MENDOZA INSTRUYO AL DEFENSOR PABLO BARBIROTTO PARA QUE REPRESENTE LOS INTERESES DE LA DISCAPACITADA EMBARAZADA
El Defensor General de Pobres y Menores, Arsenio Mendoza, instruyó hoy al doctor Pablo Barbirotto para que intervenga en representación de la joven discapacitada embarazada, presuntamente como producto de una violación • Fue luego que la defensora Mariela Piterson interpusiera una medida cautelar para impedir un aborto en protección del niño por nacer • La primera medida de Barbirotto será pedir la internación de la madre para realizarle los estudios correspondientes, puesto que no existen antecedentes médicos sobre el caso.

En diálogo con APF, Mendoza explicó que se trata “del caso de una chica de 19 años de edad, presuntamente embarazada, presuntamente tiene inconvenientes en su capacidad mental, que acude al hospital público a pedir el aborto y en el hospital no tenían antecedentes. Como ella invoca el hecho de la violación, que está amparado por el Código Penal, el hospital la manda a la Justicia. En la Fiscalía, le hacen el trámite doble, la denuncia por violación y el pedido de autorización para abortar”.

Sucede que existen “criterios” del Superior Tribunal de Justicia, como en otras Cortes de provincias, que indica que “si se dan los requisitos legales, el acto del aborto es un acto médico que no necesita autorización judicial”, explicó Mendoza. Fue por eso que, en principio, “se archiva el pedido de autorización y se sigue con la violación”.
Pero, “en el ínterin, la persona que interviene como Ministerio de Menores (Mariela Piterson), hace una comunicación a la jueza de Menores en protección del feto o el niño por nacer que está previsto en el artículo 63 del Código Civil”. A raíz de eso, la jueza Claudia Salomón “dicta medidas de protección del chico y da intervención al Consejo Provincial del Menor”, relató Mendoza.
Además de eso, el otro inconveniente que impidió avanzar con el aborto fue la falta de antecedentes sobre la menor. “No hay una constancia, en los papeles, de que esta chica está embarazada, que es discapacitada, qué tiempo de embarazo tiene”, precisó Mendoza. Es justamente por eso, por lo que tampoco se ha podido determinar “si el caso reúne las condiciones legales para considerarlo acto médico”, que es justamente el que no necesita autorización judicial para abortar.
Es que “la gente pobre va al hospital cuando está por parir, no va antes”, admitió el Defensor, a raíz de la falta de antecedentes médicos sobre la menor. Y evaluó: “Lo que a uno le dicen este tipo de situaciones es que se plantean discusiones en el plano ético, moral y jurídico, cuando no quieren abrir el presupuesto, porque esto es un producto de la pobreza”.

• Nuevas medidas
Mendoza instruyó hoy al defensor Pablo Barbirotto para que “intervenga en representación de la mamá y que ejerza los derechos”, según informó a esta Agencia. La primera medida del magistrado será “pedir que internen a la chica para estudiarla, porque no hay un estudio que nos diga, en los papeles, que está embarazada, de cuanto tiempo, cuál es su estado de salud y de la criatura”, explicó Mendoza.
Asimismo aclaró que hasta el momento tampoco hay algún pronunciamiento del comité de Ética del hospital.

• Autocrítica
“Llama la atención toda la atención, desplazando la discusión hacia ‘aborto-no aborto’, cuando en realidad la discusión de fondo es quién contiene a los pobres”, reflexionó el Defensor, para quien “el Estado tiene que ir en auxilio de una familia si no tiene esa capacidad de contención”, tal como lo dice la ley 26.061.
Y en ese contexto, Mendoza aceptó “ser parte de un sistema, que se preocupa más por los expedientes que por la gente, que ha privilegiado más el peso de la Economía que hasta los valores democráticos, los derechos humanos, están subordinados a los humores Económicos. Entonces esto es un desbaratamiento de derechos que castiga de una manera mucho más rigurosas a las personas que tienen menos posibilidades”, evaluó.
Sin embargo aclaró que el objetivo “es que todo el mundo tenga derecho a la Justicia”, razón por la que se planteó “un defensor para cada interés que puede haber en todo esto”. (APF.Digital)

