Observatorio Ateo de Argentina

Domingo, 23 de Septiembre de 2007

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Mientras en la Argentina un nuevo rechazo al aborto no punible reinstaló la polémica, en Uruguay se avanza hacia la despenalización. El caso de una chica procesada por abortar terminó con un proyecto legislativo para legalizar el aborto.

Por Mariana Carbajal

Uruguay volverá a debatir en el Congreso la despenalización del aborto. Antes de fin de año –podría tratarse esta semana o la siguiente, incluso– los senadores tratarán en el recinto un proyecto integral de salud sexual y reproductiva, que en uno de sus capítulos incluye la legalización del aborto cuando se realiza dentro de las primeras doce semanas de gestación –por motivos económicos, sociales y familiares– y más allá de ese plazo si corre riesgo la salud de la madre o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. La discusión parlamentaria se reactivó a mediados de año luego de que una joven de 20 años fuera procesada penalmente por haberse realizado un aborto. El caso generó una profunda indignación en la ciudadanía y derivó en una inédita campaña de recolección de firmas –a través de un blog– en solidaridad con la muchacha. Dos ministras del gobierno, además de varios funcionarios de segunda línea, artistas, economistas, legisladores y el escritor Eduardo Galeano, entre miles, expresaron haber abortado o acompañado a una mujer a hacerlo, en apoyo a la joven. El presidente Tabaré Vázquez ya declaró que vetará una eventual ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el Frente Amplio, la coalición de izquierda a la que pertenece, está dispuestas a dar, una vez más, la batalla en el Parlamento, en momentos en que cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía: la última encuesta marca que un 65 por ciento de la población uruguaya está a favor de la legalización del aborto.

La campaña que reimpulsó el debate, cuatro años después de que naufragara en el Senado –por apenas un voto, y del Frente Amplio– una ley que despenalizaba el aborto hasta las 12 semanas de gestación, nació a partir del procesamiento de una mujer de 20 años por practicarse un aborto en una clínica clandestina de Montevideo, por el cual pagó 700 dólares y terminó con una infección severa. A la joven la denunció el médico que la atendió en el interior del país. El profesional informó del hecho a la policía y dio cuenta de que la había trasladado al Hospital Pereira Rossell, el más importante de Montevideo. Y un juez la procesó –sin prisión preventiva– por el delito de aborto, penalizado por la ley 9763 de 1938. El caso generó tal indignación en la ciudadanía que llevó a un grupo de mujeres y varones a abrir un blog para solidarizarse con la muchacha y expresar su repudio a la ley vigente.

El Código Penal uruguayo condena con penas que van de 3 a 25 años de prisión a “la mujer que causare su aborto o lo consintiera”. El mismo ordenamiento legal exime de pena de prisión a los abortos realizados en caso de “angustia económica”, “lesión a su honor”, violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. La mujer debe dar su consentimiento y la intervención debe ser realizada por un médico en los primeros tres meses de gestación. Sin embargo, estas excepciones rara vez se contemplan, principalmente por la ausencia de una reglamentación que establezca los pasos que se deben seguir para interrumpir voluntariamente un embarazo en esos casos. Algo similar ocurre en la Argentina también con los abortos no punibles.

“Nosotras y nosotros también hemos infringido la ley 9763 en acción o en la complicidad con la acción. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada”, decía el manifiesto, que en pocas semanas llegó a sumar casi 10 mil adhesiones a través de Internet(www.despenalizar.blogspot.com). Entre los firmantes, hombres y mujeres de todas las edades y todos los partidos políticos, figuran personalidades como las ministras de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y del Interior, Daisy Tourné; la directora del Instituto de la Mujer y la Familia, Carmen Baramendi, decanos de diferentes facultades universitarias, periodistas, artistas, economistas, músicos, cantantes y centenares de personas –ignotas y desconocidas– que se sintieron conmovidas por la inédita convocatoria. En Uruguay se estima que el número de abortos que se realizan anualmente es cercano –aunque un poco menor– al de nacimientos: alrededor de 33 mil abortos contra 47 mil nacimientos.

A las pocas semanas de lanzada la campaña, se le entregó al vicepresidente y titular de la Asamblea Nacional Rodolfo Nin Novoa un documento con unas 6000 firmas. Nin Novoa las envió al Parlamento y planteó la necesidad de debatir nuevamente la despenalización del aborto. Incluso, el vicepresidente expresó estar a favor de la legalización.

