Observatorio Ateo de Argentina

La otra relación con la Iglesia
Gobierno y obispos se llevan públicamente mal, pero en lo político. En otros rubros la relación entre la Iglesia y el Estado es múltiple, aceitada y regida por legislación de la dictadura. El resumen es que los sueldos de obispos, párrocos de frontera y hasta seminaristas se pagan con dinero público.
Por Mario Wainfeld

La relación entre el Ejecutivo nacional y la jerarquía de la Iglesia Católica no es buena. El diálogo no fluye, la comunicación escasea. Eso, en materia política, se entiende. En otros rubros, los flujos de información se intercambian a diario. Se transmiten altas y bajas burocráticas, se detallan datos sobre sacerdotes y seminaristas, se remesan partidas. Ocurre que, según la interpretación legal vigente de la Constitución, el Estado paga haberes mensuales a obispos y a párrocos de frontera. También obla una cápita por seminarista. Las cifras, como todo lo que hace al gasto público, son controversiales, aunque (a diferencia de lo que ocurre en otros casos) poco se las conoce. Un obispo diocesano, como Jorge Bergoglio o Jorge Casaretto, percibe una mensualidad de 7287,13 pesos. Los purpurados que se retiran reciben una significativa “asignación mensual y vitalicia”. La norma respectiva alude a retiros por edad o por motivos de salud, pero quienes se alejaron de sus obispados por causales más chocantes también acceden al subsidio. Entre ellos Edgardo Storni, quien renunció al obispado de Santa Fe envuelto en escándalos sexuales y económicos por los que está siendo juzgado penalmente, y Juan Carlos Maccarone, despedido del obispado de Santiago del Estero por revelaciones sobre su vida personal. La expresión “jubilación de privilegio”, tan denostada cuando concierne a laicos, suena demasiado piadosa en ciertos casos.

La Constitución nacional estipula que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Regular ese mandato queda sujeto a legislación ulterior. Las que rigen la cuestión que nos ocupa fueron sancionadas durante la dictadura militar, algo digno de mención.

El sostén del culto se efectiviza por conductos muy variados, lo que dificulta una estimación global de los recursos imputados, que se canalizan a través de casi todos los ministerios del gabinete nacional. Un cálculo riguroso exigiría tomar en cuenta las generosas exenciones impositivas en danza.

Un puntal del sostén del culto son los aportes para la educación privada, cuya magnitud amerita un debate de gran densidad, ajeno a este artículo.

La subsistencia de capellanes y obispos castrenses, pagados con fondos públicos, es una rémora antirrepublicana de los infaustos discursos autoritarios que enraizaban a la cruz con la espada. Su pervivencia en el siglo XXI es un anacronismo en el que incurren pocas naciones. Chile es una de ellas, tributando al peso que aún conserva el pinochetismo en su esquema de poder. Conseguir una nómina precisa de la cantidad de capellanes castrenses y de los dineros públicos destinados a su actividad excede las competencias de esta nota y de su autor. La información pública se extravía en varios despachos, casi nadie sabe, casi todos no contestan. Los pagos a obispos, seminaristas y párrocos de frontera, en cambio, son relativamente sencillos de aprehender. Página/12 tuvo acceso a la documentación.

Papeles en regla

El Programa de registro y sostenimiento de Cultos es el número 17 del Presupuesto nacional. En el ejercicio 2007 se han asignado poco más de 16,6 millones de pesos para las “transferencias” que se reseñan en esta nota. El organismo de ejecución es la Secretaría de Culto, dependiente de la Cancillería. Los fondos no se entregan personalmente a los beneficiarios, se envían a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que tiene a su cargo la distribución.

Eso sí, las resoluciones respectivas detallan los nombres y apellidos de los obispos o sacerdotes y los importes que les corresponden. La partida general para el mes de marzo fue de $ 1.391.992, lo que multiplicado por doce se empareja con la previsión anual. Claro que los números podrían ser retocados en alza, si hay decisión en tal sentido, merced a las amplias facultades (alias superpoderes) delegadas al Ejecutivo en la persona del jefe de Gabinete.

Varios son los rubros por los que se remesa dinero a la CEA. Vaya un repaso a vuelo de pájaro.

a) Sostenimiento del clero argentino: Es una cápita de 336 pesos por seminarista, en base a cifras que proporcionan las respectivas jurisdicciones eclesiásticas.

b) Asignaciones para los obispos diocesanos y auxiliares: Corresponden $ 7287,13 a aquéllos y 6376,24 a éstos.

c) Asignaciones de $ 470,40 por párroco de frontera.

d) Asignaciones mensuales y vitalicias de $ 530 a un grupo particular (mínimo) de sacerdotes seculares.

e) Asignaciones mensuales y vitalicias a obispos retirados, que oscilan entre $5465,35 y $ 6376,24.

