIEDAD
NUESTRO GOBIERNO Y…
UNA LEY JUSTA PARA TODOS
“Señor presidente, estamos artos que nos manipulen desde lo que ellos llaman “fe”. ArgAtea

La Iglesia, al rojo vivo por un proyecto contra la discriminación
Un documento contra la discriminación aprobado por Kirchner, que promueve debates sobre el aborto no punible y el casamiento gay, fue atacado por la Iglesia en una carta enviada a los legisladores.

Por Adriana Meyer

El aborto y la educación sexual como parte de un documento que desató la ira eclesiástica.

Una sorda polémica se desató entre la Iglesia y el área Queer de la Universidad de Buenos Aires a partir de las afirmaciones del documento “Hacia un plan nacional contra la discriminación en Argentina”, que el Gobierno aprobó por decreto en septiembre pasado.
“Las altas tasas de muertes por aborto son una expresión lamentable de la discriminación de mujeres de sectores más pobres, referida a la falta de un acceso adecuado a la información y a los métodos anticonceptivos seguros”, es una de las frases del texto que más irritó a los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), además de la alusión a la necesidad de un debate sobre el “aborto no punible”.

Tanto se alarmaron que decidieron enviar cartas a todos los integrantes del Poder Legislativo, encargado de implementar el plan, para cuestionar la iniciativa oficial.
“Las propuestas que afectan el derecho a la vida o que proponen un reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo contradicen la Constitución, que ampara tanto a la vida desde su concepción como a la familia fundada en el matrimonio del varón y la mujer”, escribió monseñor Sergio Alfredo Fenoy, secretario de la CEA.
“Según ellos no serían situaciones de discriminación las referidas a la orientación sexual y las identidades de género, como tampoco la falta de acceso de las mujeres pobres al aborto”, explicó Flavio Rapisardi, licenciado en Filosofía y coordinador del área Queer de la UBA, cuyos miembros colaboraron en el capítulo del criticado documento referido a identidades sexuales.

En septiembre del 2005, a través del Decreto 1086, el presidente Néstor Kirchner y sus ministros aprobaron el documento y encomendaron al Inadi la coordinación de la ejecución de las propuestas contenidas en el mismo. Además invitaron al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría General, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al plan nacional contra la discriminación propuesto. El extenso documento fue producto de un “amplio diálogo nacional” que llevó tres años “con grupos victimizados en distintas ciudades del país, organizaciones de la sociedad civil, universidades, comisiones parlamentarias y áreas de gobierno con competencia en la materia”, según indica el decreto.
Las propuestas más cuestionadas por la Iglesia fueron las referidas a las uniones de personas del mismo sexo o su derecho a la pensión, la modificación de la ley para permitir las operaciones de cambio de sexo, recomendaciones en torno de la aplicación del programa de salud sexual y reproductiva y un punto que parece muy sensible para la Iglesia pero que, curiosamente, no fue mencionado en la carta de la CEA: el manejo de los fondos entre los distintos credos. Más allá de los puntos polémicos, hay propuestas para derogar el impedimento para los sordos en cuanto a la administración de bienes o a contraer matrimonio, otras que recomiendan el sobretitulado en todos los programas de televisión de aire, garantizar el proceso de restitución efectiva de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, el derecho a una jubilación para las mujeres en situación de prostitución, y otras referidas a políticas migratorias, penitenciarias y de educación.
¿Qué hicieron los diputados y senadores con la carta que les mandaron los obispos?, preguntó Página/12 a Rapisardi. “Para empezar nos costó muchísimo encontrarla, tengo entendido que la leyeron pero no la respondieron y tampoco la acataron, aunque tuvieron mucho miedo de entregarla”, fue la respuesta.
La misiva señaló que el plan “contiene afirmaciones y propuestas que no se corresponden con su objetivo por cuanto reflejan una concepción de la persona y la familia de un acentuado individualismo, nos referimos a la gravedad de las propuestas que afectan el derecho a la vida, la institución matrimonial, la dignidad de la mujer y la libertad religiosa”. En alguno de sus párrafos también indicaron que esa concepción atenta contra el compromiso social de las personas. Según la Conferencia Episcopal, “el referido documento utiliza de manera ambigua el concepto de discriminación, y de este modo llegarían a imponerse criterios que no reconocen la dignidad y la valiosa complementariedad del ser humano: mujer y varón”. Los representantes de la jerarquía católica cuestionaron que el trabajo haya colocado a un nivel de igualdad “la violencia contra las mujeres, homosexuales o cualquier otro ser humano, el desprecio a los inmigrantes de países vecinos o la tremenda exclusión social de los más pobres” con “la posibilidad de adoptar hijos a las parejas de personas del mismo sexo”. Concluyeron que “con la intención de un plan nacional contra la discriminación se estaría imponiendo por decreto a la sociedad argentina una ideología de construcción cultural que discrimina la natural y legítima ecología humana”.
Rapisardi, como coordinador del área Queer, redactó una respuesta en la que rechazó la palabra “homosexual” por considerarla violenta. “Silencia la rica diversidad de nuestras comunidades, nos medicaliza reduciendo nuestras vidas a una categoría psiquiátrica”, criticó.
Aclarado el punto, el licenciado calificó la alusión a la “natural y legítima ecología humana” como “peligrosa y caduca, porque reproduce la denominada falacia naturalista”. Y se preguntó y respondió a la vez: “¿Quién determina lo que es natural? ¿El incesto en los gatos? ¿El celibato eclesiástico? ¿El barebacking (práctica sexual sin profiláctico)? Los límites entre naturaleza y cultura no son necesariamente los que ha sostenido la Iglesia Católica”.
Rapisardi además contestó que “no pueden seguir desconociendo los años de lucha (…) que fueron resultado de la valentía, la entrega y el compromiso social de varones y mujeres por los que ustedes dicen velar. O quizá para la Iglesia no todos seamos hijos del Dios que ustedes dicen amar”. En relación con la conformación de grupos familiares, expresó que “volver a invocar una supuesta ecología humana constituye una apelación vacía si las prácticas culturales que la conforman son filtradas por una nueva identificación entre un supuesto plan divino (respetable para quienes lo crean) y la naturaleza del hombre”.
En el último párrafo de la carta, que también hizo llegar a los presidentes de los bloques legislativos de ambas Cámaras, Rapisardi consideró que ya es hora de que la Iglesia “asuma que las diversidades sexuales” son “sujetos de derecho con quienes dialogar”.