La Comisión de Salud del Senado desempolvó entonces un proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, que hacía ya un año habían presentado las senadoras oficialistas Mónica Xavier y Margarita Percovich. Es una iniciativa muy amplia, que fija las obligaciones del Estado en materia de salud sexual y reproductiva, para garantizar el acceso universal a la anticoncepción y la información sobre métodos para prevenir embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y además plantea la legalización del aborto hasta la semana 12 de gestación por razones de “penuria económica, social, familiar o etarias” que a criterio de la mujer le impidan continuar con el embarazo en curso. Y más allá de ese plazo, si la gravidez implica un riesgo para la vida de la mujer o si se trata de “un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina de acuerdo a los adelantos científicos del momento”.

Esta semana la iniciativa terminó de ser debatida en la Comisión de Salud y se espera que pueda ser tratada en el recinto antes de fin de año. Incluso, hubo gestiones en las últimas horas para discutir el proyecto en los próximos días. “Yo quisiera que se trate en una sesión extraordinaria, por la importancia del tema”, señaló a Página/12 la senadora Percovich, que se ilusiona con discutir el proyecto el jueves próximo, en coincidencia con la conmemoración del Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Habría acuerdo entre el oficialismo y la oposición para la aprobación del primer capítulo del texto, que es el que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Pero en su artículo sexto, esta primera parte introduce la problemática del aborto al establecer como obligación del Estado la implementación de las “normas de atención pre y post aborto” acordadas en 2004 entre el gremio médico, la Facultad de Medicina y profesionales de la principal maternidad y luego convertidas en una resolución ministerial. Se trata de una estrategia de reducción de daño para bajar la mortalidad materna por el aborto clandestino. Esta normativa, que por el momento se aplica en hospitales públicos de Montevideo y lentamente se están extendiendo al interior del país, es un modelo para la región: en la Argentina el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires la ha puesto en práctica para la atención de adolescentes que expresan su deseo de interrumpir un embarazo no deseado, tal como ya informó Página/12. Consiste, básicamente, en que los médicos que atienden a una mujer que quiere abortar tienen la obligación de advertirle sobre los métodos inseguros para hacerlo, y si decide seguir adelante, deben brindarle una terapia de antibióticos previa y atención médica posterior. Aunque la norma no lo contempla, usualmente los médicos recomiendan para el aborto, si es en las primeras semanas de embarazo, el uso de una droga que causa, con alta efectividad y bajo riesgo, la interrupción de la gestación y puede comprarse en las farmacias: es el misoprostol.

“Sería un paso muy importante la aprobación del primer capítulo porque ya habla sobre el aborto. Si se aprueba quedará legalizado de hecho aunque no haya modificación del Código Penal porque los médicos entregan el misoprostol para un aborto seguro”, destacó Percovich.

Los otros dos capítulos de la iniciativa que se refieren concretamente a la legalización del aborto no cuentan con el respaldo de las bancadas opositoras de los partidos Nacional y Colorado. También en el bloque del Frente Amplio, donde existe libertad de acción para votar este tema, hay fisuras, por lo que las impulsoras del proyecto están tratando de conseguir algunos votos opositores para lograr la sanción del segundo y tercer capítulo de la ley. “En principio nos faltan dos votos del Frente Amplio, los de los senadores Carlos Baraibar y Alberto Cid, que ya anunciaron que no lo apoyarán. Pero creemos que algún legislador del Partido Colorado va a votar los tres capítulos. Y un senador del Partido Nacional nos prometió su apoyo”, señaló Percovich. El Senado uruguayo tiene 31 miembros, de los cuales 17 pertenecen al Frente Amplio. Se necesita mayoría simple, es decir, 16 votos, para la aprobación de la ley.

Si logra sortear la Cámara alta, el paso del proyecto en Diputados sería más sencillo, augura la senadora Percovich. Quedará luego pendiente la amenaza de veto del presidente Vázquez. Aunque en su propio partido dudan de que en este nuevo escenario se atreva a rechazar una eventual ley que legalice el aborto. Sobre todo porque viene sufriendo un marcado descenso de apoyo a su gobierno por parte de la ciudadanía y, además, el último estudio de opinión marcó que un 65 por ciento de la población apoya la despenalización del aborto. “Tiene una familia muy católica, su mujer es de ir a misa todos los días y un hijo suyo es ex cura. Pero no creemos que se juegue en este momento”, opinó Percovich.