En ningún caso se trata, técnicamente, de sueldos, lo que tiene distintas implicancias. No existen aguinaldo ni pago de vacaciones. Tampoco tributan impuestos ni cargas sociales de ninguna especie. El Estado no retiene, por caso, impuesto a las ganancias. Los beneficiarios no hacen aportes jubilatorios.

Razones y sinrazones

Las diferencias antedichas no obstan a que los haberes en cuestión cumplan el rol de salarios, por su regularidad. Funcionarios avezados explican que en muchos casos el dinero no deriva al patrimonio personal del beneficiario sino que se consagra a gastos de la respectiva diócesis. Las normas no consagran ningún control al respecto, ni obligación de informar sobre el destino del dinero pagado.

El argumento de los gastos de la diócesis no parece aplicable al caso de las asignaciones vitalicias y mensuales a las que tienen derecho los obispos eméritos, esto es, retirados. La legislación prevé el beneficio para quienes se alejan por razones de edad.

Pero acceden a esa mesada Edgardo Storni (como ya informó el periodista Horacio Verbitsky en este diario) y Juan Carlos Maccarone, quienes no dimitieron por el transcurso del tiempo o la enfermedad. Storni se retiró en medio de un escándalo de proporciones, acusado de abusos sexuales y malversación de fondos. Afronta juicios penales por esas causas. Maccarone fue desplazado tras habérsele probado relaciones homosexuales con fieles de su grey.

Seguramente se los beneficia merced a una interpretación extensiva de la norma. “Se paga a los eméritos”, explican en Cancillería, dando cuenta de una pirueta burocrática, favorable a los beneficiarios. El lector justipreciará si la interpretación es demasiado caritativa o algo peor.

El rango de los guarismos está predeterminado por ley. La que otorgó mensualidad a los obispos, en su texto original, la determina en el 80 por ciento del salario de un juez de primera instancia.

La asignación vitalicia que hace las veces de jubilación garantiza el setenta por ciento del sueldo del presidente de la Nación, excluidos los gastos de representación. Su montante ubica a los prelados muy por encima de la media de los trabajadores argentinos, aun de casi todos los funcionarios.

Antecedentes republicanos

El régimen actual se sustenta en leyes de matriz dictatorial, no se remonta a los orígenes de la patria. La ley 21.950, que estableció la asignación mensual a dignatarios católicos, fue dictada por Jorge Rafael Videla y conformada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Los mismos demócratas rubricaron la ley 22.161 que previó una asignación mensual a curas párrocos de frontera. La ley 22.950, firmada en octubre de 1983 (ya de salida) por el republicano Reynaldo Benito Bignone, impuso el “sostenimiento para la formación del clero de nacionalidad argentina”. Sucesivos gobiernos democráticos, incluido el actual, no introdujeron cambios relevantes en esas normas.

Su (previsible) correspondencia ideológica con la dictadura es un tema abierto a debate. La institución de los párrocos de frontera tributa sin duda a una idea perimida y nazionalista con zeta de los límites territoriales, muy propia del pensamiento militar del siglo pasado y muy chocante a la actual tendencia de integración regional. “Garantizar” la presencia de sacerdotes argentinos como un dique a temibles invasiones bárbaras de brasileños, chilenos, paraguayos, uruguayos o bolivianos. Es innegable el tufillo de las “hipótesis de conflicto” que cimentaron el pensamiento estratégico autoritario nativo.

Transparencia, igualdad, debate

Toda ley debe aplicarse, al mismo tiempo es discutible y mejorable. En todo caso, son muy contados los países no fundamentalistas cuyos Estados pagan sueldo a obispos. No lo hacen Uruguay, Brasil ni Chile, por dar ejemplos de repúblicas muy vinculadas a la Argentina, usualmente mentadas como ejemplos para la civilidad.

La relación entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Estado argentino amerita, como se postula en estos días, un debate profundo de raíz republicana. En ese trajín, un issue interesante sería debatir acerca de si los recursos que recibe la Iglesia se avienen a las reglas republicanas y al principio de igualdad, cardinal en la Constitución.

En la modesta percepción del cronista, las jubilaciones privilegiadas no cumplen esos requisitos. No es un cuestionamiento personal a quienes las reciben, entre quienes se cuentan obispos de razonable reputación pública como Justo Laguna y también un referente moral y ejemplo de vida como Miguel Hesayne. Se trata de un tema institucional.

Y las pagas de por vida son afrentosas si, para colmo, se confieren a quien ha sido acusado, con enorme fundamento, de delitos de toda laya.

