“que todo el mundo tenga derecho a la Justicia”

MENDOZA INSTRUYO AL DEFENSOR PABLO BARBIROTTO PARA QUE REPRESENTE LOS INTERESES DE LA DISCAPACITADA EMBARAZADA
El Defensor General de Pobres y Menores, Arsenio Mendoza, instruyó hoy al doctor Pablo Barbirotto para que intervenga en representación de la joven discapacitada embarazada, presuntamente como producto de una violación • Fue luego que la defensora Mariela Piterson interpusiera una medida cautelar para impedir un aborto en protección del niño por nacer • La primera medida de Barbirotto será pedir la internación de la madre para realizarle los estudios correspondientes, puesto que no existen antecedentes médicos sobre el caso.

En diálogo con APF, Mendoza explicó que se trata “del caso de una chica de 19 años de edad, presuntamente embarazada, presuntamente tiene inconvenientes en su capacidad mental, que acude al hospital público a pedir el aborto y en el hospital no tenían antecedentes. Como ella invoca el hecho de la violación, que está amparado por el Código Penal, el hospital la manda a la Justicia. En la Fiscalía, le hacen el trámite doble, la denuncia por violación y el pedido de autorización para abortar”.

Sucede que existen “criterios” del Superior Tribunal de Justicia, como en otras Cortes de provincias, que indica que “si se dan los requisitos legales, el acto del aborto es un acto médico que no necesita autorización judicial”, explicó Mendoza. Fue por eso que, en principio, “se archiva el pedido de autorización y se sigue con la violación”.
Pero, “en el ínterin, la persona que interviene como Ministerio de Menores (Mariela Piterson), hace una comunicación a la jueza de Menores en protección del feto o el niño por nacer que está previsto en el artículo 63 del Código Civil”. A raíz de eso, la jueza Claudia Salomón “dicta medidas de protección del chico y da intervención al Consejo Provincial del Menor”, relató Mendoza.
Además de eso, el otro inconveniente que impidió avanzar con el aborto fue la falta de antecedentes sobre la menor. “No hay una constancia, en los papeles, de que esta chica está embarazada, que es discapacitada, qué tiempo de embarazo tiene”, precisó Mendoza. Es justamente por eso, por lo que tampoco se ha podido determinar “si el caso reúne las condiciones legales para considerarlo acto médico”, que es justamente el que no necesita autorización judicial para abortar.
Es que “la gente pobre va al hospital cuando está por parir, no va antes”, admitió el Defensor, a raíz de la falta de antecedentes médicos sobre la menor. Y evaluó: “Lo que a uno le dicen este tipo de situaciones es que se plantean discusiones en el plano ético, moral y jurídico, cuando no quieren abrir el presupuesto, porque esto es un producto de la pobreza”.

• Nuevas medidas
Mendoza instruyó hoy al defensor Pablo Barbirotto para que “intervenga en representación de la mamá y que ejerza los derechos”, según informó a esta Agencia. La primera medida del magistrado será “pedir que internen a la chica para estudiarla, porque no hay un estudio que nos diga, en los papeles, que está embarazada, de cuanto tiempo, cuál es su estado de salud y de la criatura”, explicó Mendoza.
Asimismo aclaró que hasta el momento tampoco hay algún pronunciamiento del comité de Ética del hospital.

• Autocrítica
“Llama la atención toda la atención, desplazando la discusión hacia ‘aborto-no aborto’, cuando en realidad la discusión de fondo es quién contiene a los pobres”, reflexionó el Defensor, para quien “el Estado tiene que ir en auxilio de una familia si no tiene esa capacidad de contención”, tal como lo dice la ley 26.061.
Y en ese contexto, Mendoza aceptó “ser parte de un sistema, que se preocupa más por los expedientes que por la gente, que ha privilegiado más el peso de la Economía que hasta los valores democráticos, los derechos humanos, están subordinados a los humores Económicos. Entonces esto es un desbaratamiento de derechos que castiga de una manera mucho más rigurosas a las personas que tienen menos posibilidades”, evaluó.
Sin embargo aclaró que el objetivo “es que todo el mundo tenga derecho a la Justicia”, razón por la que se planteó “un defensor para cada interés que puede haber en todo esto”. (APF.Digital)

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