De aprobarse la ley, Uruguay se convertiría en el primer país de América del Sur en legalizar el aborto.

21.09.2007

El cura cumplía una preventiva en un convento, pero un fiscal pidió que fuera apresado y ahora la Justicia ordenó derogarle el beneficio de la prisión morigerada. Los denunciantes tenían entre 12 y 17 años cuando ocurrieron los presuntos abusos, en un Hogar de Tigre que el mismo imputado dirigía.
El cura José Antonio Mercau (50) había llegado a la parroquia del barrio López Camelo, en el partido de Tigre, hace 20 años. Allí levantó el Hogar San Juan Diego al que concurrían varones entre 12 y 17 años y un Centro de Apoyo Escolar. Pero la imagen del sacerdote cambió: fue detenido tras ser acusado de abusos sexuales, luego quedó libre, pero ahora deberá quedar preso en una comisaría.
En mayo de 2005 cuatro adolescentes se quebraron y denunciaron que el cura abusaba sexualmente de ellos, en algunos casos, desde 2001. En dos de esos casos dijeron que los obligó a mantener una relación sexual.
El cura fue citado a indagatoria por un fiscal de Pacheco y negó todo. Su abogado, Juan Carlos García Dietze, aseguró a Clarín que el cura reiteró que era inocente y sugirió que había “algunos testimonios forzados e intereses desconocidos en las denuncias de los jóvenes”.
De madrugada nos venía a buscar y nos llevaba a su dormitorio. Pasaba hasta dos veces por semana y el sábado. Empezaba con besos en la boca y después se rezarpaba. A veces también se metía en el baño y cuando nos bañábamos se quedaba mirando o alcanzaba la toalla”, coincidieron los jóvenes en sus declaraciones.
Después de las denuncias, Mercau dejó la parroquia y el Hogar, y estuvo preso casi dos meses en una comisaría de Benavídez.
El fiscal Jorge Strauss lo acusó del delito de corrupción de menores reiterada y agravada (en dos casos con acceso carnal) y gravemente ultrajante perpetrado en forma continuada y calificados por la calidad del autor y situación de convivencia preexistente con los menores.
La jueza de Garantía María Elena Márquez elevó entonces la causa a juicio oral. La defensa del cura apeló y ahora el expediente está en la Cámara de Casación provincial. En tanto, el sacerdote fue beneficiado por una libertad morigerada.
A pedido de sus superiores eclesiásticos, Mercau fue enviado a cumplir el arresto a un convento de monjes benedictinos en Los Toldos.
Pero ahora, tras un pedido de la Fiscalía de Pacheco que investiga un quinto caso, el Juzgado de Garantías 2 de San Isidro, a cargo del juez Orlando Díaz, ordenó sacarle el beneficio de la prisión morigerada y enviarlo a una comisaría, aunque todavía no se decidió en cuál (ver video de TN).
Esta semana el cura volvió a la Fiscalía de Tigre a cargo de Marcelo Lloret para responder por la quinta denuncia. Su salida fue en medio de un escándalo.
Para los abogados que representan a los menores no hay dudas. “Todas las pericias psicológicos que se hicieron con los chicos dieron claramente indicadores de situación de abuso. Los testimonios son coincidentes y sólidos. El cura en cambio se negó siempre a someterse a una pericia”, explicó Mariana Zárate, una de las querellantes.
http://www.clarin.com/diario/2007/09/21/um/m-01503739.htm

EL MAXIMO TRIBUNAL DE ENTRE RIOS FALLO A FAVOR DEL DERECHO AL ABORTO NO PUNIBLE

La Corte sostuvo que no es necesaria una autorización judicial para un aborto no penado por el Código. Así, abrió la puerta para que pueda interrumpir el embarazo una chica con discapacidad que fue violada. El fallo limitó la patria potestad del padre de la joven que se había opuesto al aborto. Velada crítica a sectores católicos.

Por Mariana Carbajal

Marta Gauna, la madre de MFC, viene reclamando desde hace un mes la interrupción del embarazo de su hija, que fue violada.