Muy pocas leyes relevantes de la dictadura subsisten vigentes hoy día, frisando un cuarto de siglo de consolidación democrática. Las contadas que perduran están muy vinculadas a factores de poder: la de radiodifusión y las que terminamos de glosar. Todo un detalle.

 http://www.pagina12.com.ar

“Por ese rubro, el Episcopado (…) recibe la suma de 16,6 millones de pesos anuales. Con ese dinero se financian, entre otras cosas, los pagos de estas jubilaciones de privilegio.

La figura legal del beneficio se llama en realidad “asignación mensual y vitalicia” y fue establecida por la ley 21.540, firmada por Videla el 25 de febrero de 1977.

Fue publicada en el Boletín Oficial el 3 de marzo de ese año. Hoy puede leerse en la página oficial de la Secretaría de Culto de la Nación.”

Santa Fe, 16 de Octubre de 2007

http://www.sinmordaza.com/

Martes, 16.10.07 Una pequeña ayuda de 7 mil pesos por mes

A pesar de que está procesado por abuso sexual, el antiguo arzobispo de Santa Fe Gabriel Storni goza de una jubilación de privilegio de 7000 pesos que el Estado otorga desde el gobierno de Videla a los obispos retirados. La Iglesia se la tramitó, aunque ni siquiera cumple los requisitos de edad para tenerla.En los años sesenta, cuando comenzó su actividad pastoral en Santa Fe, el ex arzobispo de esa ciudad Edgardo Gabriel Storni fue director de la publicación oficial de la curia. Hoy, dicen los que lo conocen, tiene un recelo extremo con la prensa en general y con algunos periodistas en particular. Esto, desde que el escándalo por el abuso sexual de un seminarista, caso por el que está procesado y listo para la sentencia, lo obligó a presentar su renuncia al cargo.De todos modos, Storni insiste en ser noticia por cuestiones que nada tienen que ver con el sacerdocio. Vuelve al centro de la escena porque se confirmó que, a pesar de su condición de procesado, recibe una jubilación de privilegio por la que percibe, en forma mensual, una suma de dinero que supera los 7 mil pesos. La norma que hace posible la retribución mensual que recibe Storni fue promulgada por el ex dictador Jorge Rafael Videla y aplicada en los primeros tiempos por su ministro de Economía, José Martínez de Hoz.Además del cuestionable beneficio a un procesado por un delito de índole sexual, el sueldo de Storni es ilegal incluso para las normas de la dictadura: debe aplicarse a los mayores de 75 años, y el cura imputado recién tiene 71. En tiempos en los cuales el gobierno de turno mantiene una ríspida relación con la Iglesia Católica , de todos modos se mantiene a pie firme, en el Presupuesto nacional, el programa de sostenimiento de Cultos. Por ese rubro, el Episcopado que hoy preside Jorge Bergoglio –férreo opositor al Gobierno– recibe la suma de 16,6 millones de pesos anuales. Con ese dinero se financian, entre otras cosas, los pagos de estas jubilaciones de privilegio. La figura legal del beneficio se llama en realidad “asignación mensual y vitalicia” y fue establecida por la ley 21.540, firmada por Videla el 25 de febrero de 1977. Fue publicada en el Boletín Oficial el 3 de marzo de ese año. Hoy puede leerse en la página oficial de la Secretaría de Culto de la Nación. El escándalo que involucró a Storni comenzó tras la denuncia por abuso sexual en su contra formulada por el seminarista Rubén Descalzo, luego abonada por el sacerdote José Guntern, que llamó la atención al ex arzobispo por su “serio desliz” y lo llamó a “tomar conciencia sobre la gravedad de sus actos” en una carta privada que luego fue de dominio público y que fue incorporada al expediente judicial. Ante la repercusión que tuvo el hecho, Storni renunció a su cargo el 21 de septiembre de 2002, en una carta enviada desde Roma. Su jubilación fue aprobada, por el secretario de Culto, Esteban Juan Caselli, el 27 de diciembre de ese año. Mientras hay jubilados –cuyo único delito fue trabajar de por vida– que esperan años para que le convaliden un haber previsional muchas veces irrisorio, el trámite de Storni tuvo una rapidez milagrosa. La resolución firmada por Caselli (ver facsímil), que guarda el protocolo de llamar a Storni “su excelencia reverendísima”, recuerda que la ley 21.540 “tiene como fundamento el mandato de sostener el Culto Católico Apostólico Romano prescripto en el artículo 2º de la Constitución nacional”. En el acto administrativo se asegura que la decisión se ha tomado porque “el recurrente (Storni) ha acreditado los extremos previstos por la norma legal” invocada. La cita es falsa, como lo demuestra la simple