30.08.2007 | Clarin.com | Sociedad

EL AÑO PASADO HUBO TRES CASOS SIMILARES

Otra vez impiden abortar a una discapacitada que fue violada

Una jueza frenó la intervención para tutelar los derechos del niño por nacer

Oscar Londero

Una orden judicial impidió que se practicara un aborto a una joven discapacitada mental que fue violada hace cuatro meses en Paraná. La medida, que tomó estado público ayer, volvió a reavivar la polémica generada ante casos similares registrados un año atrás en Mendoza, La Plata y Corrientes (ver Antecedentes).

El Código Penal permite interrumpir el embarazo ante una situación como ésa sin que implique sanciones para los médicos que asistan a la paciente. Sin embargo, la defensora de Menores de Paraná, Marcela Piterson, interpuso una medida cautelar alegando que debían tutelarse los derechos del niño por nacer. Su postura fue compartida por la jueza Claudia Salomón, y eso impidió que se practicara el aborto en el hospital materno infantil San Roque.

La madre de la chica, de 19 años y con un retraso mental, acudió a ese centro asistencial con la intención de interrumpir el embarazo. La joven lleva en su vientre un feto de 16 semanas de gestación y se sospecha que fue violada por una persona allegada a su familia, que vive en el barrio Humito, al oeste de la capital entrerriana. Eso motivó además una denuncia penal, que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de Ricardo Bonazzola.

Según una versión, la madre de la joven -que tiene otros 10 hijos y vive bajo la línea de pobreza- fue al hospital y consiguió un médico dispuesto a realizar el aborto. Pero también trascendió que luego la mujer cambió de parecer y acudió a Tribunales, donde se dispuso que la gestación continuara. Además, se ordenó la intervención del Consejo Provincial del Menor, que alojó a la muchacha en uno de los hogares que tiene en Paraná.

La chica está separada de su familia desde la noche del lunes, con la intención de garantizarle contención y asistencia médica. Para eso, desde el Consejo del Menor se pidió al hospital un detallado informe sobre la evolución del embarazo, a fin de descartar algún riesgo para su salud.

La noticia se conoció pocas horas después de haberse divulgado cifras oficiales sobre abortos clandestinos en Entre Ríos. Según datos de la Dirección de Maternidad e Infancia de la Provincia, entre enero y abril los hospitales públicos provinciales atendieron a 482 mujeres que buscaron interrumpir sus embarazos con métodos violentos. La estadística confirmó que 103 de esas pacientes asistidas son menores de edad y que el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte en Entre Ríos.
http://www.clarin.com/diario/2007/08/30/sociedad/s-03701.htm

La ley lo permite

El artículo 86 del Código Penal declara no punible “el aborto practicado por un médico diplomado” cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la madre o es fruto de una violación a una “mujer idiota o demente”.

Antecedentes

«+ Una chica deficiente mental llegó en julio de 2006 al Hospital San Martín de la Plata para un aborto. Una jueza lo impidió y la Cámara lo ratificó. La Corte provincial lo autorizó, pero los médicos se negaron por lo avanzado del embarazo. Abortó en una clínica.

«+ En Mendoza, la Justicia autorizó en agosto de 2006 el aborto a una discapacitada de 25 años. Otra jueza dio lugar a un amparo y lo frenó. La Corte terminó autorizándolo.

«+ En noviembre, la Justicia correntina impidió abortar a una discapacitada de 15. Tuvo un aborto espontáneo.

Jueza entrerriana nego aborto a joven con discapacidad, víctima de violación

PARANA, ago 29 (DyN) - Una jueza entrerriana impidió que se le practicara un aborto a una joven con discapacidad, quien afronta un embarazo tras ser víctima de una violación, confirmaron hoy fuentes judiciales.