El Superior Tribunal de Entre Ríos se pronunció ayer a favor de los derechos de MFC y allanó el camino para que a la joven de Paraná, que tiene una discapacidad profunda y fue violada, se le haga el aborto no punible que reclama hace más de un mes su madre. La Sala 2 dejó firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil –que había levantado la prohibición para la práctica médica–, al rechazar en forma unánime el recurso presentado por el padre biológico, quien planteó su oposición a la intervención.

La Corte provincial no sólo descalificó la legitimidad del hombre para opinar, dado que se “olvidó de su hija durante más de 15 años”, sino que además objetó su sorpresiva aparición en la causa judicial para obstaculizar la interrupción del embarazo “ante la presión de ‘factores exógenos’”, en clara alusión a los intereses de su abogado, un conocido militante católico de Paraná. Con extensa fundamentación, el Superior Tribunal ratificó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal, que define los abortos no punibles, y destacó que no se requiere autorización judicial para realizarlos. Y que en el caso de MFC, sólo su madre, que es la representante legal, tiene atribuciones para decidir.

En síntesis: cuestionó la judicialización del acto médico.

El drama de MFC todavía no terminó. Falta aún la realización del aborto. “Esta semana, el Comité de Bioética del Hospital Materno Infantil de Paraná se pronunció a favor de la realización de la intervención, pero quedaron en reunirse nuevamente mañana (por hoy) una vez conocido el fallo del Superior Tribunal”, contó ayer a Página/12 Marta Aguilar, de la organización Mujeres Tramando, una ONG de Paraná que viene acompañando junto a la delegación local del Inadi a la familia de MFC desde que el caso llegó a la Justicia, hace ya más de un mes. En diálogo con este diario, el ministro de Salud provincial, Gustavo Bordet, aseguró que garantizará la concreción del aborto no punible “previo dictamen médico sobre la factibilidad de la intervención sin poner en riesgo la vida de la adolescente”. Según pudo saber este diario, Bordet ha tenido contacto con autoridades sanitarias de la Nación por este tema. Se buscará realizar la práctica en estricto secreto para evitar presiones y amenazas de sectores fundamentalistas sobre el cuerpo médico, como ocurrió en casos similares en el último año en un hospital público de la ciudad de Mendoza y en otro de La Plata.

“Yo sigo adelante con mi decisión mientras ella no corra peligro”, dijo ayer a este diario Marta Gauna, la madre de MFC, en diálogo telefónico desde su casa en el humilde barrio Humito, de las afueras de Paraná. La Corte provincial ratificó ayer su “indiscutible legitimidad” para decidir en relación con el aborto no punible de su hija. MFC es la cuarta de sus diez hijos. Los cuatro mayores los tuvo con Colman, quien en los últimos 16 años no tuvo ningún contacto con ellos. Ni se ocupó de pasarles una cuota alimentaria ni se preocupó por su educación. MFC ni siquiera lo reconoce. Estos hechos fueron enumerados por el defensor oficial de Gauna, Pablo Barbirotto, para descalificar los intentos del padre biológico de bloquear la intervención médica. Concretamente, Barbirotto argumentó que Colman había perdido el ejercicio de la patria potestad de MFC, y la Corte provincial le dio la razón. Es destacable la actuación en el caso de este joven defensor oficial. Vale recordar que Barbirotto asumió la representación de Gauna con menos de diez días de antigüedad en el cargo, al que accedió como suplente.

El fallo del Superior Tribunal fue firmado ayer por los integrantes de la Sala 2 en lo Civil y Comercial, Juan Carlos Ardoy, Emilio Castrillón y Leonor Pañeda. Al rechazar de plano el recurso del padre biológico, los vocales de la Corte entrerriana dejaron firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que había revocado la prohibición para practicarle el aborto no punible a MFC dispuesta por la jueza de Menores de Paraná Claudia Salomón, a pedido de una defensora oficial en representación del feto. Después vendría otro obstáculo más: la sorpresiva oposición del padre biológico.

En toda esta maraña judicial se perdieron cinco semanas, en un caso en el que el paso del tiempo es un factor fundamental y puede convertirse en el principal obstáculo para el acceso al derecho que tiene MFC para interrumpir ese embarazo, producto de una relación forzada. Hoy, la jovencita, cuya edad mental es la de una nena de 5 años y tiene dificultades para controlar esfínteres, lleva 18 semanas y media de gestación.