ArgAtea pregunta, hasta que punto pueden estos fundamentalistas acosar y perseguir a una persona de esta manera:
“Ana Rosa Gazzoli se había declarado cristiana pero no ahorró críticas contra los grupos católicos llamados pro-vida.”Han acosado a mi familia, golpeándome las puertas de mi casa a toda hora y por esa razón tuve que cambiarme, pero hasta allí también fueron”

23.08.2006 Clarin.com Sociedad
SALUD TIENE 25 AÑOS, SUFRE RETRASO MENTAL Y ESTA EMBARAZADA DE 12 SEMANAS POR UNA VIOLACIONLa Corte mendocina autorizó el aborto de la chica discapacitada
Quedó así allanado el camino para operarla en un hospital público. Los jueces cuestionaron la intervención de una entidad católica y reprocharon el procedimiento empleado por una Cámara civil.

Rafael Morán
En sólo tres horas, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió autorizar el aborto a la chica con retraso mental que tiene un embarazo de 12 semanas, producto de una violación.
El fallo censuró la intervención de una Organización no Gubernamental (ONG) de origen católico que trabó la intervención quirúrgica y reprochó el procedimiento empleado por una cámara civil que aceptó provisionalmente sus argumentos.
El tribunal allanó así el camino para que el aborto se realice en un hospital público, como había previsto el Ministerio de Salud de la provincia. El gobernador Julio Cobos formuló una declaración en esa misma dirección. Puso a disposición el sistema de salud público “para arribar a un desenlace justo” y sentenció: “La decisión que se tome contará con mi absoluto respaldo”.
El expediente llegó a la Corte luego que la Segunda Cámara Civil hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la ONG VITAM. Invocaba el Pacto de San José de Costa Rica, que en la Argentina tiene rango constitucional. Esta norma se aplica a mujeres oligofrénicas embarazadas que son víctimas de violación, pero cuando no está comprobado que corre peligro la vida de la madre.La situación de la joven mendocina es distinta y está a resguardo del artículo 86 inciso 2 del Código Procesal Penal, que legaliza el aborto cuando “proviene de una violación cometida sobre una mujer idiota o demente”.
El cuadro clínico de la chica se complicó porque ingiere un medicamento que, si bien atenúa sus convulsiones, simultáneamente le provoca un “cuadro degenerativo y progresivo”, según dijo el ministro de Salud, Armando Caletti. El fármaco también es perjudicial para el feto porque “puede generar malformaciones y cardiopatías congénitas y del tubo neural” (la futura médula espinal del embrión), concluyó Caletti. Así lo había entendido en su resolución el juez de Familia Germán Ferrer, pero esta medida fue recurrida ante la Segunda Cámara Civil, que prohibió la operación hasta tanto se expidiera en el tema de fondo.
Frente a este contratiempo, los abogados de la familia perjudicada, Dante Vega y Diego Lavado, llegaron ayer a la Corte mediante un per saltum (por salto), debido a la rapidez con el que debe solucionarse el problema planteado.La Corte recibió el escrito a las 10,30 y se expidió a las 13,30 de un modo contundente: “Está firme y es ejecutable” la decisión del primer juez que tuvo la causa, señaló el tribunal al admitir la vía del per saltum.Los ministros firmantes, Aída Kemelmajer de Carlucci y Fernando Romano, dejaron sin efecto la determinación de la Cámara Civil con una amonestación: “acoge (la cámara) la cautelar y omite toda consideración sobre la legitimación activa” de la organización no gubernamental.
A renglón seguido la Corte carga también sobre la organización católica VITAM porque “ni esa entidad ni otra persona ajena a la intervención médica están legitimadas para recusar al tribunal ni, mucho menos, para plantear la interrupción ordenada por un tribunal competente en el ámbito de sus funciones específicas”.