 La jueza de Paraná Claudia Salomón ordenó al hospital materno infantil San Roque que se abstenga de practicar el aborto terapéutico, al aceptar una medida cautelar que interpuso la defensora de Menores local, María Marcela Piterson, con el objetivo de preservar “los derechos de la persona por nacer”.

 La decisión generó polémica en Entre Ríos y fue repudiada hoy por el foro por los derechos de las mujeres.

 La diputada provincial Lucy Grimalt, integrante del foro, dijo que “la medida que tomaron las funcionarias judiciales es violenta y alienta el aborto clandestino”.

 La jueza Salomón dispuso que el Consejo del Menor se ocupe de brindar atención y contención a la joven, que se encuentra alojada en una residencia de esa institución.

 La joven embarazada tiene 19 años, la capacidad mental de una niña y vive con sus padres y diez hermanos en el barrio Humito, de la capital entrerriana, en precarias condiciones.

 Su madre, informó El Diario de Paraná, denunció que la joven fue víctima de una violación cuatro meses atrás por parte de una persona cercana a la familia.

 La denuncia de la madre fue presentada ante el juez de instrucción Ricardo Bonazzola.

 La madre también se presentó en el hospital San Roque para que se realizara un aborto a la joven, porque según reportó la prensa local creía que ante la discapacidad y el abuso que sufrió su hija no necesitaba autorización judicial previa.

 Médicos del hospital al parecer se solidarizaron con la mujer y la apoyaron en su reclamo.

 La presidenta del Consejo Provincial del Menor, Dora Jávega, confirmó hoy que el organismo asiste y protege a la joven, quien “tiene conciencia de su estado de gravidez y se encuentra muy bien anímicamente”.

 Asimismo, aclaró que “no existe un problema de salud a causa del embarazo y por ello la defensora interpuso la solicitud” para evitar la interrupción de la gestación de su bebé.

 “Ante esto se tomaron todas las medidas necesarias para contenerla y por ello fue trasladada a una dependencia del Consejo. Además se avanzó con un plan de acción para cumplir con el pedido de la Justicia”, aseveró.

 El Consejo del Menor dispuso alojar a la mujer en una residencia para menores de edad en situación de riesgo y pidió al hospital un informe sobre la evolución de su embarazo y si implica algún riesgo para la madre.

 La diputada Grimalt repudió públicamente la medida que tomó la jueza, al considerar que “es violenta y alienta el aborto clandestino”, y sostuvo que la magistrada y la defensora “se han extralimitado en sus funciones”.

 La legisladora recordó que el artículo 22 del Código Procesal Penal indica que no es punible el aborto a una mujer demente o con discapacidad que tenga un embarazo producto de una violación.

 “Es claro y no requiere otra interpretación. Sabemos que había médicos que estaban dispuestos en el hospital a cumplir con la ley y al pedido de la madre, que es la tutora legal de esta chica y la que puede ejercer sus derechos”, añadió.

 Grimalt dijo que el fallo “es peligroso” ya que “puede influir a las mujeres que están en esta situación a que recurran al aborto clandestino, con todos los riesgos que eso implica”.

 El Defensor General de Pobres y Menores del Superior Tribunal de Justicia, Arsenio Mendoza, instruyó hoy al abogado Pablo Barbirotto para que intervenga en representación de la joven.

 AFM SMB FM

 Año 2005, declaraciones de Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema, hizo declaraciones a favor de que las parejas integradas por homosexuales puedan adoptar. También defendió el derecho al aborto y la despenalización del uso de la marihuana.