Ardoy, uno de los vocales del Superior Tribunal, no pasó ese aspecto por alto y cuestionó en duros términos la actitud del padre biológico, que representado legalmente por el abogado Mario Martínez, un activo militante católico –tal como reveló Página/12– “esperó hasta el octavo día para deducir el recurso que aquí trato, cuando es evidente que con esta demora se desprotegía a la menor violada (…) dada la continuidad obligada del período de gestación”. Ardoy también fustigó la actitud de Colman de presentarse en la causa, para oponerse a un aborto no punible, cuando se trata de “un progenitor que olvidó de su hija discapacitada – profundamente discapacitada– durante más de 15 años y que, ante la presión de ‘factores exógenos’, que son prácticamente de conocimiento público, aparece ofreciendo la afiliación de la menor –y eventualmente– del futuro nieto, a su obra social, como si ese hecho alcanzara para proteger a un niño en su asistencia diaria”.

A lo largo del fallo de 21 páginas, al que accedió este diario, la Corte entrerriana ratificó que “no es necesaria autorización alguna” para la concreción de un aborto no punible, contemplado en los supuestos definidos en el artículo 86 del Código Penal, esto es, cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer o “el embarazo es producto de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. Además, tomando en cuenta los argumentos ya vertidos en el fallo de segunda instancia, defendió extensamente la constitucionalidad de esa norma. Esta es la tercera Corte provincial que se pronuncia en el mismo sentido en ambos puntos en el último año: antes lo hicieron los máximos tribunales de Buenos Aires y Mendoza.

Entre tantos términos jurídicos, el vocal Castrillón se ocupó de recordar la tragedia de MFC, una menor “sometida brutalmente por un extraño aprovechando una madurez de una niña de tres a cinco años, cuyo principal juguete es una bolsa de ladrillos Rasti”.

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Por Mariana Carbajal

Los vocales del Superior Tribunal se ocuparon de descalificar la actuación de la jueza de Menores Salomón, la responsable de que por estos días todavía MFC no haya accedido al derecho de realizarse un aborto no punible, al dictar una medida de no innovar que prohibió la práctica médica a la jovencita en todo el territorio entrerriano. Al referirse a la decisión de interrumpir un embarazo contemplado por la ley, el juez Emilio Castrillón señaló: “… Una cosa es la autolimitación de quienes detentan derechos individuales, y profesionales, los que actuarán conforme su conciencia, sus creencias y sus derechos y deberes profesionales y, otra, la posibilidad de entrometerse sin basamento legal en los derechos de terceros, quienes manifiestan firmeza personal en la voluntad de ejercerlos con albedrío y libertad, dentro de los límites impuestos por el derecho que regula la coexistencia humana en función de justicia”.

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Los puntos centrales de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Paraná, que ayer quedó firme, fueron resumidos en el fallo del Superior Tribunal de la siguiente forma:

- “Si bien la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4º inciso 1º y la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 1º, protegen el derecho a la vida, desde su concepción, este principio admite regulaciones y una de éstas es la que se encuentra en el artículo 86, inciso 2 del Código Penal.”

- “Si bien en el ordenamiento nacional vigente la decisión de interrumpir el embarazo está fundamentalmente vedada, el nasciturus no es receptor de un derecho absoluto.”

- El artículo 86 inciso 2 del Código Penal, que prevé la no punibilidad del aborto cuando el embarazo proviene de una violación a una mujer con discapacidad mental, “implica el ejercicio en conjunto de conductas libres y responsables de la representación legal del incapaz y los médicos intervinientes y que no requiere autorización judicial”.

- “La constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal ya ha sido resuelta por la Corte Suprema de la Nación en 2001 en la causa ‘Taurus Silvia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires’, cuando se planteó el pedido de aborto no punible ante un caso de anencefalia.”

- “Apartarse de la esfera de libertad de decisión que admite la regulación vigente sobre el aborto no punible implica la intromisión de la autoridad, contraria a las previsiones del artículo 19 de la Constitución Nacional” que dice que: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún ciudadano será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”.

- “Es función del Poder Judicial aplicar la ley y que si los cambios sociales, culturales, científicos imponen su adecuación, ello deberá ser objeto de tratamiento por parte del Poder Legislativo y no por vía de la interpretación judicial, que puede llegar a conclusiones disímiles, afectando la seguridad jurídica y el principio de división de poderes”.