El caso había llegado a un punto de fuerte tensión en medio del cruzamiento de opiniones entre distintos sectores de la población, incluidos médicos, abogados, filósofos y hasta del arzobispo de Mendoza, monseñor José María Arancibia, quien lanzó una categórica defensa de la vida “desde su concepción hasta la muerte natural”.
En ese marco se produjo en el aeropuerto El Plumerillo un entredicho entre la madre de la chica embarazada, Ana Rosa Gazzoli, y Sonia Cano y un par de seguidoras de la Organización VITAM. Así fue el diálogo:—Nosotras queremos ayudarla —le dijo Cano a la madre.—Ustedes no me ayudan sino todo contrario —fue la respuesta.—Quería que nos conociera —insistió Cano.—Háganme el favor, quiero que en esto no se metan más, nos perjudican —afirmó la madre, dando por terminada en forma abrupta la conversación.
Ana Rosa Gazzoli se había declarado cristiana pero no ahorró críticas contra los grupos católicos llamados pro-vida.”Han acosado a mi familia, golpeándome las puertas de mi casa a toda hora y por esa razón tuve que cambiarme, pero hasta allí también fueron”, aseguró la mujer.

Y agregó con fastidio: “Me pedían que parara el aborto y hasta me ofrecieron adoptar al niño”.
http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/clarin/v8/notas/imprimir.jsp?pagid=1257364#

Clarin.com Ultimo Momento
22:20 Sancionan a gendarmes por la participación de la Banda de Música en una misa del ex obispo castrense
Lo decidió el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, y alcanza a cuatro uniformados. El oficio religioso, de “carácter privado”, fue encabezado por Antonio Baseotto el domingo pasado en Luján.
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Clarín.com
El jefe de Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, decidió hoy sancionar a varios gendarmes por la participación de una banda de música en una misa celebrada el domingo en Luján por el polémico ex obispo castrense, Antonio Baseotto, integrantes de la revista “Cabildo” y otros miembros pertenecientes a la extrema derecha.
Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia Télam, ante un acto de “carácter privado” y “considerando que la autorización para la participación de una Banda de Música de Gendarmería en ese acto “hace dudar de la buena fe de quienes tomaron la decisión”, el jefe de Gendarmería Nacional, por instrucción del Ministro del Interior, Aníbal Fernández, dispuso medidas disciplinarias”.
En ese sentido, se decidió dejar cesante al jefe del Servicio de Bandas de Gendarmería, Hernán Walter Barrientos y sancionar disciplinariamente al Secretario General de la fuerza, Carlos Alberto Villarreal, por no intervenir debidamente en la tramitación de la solicitud presentada por el grupo auspiciante de este acto.
También se dispuso sancionar disciplinariamente al Director de Recursos Humanos, William Nieto, por firmar la autorización de la concurrencia de la Banda de Música al mencionado acto. Se dispuso además sancionar disciplinariamente al Jefe de la Banda de Música de la Región I de Campo de Mayo, Miguel Angel Yánez, por delegar en un suboficial la responsabilidad del servicio, sin conocimiento de su jefe de Región.
El domingo pasado, Baseotto dio una misa a puertas cerradas en el Colegio Marista de Luján, con la participación de integrantes de la redacción de la revista de ultraconservadora “Cabildo”, sectores de extrema derecha y una banda de músicos de Gendarmería.
Como no se autorizó la misa en la Basílica de Luján, la locutora del acto dijo que “lamentablemente, así como el dragón rojo, el comunismo, se va enseñoreando de nuestra patria, también va tomando parte de nuestra iglesia”.(Fuente: Télam)
http://www.servicios.clarin.com/notas/jsp/clarin/v8/notas/imprimir.jsp?pagid=1257282#