http://www.diarioepoca.com/2005/08/11/

Carmen Argibay, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, volvió a defender este jueves el derecho al aborto y la despenalización de la marihuana, y abrió la puerta a una nueva polémica al pronunciarse en favor de que parejas de homosexuales puedan adoptar hijos.
¿Por qué no dar en adopción niños a parejas gays?, interrogó la ministra. “Hay tantos chicos en este momento que viven en familias monoparentales”, respondió la integrante del máximo tribunal de Justicia que acepta los matrimonios homosexuales en los que no ve ” ningún problema”.
“¿Cuál es el modelo de familia? Estamos un tanto anticuados, ahora hay tres papás, dos mamás, a veces hay una sola mamá o un solo papá, a veces no hay ninguno”, señaló en una entrevista radial.
La jueza también volvió a defender la necesidad de instalar el debate sobre el derecho al aborto, al insistir en la visión “patriarcal y dominadora” de los que impusieron las leyes. “Los hombres siempre han legislado sobre y para las mujeres, sin preguntarles a ellas. La cuestión es que las mujeres puedan decidir lo que pasa con ellas”, añadió.
Argibay ratificó además su posición a favor de la despenalización del uso de la marihuana, pero señaló que su defensa en esa base sólo a esa sustancia porque “las drogas duras no están despenalizadas en ninguna parte del mundo”.
Según explicó, los adictos “generalmente se inician con la marihuana” y “el drogadicto que no ha cometido ninguna otra conducta (contra la ley) y que simplemente usa la droga no puede ser convertido en un delincuente”.
Cuando le preguntaron si alguna vez había fumado marihuana, la jueza respondió entre risas: “Nunca, jamás, tiene un olor tan horrible. Cuando teníamos secuestrado (los cargamentos) en los juzgados era un olor asqueroso. Nunca me dio por ahí”, agregó.

Desde hoy, en La Plata

http://www.lanacion.com.ar/

LA PLATA.– Unas 50.000 estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) podrán acceder desde hoy a la píldora “del día después”, en forma gratuita, sin registrar su nombre ni el documento nacional de identidad.

Las píldoras serán entregadas, a pedido de las alumnas que sospechen estar embarazadas, en seis consultorios descentralizados de la Dirección de Salud de la UNLP, atendidos por médicos que asesorarán a las jóvenes interesadas.

La distribución ya provocó polémica dentro y fuera de esta universidad, la primera que repartirá la píldora en cumplimiento con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673).

“No promovemos el aborto. No queremos discutir con ninguna religión. Es un programa destinado a la prevención de enfermedades y de abortos con consecuencias desastrosas”, explicó Adolfo Eduardo Brook, director de Salud de la Prosecretaría de Bienestar Universitario de la UNLP. “Es legal pero no es moral. No todo lo jurídicamente establecido es bueno. Este programa va en contra de un principio que no negociamos, que es el respeto a la vida. La píldora del día después es abortiva. No podemos admitir esta intervención que promueve la promiscuidad”, opinó monseñor Antonio Marino, obispo auxiliar de La Plata.

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SANTO DOMINGO.- La Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica reiteró este lunes su oposición a la despenalización de cualquier forma de aborto y llamó a quienes secundan esa posición a acudir al Congreso donde este miércoles será realizada una segunda vista pública sobre la modificación  de los artículos relativos al tema en el Código Procesal Penal.

 
El padre Luis Rosario, director de la Pastoral, el aborto atenta contra la vida humana. Negó también que existan abortos terapéuticos. Cree que la terapia es “sanar para no matar”.

 
Diversas organizaciones de mujeres y de la sociedad civil favorecen, y así lo han hecho saber en la primera vista pública, la despenalización del aborto en casos de embarazo por incesto y/o violación y malformación congénita del feto que ponga en peligro la vida de la embarazada.

 Para el sacerdote, la mujer violada deben asumir su maternidad de la misma manera que asumen “caerse en un hoyo y romperse una pierna”, agregando que dado que ninguna mujer está exenta de ser violada, el castigo debe ser para el violador y no para la criatura que resulte de este acto.

 
- 7dias.com.do

 

http://www.lanacion.com.ar/

El superior lefebvrista advierte que en el Vaticano hay intereses oscuros vinculados con las mafias

Lunes 27 de agosto de 2007 | Publicado en la Edición impresa

La expectativa del movimiento lefebvrista por ser readmitidos en la Iglesia se genera en momentos en que el Vaticano también estaría tendiendo redes para incorporar a los teólogos de la liberación, ubicados en el extremo ideológico opuesto a la comunidad creada por Lefebvre.