Viernes, 21 de Septiembre de 2007

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La judicialización de los pedidos de aborto de las chicas de Guernica y de Mendoza son el antecedente más próximo del reclamo iniciado por la mamá de la joven de Entre Ríos y que ayer obtuvo la respuesta favorable de la Justicia. Las madres de ambas jóvenes con discapacidad, que quedaron embarazadas producto de una violación, solicitaron la intervención amparada en el artículo 86 del Código Penal, pero debieron esperar la autorización judicial para llevarlo a la práctica.

El primer pedido fue realizado por la madre de L.M.R., una joven con discapacidad que había sido violada presuntamente por su tío. La solicitud fue avalada por un fallo de la Suprema Corte bonaerense, que además exhortó al gobierno provincial a brindar a la familia la asistencia necesaria que permita asegurar su salud, tratamiento y satisfacción de las necesidades sociales básicas.

“Es un tema muy espinoso, difícil y de conciencia. Pero lo que no se banca más es la hipocresía, y creo que la mayoría de la Corte entendió eso”, declaró en ese momento el gobernador Felipe Solá. La judicialización del caso fue debido al pedido de la asesora de Menores que salió en defensa de la vida del niño por nacer.

El otro caso ocurrió en Mendoza. La madre de una joven, de 25 años, con discapacidad, pidió la interrupción del embarazo en el Hospital Militar de la capital provincial, pero fue negado hasta tanto no consiguiera autorización de la Justicia. La joven fue intervenida luego de pasar por las mismos obstáculos que la chica de Guernica: tuvo que esperar un fallo favorable de la Corte mendocina.

jueves 20 de septiembre, 6:41 PM

Buenos Aires, 20 de septiembre (Télam).-

Nueve docentes de un colegio católico de Junín que dictaban clases sobre educación sexual y prevención de sida fueron amenazados de muerte por realizar esta actividad, por lo que permanecen con licencia psiquiátrica en sus domicilios, donde tienen custodia policial.

Los docentes del colegio católico Padre Respuela fueron amenazados por teléfono y por carta con mensajes que “denotaban fanatismo religioso, al tiempo que hacían referencia al movimiento de sus hijos y de toda su familia”, dijo a Télam Susana Boguey, delegada de SUTEBA en Junín.

“Sos una pecadora y la muerte de tus hijos serán sacrificios a la Virgen”, refería uno de los mensajes recibidos por los docentes, quienes dictan distintas asignaturas, pero que además dan clases sobre educación sexual y uso de preservativos para prevenir el sida.

Los docentes de la escuela resolvieron hoy no dictar clases en solidaridad con sus compañeros, mientras que el fiscal Alberto Arostegui investiga el origen de las amenazas, para lo cual intervino todos los teléfonos celulares de los maestros y una línea fija del establecimiento escolar.

Una brigada de la policía bonaerense especializada en “delitos religiosos” se instaló en Junín e investiga una de las hipótesis que señala a un grupo religioso como el origen de los mensajes intimidatorios.

También investiga a quien se señala como uno de los principales sospechosos de haber instigado las amenazas, el apoderado legal del colegio el párroco Alejandro Gwerder.

El religioso “hace dos años que se hizo cargo del colegio e impuso una educación católica muy ortodoxa, al tiempo que amedrentaba a los docentes, discutía y hasta llegó a irrumpir en medio de las clases de educación sexual que brindaban los maestros”, destacó Boguey.

Gwerder, quien pertenece a la arquidiócesis de Mercedes-Luján, presentó la renuncia a su cargo de apoderado legal al tomar estado público las investigaciones y luego de que anoche una marcha de alumnos, padres y docentes, de la que participaron unas 200 personas, apoyó a los nueve docentes amenazados.

Fuentes allegadas a la investigación dijeron a Télam que el fiscal Arostegui “no tomará declaraciones indagatorias por el momento” y espera a que uno de los alumnos “testimonie qué vio cómo Gwerder amenazaba a los docentes”.

El apoderado del colegio “venía de otras parroquias donde también tuvo conflictos por sus actitudes, vino a esta escuela acompañado por personas de los lugares anteriores donde estuvo y se rodeó de un grupo minoritario de padres que lo apoyaban”.