OTRA VEZ BERGOGLIO?
LEYES - CONSTITUCION NACIONAL
¿Se propone Kirchner cambiar la Constitución?
Es probable que la Iglesia haya iniciado una batalla por la Constitución nacional.
El duro enfrentamiento entre el obispo Joaquín Piña y el gobernador Carlos Rovira, en Misiones, no podría explicarse sólo como un conflicto por la reforma de la Constitución de esa provincia.
La Iglesia pondera que se trata sólo de un mensaje institucional.
Sin embargo, la pregunta más importante se refiere a si es un mensaje o una advertencia. ¿Sospechan acaso los obispos que Kirchner podría intentar una reforma de la Constitución luego de una eventual gran victoria en las presidenciales del próximo año? Piña es un jesuita que pertenece al sector mayoritariamente centrista de los obispos argentinos; siempre respetó la estructura vertical de la Iglesia.
El líder más importante de la Iglesia, el cardenal Jorge Bergoglio, otro jesuita, bendijo la decisión de Piña de frenar la reforma constitucional de Misiones, que apunta a asegurar la reelección del gobernador. Adelante, le respondió, cuando Piña le contó su proyecto.
¿Decidió la Iglesia meterse en el fárrago de la política? Lo de Piña no es una oposición política ni partidaria; es una posición en defensa de las instituciones. No vean más allá, precisaron muy cerca de Bergoglio.
Piña es candidato a convencional constituyente en nombre de la oposición, que quiere impedir que el gobernador Rovira, un aliado incondicional de Kirchner, consiga la reelección en Misiones.
Piña nunca hubiera sido candidato político para un cargo ejecutivo o legislativo, no al menos con la aprobación de la jerarquía religiosa.
Pero la Iglesia participó de todas las convenciones de la Nación desde la construcción de la Argentina: en la Junta de Mayo de 1810, en el Congreso de Tucumán de 1816, en la Asamblea Constituyente de 1853 y hasta fue veedora de la Constituyente de 1994 que reformó la Carta de 1853. Bergoglio suele decir que la argentinidad está esencialmente inscripta en su historia, en sus instituciones y en su Constitución.
Y esas instituciones están en riesgo -subrayan los obispos- no sólo por la ofensiva sin tregua del oficialismo, sino también por la ausencia de una oposición eficaz. El diagnóstico no carece de veracidad. Tómenlo como un mensaje en defensa de las instituciones , se escuchó decir muy cerca de Bergoglio.
El rol de la Iglesia ¿Existe información veraz sobre un proyecto de reforma de la Constitución nacional? Bergoglio es un cardenal bien informado. Nunca ha conversado a solas con Kirchner, pero no son pocos los funcionarios que frecuentan su confesionario.
La línea política de Bergoglio es clara y tenaz: la Iglesia debe denunciar la desigualdad social, defender los valores institucionales y preservar su independencia del gobierno. El amplio sector centrista que lidera ha hecho varias autocríticas por la cercanía de la Iglesia con la última dictadura militar.
La Iglesia no puede estar otra vez cerca de los gobiernos ni lejos de las instituciones , explican los que conversan con el cardenal. La Iglesia está preocupada. ¡Es un disparate! Kirchner nunca planteará la reelección indefinida, porque la sociedad lo vincularía con los métodos de Menem , replican al costado del Presidente. Todo es relativo.
Es cierto, por ejemplo, que son asiduas las críticas de Kirchner a la reforma constitucional de 1994. Incluso, alguna vez el Presidente le deslizó esas críticas al propio Alfonsín, pero éste rechazó cualquier cuestionamiento a aquella reforma. Síntomas de reformismo Era mejor la Constitución de 1853 , acostumbra a contraponer Kirchner. La Constitución de 1853 fijaba seis años de mandato presidencial sin posibilidad de reelección consecutiva. ¿Un próximo mandato de Kirchner podría ser de seis años si hubiera una reforma para reinstalar la vieja Constitución? Es lo que barruntan sectores de la oposición. Les falta un dato inmodificable: Kirchner no será candidato el próximo año. La afirmación pertenece a uno de los ministros con más fácil y frecuente acceso a Kirchner y a su intimidad. Las categóricas afirmaciones antirreformistas del oficialismo ceden rápidamente. O, más bien, se limitan a señalar que no habrá modificación de la cláusula de la reelección, pero la dirección del viento se convierte luego en francamente reformista.