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http://www.lanacion.com.ar/

La hizo el superior general de la orden

Lunes 27 de agosto de 2007 | Publicado en la Edición impresa

“Jamás nos alejamos de la Iglesia. Siempre fuimos y somos católicos, y hemos trabajado siempre con la intención de seguir siéndolo. Hay dificultades con la autoridad, pero esto no significa que la neguemos.”
Confiado en un acercamiento al Papa, pero con muy fuertes críticas al Vaticano, se mostró en su reciente visita al país monseñor Bernard Fellay, sucesor del arzobispo francés Marcel Lefebvre, suspendido y excomulgado por Juan Pablo II en 1988 por consagrar obispos a cuatro sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X.
Fellay, de origen suizo, fue uno de ellos y hoy es el superior general de la comunidad, que tiene unos 500 sacerdotes en todo el mundo –40 en América latina; 22 de ellos, en la Argentina–, con presencia en 65 países.
De inspiración ultraconservadora, la Fraternidad Sacerdotal San Pio X se opuso permanentemente al espíritu del Concilio Vaticano II y a las reformas de la Iglesia. Lefebvre y sus sucesores cuestionaron la autoridad de los papas y la doctrina conciliar sobre la libertad religiosa.En una entrevista con LA NACION, monseñor Fellay advierte que “hay hombres en la curia vaticana que no trabajan al servicio del Papa”.
Pese a que hoy está excomulgado, al igual que los otros obispos que en su momento consagró Lefebvre (fallecido en 1991), monseñor Fellay confía en que el papa Benedicto XVI “quiere arreglar la situación de los lefebvristas y dar a sus obispos una jurisdicción”.
El primer gran paso, afirmó el superior de la congregación, fue la liberación de las trabas que impedían a los sacerdotes celebrar la misa en el antiguo rito tridentino, en latín, sin una autorización específica de su obispo.
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 ”Amnistía Internacional defiende enérgicamente y respeta el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión y de asociación. La decisión individual, de las personas de cualquier credo, de estar a favor o en contra de la política de Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos, que incluye aspectos seleccionados del aborto, depende de cada persona y debe ser respetada.”

Índice AI: POL 30/019/2007 (Público)
Servicio de Noticias: 161/07
21 de agosto de 2007
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLPOL300192007

Declaración de Amnistía Internacional en respuesta al secretario de Estado del Vaticano
Ayer, 20 de agosto, el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, comentó la política de Amnistía Internacional sobre derechos sexuales y reproductivos –incluida la política sobre aspectos seleccionados del aborto– y dijo que la opinión del Vaticano es que el aborto no debe ser una posibilidad a disposición de las víctimas de violación.

La política de Amnistía Internacional sobre derechos sexuales y reproductivos no promueve el aborto como derecho universal, y la organización guarda silencio sobre la bondad o maldad del aborto. La política reconoce los derechos humanos de las mujeres a no sufrir temor, amenazas o coacción al abordar todas las consecuencias de la violación y de otros graves abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional mantiene su política, adoptada en abril de este año, cuya finalidad es respaldar la despenalización del aborto para garantizar que las mujeres tienen acceso a servicios de salud cuando surgen complicaciones derivadas del aborto, y para defender el derecho de las mujeres al aborto –dentro de los límites razonables que impone la gestación– cuando su vida o su salud corren peligro.

En su Reunión del Consejo Internacional, celebrada en México la semana pasada, los dirigentes de Amnistía Internacional manifestaron el compromiso de la organización de reforzar su trabajo sobre la prevención de los embarazos no deseados y otros factores que contribuyen al recurso de las mujeres al aborto, y afirmó resueltamente la política de la organización sobre aspectos seleccionados del aborto. A la reunión asistieron más de 400 representantes de Amnistía Internacional procedentes de más de 75 países –de muy diversa nacionalidad, origen étnico, edad, religión y cultura– que reafirmaron el compromiso de la organización para con los derechos humanos de las mujeres.