Los llamados intimidatorios “describían exactamente el movimiento de los hijos de los docentes y los amenazaban para que renuncien a sus funciones”, detalló una fuente de la investigación.

La dirigente de SUTEBA destacó que el gremio, además de solicitar el esclarecimiento del caso, denunció que muchos docentes de colegios privados de Junín también son amenazados cuando deciden plegarse a huelgas.- (Télam)

MIAMI (AFP) - Un estudiante de la Universidad de Florida fue detenido y paralizado con una pistola eléctrica por la policía luego de que se excediera en su turno de preguntas durante un foro en ese centro de estudios con el senador demócrata y ex candidato presidencial John Kerry.

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Andrew Meyer fue detenido por cuatro policías, arrastrado fuera de la sala donde se realizaba el evento y paralizado con una pistola eléctrica por policías de la Universidad mientras exigía a gritos que lo soltaran, según pudo verse en videos difundidos por internet.
Las imágenes muestran al estudiante intentando zafarse de cuatro policías que lo levantan en el aire y lo tiran al suelo mientras Kerry buscaba calmar la situación afirmando que contestaría a sus preguntas.
Meyer le preguntó al senador demócrata por qué el Congreso no inicia un juicio político al presidente estadounidense, George W. Bush, y quiso saber además si el mandatario y Kerry integraban la secta secreta Skull and Bones en la Universidad de Yale.
El estudiante “formuló varias preguntas y no paraba de hablar (…) se molestó cuando le apagaron el micrófono”, dijo hoy Steve Orlando, vocero de la Universidad de Florida a la cadena CNN.
La Universidad inició una investigación sobre el hecho para determinar si la policía se excedió en el uso de la pistola eléctrica contra el estudiante.

Pesadilla estadounidense

Skull and Bones, la élite del Imperio

En el seno de la muy elitista y puritana Universidad de Yale, son escogidos cada año por cooptación quince hijos de muy buenas familias. Estos forman una sociedad secreta de ritos morbosos: los Skull and Bones (Calavera y Huesos). A lo largo de su vida se apoyan y ayudan entre sí ante las veleidades democráticas de la plebe que aborrecen. Lejos de ser adversarios, los dos candidatos de la más reciente elección presidencial, George W. Bush y John Kerry, se codeaban en secreto desde hace 36 años en el seno de esa cofradía. La investigación de Alexandra Robbins sobre los Booners constituye hoy un trabajo de referencia. Su libro estará disponible en francés la próxima semana.

           

 

 

18 de enero de 2006

 

Desde

París (Francia)

 

La asociación Skull & Bones ha inspirado una importante literatura conspiracionista que responsabiliza a sus miembros con el escándalo Watergate, la invasión de Bahía de Cochinos y aun con el asesinato de John F. Kennedy. Gracias a sus conexiones con el mundo de los negocios, sobretodo con el sector bancario, estos antiguos compinches de la Universidad de Yale controlarían las finanzas mundiales, y hasta el porvenir del planeta. Los Skull & Bones se habrían infiltrado en el Council on Foreign Relation, la Comisión Trilateral, la CIA, etc.

http://www.voltairenet.org/article133892.html 

 No se trata de discutir en Voltaire, una publicación laica, sobre el esoterismo practicado en esta organización durante los ritos de iniciación, o sus ceremonias anuales, sino de analizar su función social y su posible papel político. Los Skull & Bones son ante todo la ilustración de la manera cómo, en Estados Unidos, se ha perfeccionado un sistema de reproducción de las élites mediante una selección que, contrariamente al mito del self-made man, no tiene nada que ver con el azar o las cualidades individuales. En efecto, como subraya Anthony Sutton, los miembros más activos de la organización proceden de un «núcleo de unas 20 ó 30 familias», muy interesadas en la defensa de su legado y su linaje. Es por ello que son numerosos los matrimonios entre representantes de las familias a las que pertenecen los miembros de Skull & Bones, aunque únicamente los estudiantes varones eran admitidos, hasta hace poco, en la organización.

Yale, universidad puritana y elitista

 Los Skull & Bones nacieron en el campus de la Universidad de Yale, lo cual, según la notable investigación de la periodista del Atlantic Monthly, Alexandra Robbins, no es nada de casual [1].