La Constitución de 1994 debe ser revisada , repiten en la cima del Gobierno. ¿Qué debe ser revisado? Las objeciones abarcan la redacción de las atribuciones del jefe de Gabinete, de la Auditoría General de la Nación, de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y del Consejo de la Magistratura. No habría, entonces, sólo una reinstalación de la vieja Constitución, sino otra reforma.
Todo es perfectible, pero el Gobierno mejoraría mucho las cosas si comenzara -como prometió hace mucho tiempo- por darle otro destino a la esposa del ministro Julio De Vido, alta funcionaria de la Sigen, organismo que debe controlar las decisiones administrativas de su marido. Los conflictos que decantan esas afirmaciones son dos. El primero es que resulta inexplicable que, desde la restauración de la democracia en 1983, casi todos los gobiernos plantearon la necesidad de reformar la Constitución en un país inundado por problemas sin resolver.
La Constitución es el único contrato común de los argentinos que, además, no impide resolver ningún problema. El otro conflicto es el clima político de crispación, de temor y de cierta arbitrariedad que se instaló durante la administración de Kirchner.
No podría haber, entonces, peor escenario para una reforma de la Constitución. Toda cuestión constitucional requiere necesariamente consenso político y social. Kirchner puede tener virtudes y defectos, pero ha dado muestras cabales de que no es un político de consensos.
Las recientes reformas del Consejo de la Magistratura y la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia son cuestiones constitucionales. El Gobierno aplicó su mayoría, sin atenuantes. Abierta eventualmente la Constitución, ¿por qué el Gobierno no intentaría introducir otras reformas que pertenecen al pasajero paladar de los que gobiernan? ¿Por qué no trataría de escribir en ella, por ejemplo, sus obsoletas ideas sobre la libertad de prensa? Sólo hay que leer uno de los últimos discursos de Cristina Kirchner en el Senado para establecer que el Estado podría meterse con la libertad de expresión. La senadora fustigó a adversarios y periodistas delante de las cámaras de televisión (que transmitían en directo), pero las cámaras se apagaron cuando llegó la hora de la réplica de los opositores. Ellos son así. Dicen que Guillermo Moreno modificó el inicial estilo de prepotencia verbal ante los empresarios. No hay testimonios de que haya evolucionado hacia la civilización. Pero, aun si fuera así, ya sentó un precedente: puede hacer temblar las rodillas de sus interlocutores. Si Cristina y Moreno fracasaran en sus empellones verbales siempre quedaría una última instancia: Luis D Elía. No hay registros fotográficos de Kirchner con D Elía y ni una sola palabra del Presidente avaló nunca a su subsecretario de Estado. Pero D Elía está cerca, deambula bajo paraguas oficiales, con su boca de carrero y con sus métodos violentos.
Depende formalmente de De Vido. No es De Vido el culpable de nada en este caso. D Elía se lleva mejor con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, aunque éste hace sólo lo que el Presidente le dice que debe hacer. Cuando se está en el gobierno, a estos personajes hay que aguantarlos adentro o tenerlos afuera incordiando al gobierno , explican los exégetas de Kirchner. ¿Culpa de quién? La exposición pública de D Elía significa una hemorragia electoral para un gobierno que cuenta los votos uno por uno, todo los días. ¿Por qué? Es culpa de los periodistas.
Los periodistas lo exhiben para perjudicar al Gobierno , deduce el oficialismo. La lógica es muy difícil de entender: el Gobierno lo cobija a D Elía y los periodistas deberían esconderlo. No le den importancia. No pierdan tiempo en contestarle , clama el Gobierno. En eso tiene razón. Nadie puede debatir con D Elía.
Con protección oficial y con los antecedentes que tiene como jefe de una fuerza de choque (boicoteó empresas, tomó y destruyó una comisaría, violentó propiedades privadas), a los amenazados por él les está impedido el debate político o intelectual. Sólo les queda el recurso extremo de pedir asilo en el exterior.
Por Joaquín Morales Solá Para LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=833095
LA NACION 20.08.2006 Página 1 Opinión