La primera vez que Amnistía Internacional consideró la cuestión de si había aspectos de derechos humanos implicados en la cuestión del aborto fue hace dos años, como parte de su trabajo en la campaña global de la organización “No más violencia contra las mujeres”. La postura de Amnistía Internacional coincide con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y se ha adoptado tras amplias consultas con su membresía. Amnistía Internacional exploró activamente cuáles son los aspectos de derechos humanos relacionados con el aborto, y concluyó que:

• en países como Nigeria, tras juicios que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal, se condena a muerte a mujeres por hacerse practicar un aborto;
• se detiene, procesa y encarcela a mujeres acusadas de hacerse practicar abortos pese a que las pruebas respaldan su alegación de que han tenido un aborto espontáneo;
• se niega una intervención médica que podría salvarles la vida a mujeres con embarazos ectópicos (embarazos en los que el embrión se implanta en la trompa de Falopio y no tiene posibilidades de prosperar, pero que cuando no son tratados pueden hacer reventar la trompa, poniendo en peligro la vida de la mujer y, si ésta sobrevive, su fertilidad).

Además, Amnistía Internacional documentó casos de violencia sexual en conflictos armados que tuvieron consecuencias devastadoras para las mujeres y las llevaron al ostracismo. Este trauma y esta exclusión se vieron agravados cuando la violencia sexual (que normalmente adopta la forma de violación en grupo) dio lugar a un embarazo no deseado. Mujeres y niñas que habían sido violadas, incluso por miembros de su familia, en situaciones que no eran de conflicto se vieron también forzadas a llevar a término su embarazo.

Amnistía Internacional supo también que, al contrario de lo que sucede en cualquier otra situación, los profesionales de la medicina a menudo se niegan a tratar a mujeres que sufren complicaciones derivadas de un aborto. No existe ningún caso análogo, es decir, ningún caso en el que se niegue la atención médica porque se crea que la persona que la necesita ha cometido un delito. Las personas con sobredosis de drogas que se consideran ilegales reciben tratamiento, al igual que lo reciben los sospechosos de delitos violentos que han sufrido heridas de arma de fuego o de otro tipo en el transcurso del delito o los soldados fuera de combate en conflictos armados. Sin embargo, a las mujeres se les niega este tratamiento, lo que refleja la excepcionalidad de la cuestión del aborto.

Amnistía Internacional considera inaceptable que se encarcele a mujeres por tratar de conseguir un aborto o hacérselo practicar, o que se les niegue el acceso a servicios de aborto pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo consecuencia de la violencia sexual en un conflicto armado es una forma de tortura, y a que en situaciones sin conflicto esa obligación constituye trato cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional considera inaceptable la muerte evitable de 70.000 mujeres al año, y también la negación de servicios médicos en una serie de circunstancias, desde los embarazos ectópicos hasta las complicaciones derivadas de abortos poco seguros. Se trata de una violación del derecho a la vida, a la salud, a no sufrir tortura ni trato o pena cruel, inhumano o degradante, y a no sufrir discriminación.

En respuesta a la postura del secretario de Estado del Vaticano, Amnistía Internacional señala el derecho del Vaticano a expresar sus opiniones sobre el aborto y reconoce que hay cuestiones de derechos humanos sobre las que ambos mantienen una opinión común, como el trabajo contra la pena de muerte, la liberación de presos de conciencia y la abolición de la tortura.

Amnistía Internacional defiende enérgicamente y respeta el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión y de asociación. La decisión individual, de las personas de cualquier credo, de estar a favor o en contra de la política de Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos, que incluye aspectos seleccionados del aborto, depende de cada persona y debe ser respetada.

Si desean más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional en torno a los derechos sexuales y reproductivos, visiten:
http://web.amnesty.org/actforwomen/sexual_and_reproductive_rights-eng

http://www.cnn.com/CNN/Programs/larry.king.live/

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