 A principios del siglo XVIII, el conjunto de universidades estadounidenses, ya sean Harvard, Williams, Bowdoin, Middlebury o incluso Amherst, fueron fundadas por congregacionalistas, pero se enfrentaban entonces a la competencia de los presbiterianos, lo que incitó a actuar al presidente de Harvard, Increase Mather. En 1701, éste deja su puesto y crea una nueva universidad «para que el interés de la Religión sea preservado, y que la Verdad sea transmitida a las generaciones futuras». Con la ayuda de diez pastores, nueve de los cuales venían de Harvard, logra fundar así la Collegiate School of Connecticut. En 1711, Isaac Newton, Richard Steel y Elihu Yale son contactados para que transfieran a la nueva institución algunos libros de sus colecciones personales. Los contactos con Yale, quien se había hecho extremadamente rico gracias a sus actividades en el seno de la Compañía de las Indias Orientales y como gobernador de la colonia de Madrás, fueron particularmente fructíferos. Además de proveer libros, Yale financia generosamente la universidad, que le rinde homenaje adoptando su nombre, Yale University, a partir de 1720.

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Diario Jornada Digital - MENDOZA

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El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, declarará este jueves las circunstancias en que el ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich decía que los vuelos de la muerte “se hacían para salvar a la patria del comunismo internacional”.

Así lo anticipó a Télam el fundador del Servicio Paz y Justicia, quien este jueves prestará su testimonio en la audiencia del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sigue al sacerdote por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar.

El testimonio de Esquivel se sumará a anteriores que ponen en evidencia el papel de la iglesia durante la dictadura militar, con distintos matices y grados de responsabilidad.

Pérez Esquivel declarará como sobreviviente de los vuelos de la muerte y por el relato que le hiciera el ex militar Adolfo Scilingo, quien se encuentra detenido en España, condenado a 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

“Scilingo me confesó que participó en dos vuelos de la muerte arrojando cerca de 30 personas y que al llegar con los aviones a la base, el ex capellán los esperaba y les daba misa”, recordó.

Según el Premio Nobel, Scilingo dijo que Von Wernich tranquilizaba a los represores diciéndoles que “habían dado una muerte cristiana” a los detenidos que arrojaban a las aguas del Río de la Plata adormecidos.

 

También hará mención de sus encuentros con el nuncio apostólico Pío Laghi, a quien veía para pedir ayuda y para que denuncie los secuestros cometidos por la dictadura.

 

“¿Qué quiere que haga? Aquí estuvieron los comandantes y yo les reclamo por la vida de las personas, pero no puedo hacer lo que los obispos argentinos no quieren hacer”, le señaló Laghi ante el pedido de Esquivel.

Sin embargo, reconoció que “no todos los obispos ni todos los religiosos están conformes. Hay quienes han alzado su voz, quienes

luchan y comparten el derecho del pueblo a un juicio justo, pero no a una situación de secuestro y desaparición de personas”, dijo.

Pérez Esquivel, ingresó en los ’60 al Movimiento Cristiano No Violento y en 1973 fundó el Movimiento Ecuménico Paz y Justicia que derivó luego en el Servicio Paz y Justicia que preside.

Su lucha denunciando el secuestro y la desaparición de personas en Latinoamérica le valió su primera detención en 1975 por la policía brasileña y más tarde en Ecuador, junto a otros religiosos.

En abril de 1976 fue secuestrado en Buenos Aires, y trasladado a la Superintendencia de Seguridad Federal, donde permaneció durante 34 días y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo, permaneciendo detenido 14 meses en la Unidad 9 de La Plata.

Durante su cautiverio fue sometido a tormentos físicos y psicológicos hasta que debido a la presión internacional fue puesto en libertad vigilada.

En 1980, recibió el Premio Nobel de la Paz por su activa lucha en defensa de los derechos humanos. Con la declaración del Premio Nobel, finaliza la etapa de audiencias en el juicio que desde el 10 de julio tiene como acusado a Christian Von Wernich de siete homicidios, 41 privaciones ilegales de la libertad y tormentos.

Además de Pérez Esquivel está previsto que declaren este jueves los civiles Roberto José María Durrieu, Roberto Julio Arturo Bullrich, Alberto Rodríguez Varela, Jaime Lamont Smart, Juan Torino, Edgardo Frola, Héctor Munilla Lacasa, Rubén Oscar Páez y Darío Delfín Rojas.