lectura del texto de la ley, que en su artículo tercero señala que gozarán de esta asignación los prelados que “acrediten setenta y cinco (75) años de edad o incapacidad, y que hubiesen cesado en sus cargos por alguna de dichas causales”. La incapacidad, queda claro, debe ser física y no por cuestiones legales como las que acechan a Storni. En el artículo primero de la ley 21.540 se dice que los arzobispos y obispos, al igual que el vicario castrense de las Fuerzas Armadas, tienen derecho a gozar del beneficio de una asignación mensual y vitalicia “por razones de edad o de invalidez”. El monto de ese haber será “equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”. Lo que se sabe, en concreto, es que Storni recibe más de siete mil pesos mensuales y que el haber es “móvil” y “reajustable” cada vez que “se modifique la remuneración correspondiente al cargo de juez nacional de primera instancia”, tal como lo establece la ley 21.540, en su artículo quinto. El dinero mensual que el Estado destina al Episcopado fue, en marzo pasado, de 1.391.992 pesos, lo que multiplicado por 12 llega a la cifra anual de 16,6 millones de pesos. El organismo de ejecución de esas partidas es la Secretaría de Culto de la Nación. Además de las cifras mencionadas, es posible la actualización inmediata de las mismas, de ser necesario. Eso es posible merced a las amplias facultades que tiene el Ejecutivo en la materia. Fortunato Mallimaci (ver nota aparte) propone que el tema de las asignaciones especiales a los obispos y arzobispos sea objeto de “una amplia discusión pública”. Como se dijo, la causa por abuso sexual contra Storni comenzó con la denuncia, en 2002, del seminarista Rubén Descalzo, quien aseguró que había sido abusado sexualmente por su superior. “Me hizo pasar a su departamento, donde sólo había una lámpara encendida. Hablamos mucho y convenció para que fuera. Cuando llegamos a la puerta me abrazó. El abrazo comenzó a prolongarse y me apretó más contra su cuerpo. Colocó su cara en mi cuello y me besó.” La causa, desde ese momento, tuvo muchas idas y venidas, pasó por varios magistrados, hasta que el juez de instrucción Darío Sánchez, recién en 2003, resolvió el procesamiento de Storni, a quien se imputa el delito de “abuso sexual agravado”. Storni sólo fue sobreseído, hasta ahora, en una causa en la que se lo señalaba como presunto instigador de la coacción denunciada por el sacerdote José Guntern, de 85 años, quien le envió al arzobispo una carta que lo señalaba como presunto autor de otros abusos contra seminaristas. “Esta no es una carta, sino una confidencia de amigo. Tuviste un serio desliz que afectó a un grupo en plena formación espiritual y humana. No te juzgo ni te condeno, no me corresponde. Sí te sugiero que reflexiones en Cristo y tomes conciencia de la gravedad de tus actos.” La carta fue escrita por Guntern luego de una conversación que tuvo con el ex seminarista Martín Lascurain, quien le aseguró que durante una estadía estival en Calamuchita, Córdoba, el arzobispo Storni había intentado “besarlo sexualmente”. Guntern reveló la información ante la prensa y una vez enviada la carta fue intimidado en la misma sede del Arzobispado para que se rectificara de sus dichos. El 22 de agosto de 2002, después de las nueve de la noche, Guntern fue llevado a la sede del Arzobispado. Allí estaban el canciller de la curia Carlos Sacatizza, los vicarios Hugo Capello, Edgard Stoffel y Mario Grassi y Marcelo Mateo, secretario privado de Storni. Allí lo obligaron a firmar una desmentida, en presencia del escribano Chaminoud, amigo del ex arzobispo Storni. El sacerdote firmó la rectificación, pero luego hizo la denuncia por coacción ante el juez Julio César Costa, lo que complicó la situación de Storni, aunque fue sobreseído como presunto instigador de la intimidación. A mediados de este año, la causa contra Storni por abuso sexual fue enviada al juzgado de sentencia y ahora se espera el fallo. En Santa Fe no hay juicio oral y las sentencias son por escrito Fuente: Rosario/12

Viernes, 12 de Octubre de 2007
ESTRATEGIAS DE GRUPOS ULTRACATOLICOS EN EL ENCUENTRO DE MUJERES
Los expertos en embarrar la cancha
Mientras miles de mujeres se instalan en Córdoba para participar del XXII Encuentro Nacional, ya se vislumbran las acciones de los grupos conservadores, que intentan frenar el debate central de estas jornadas: el reclamo del aborto legal.

Por Marta Dillon

El Encuentro Nacional de Mujeres comienza mañana, continúa el domingo con una marcha y finaliza el lunes.

El ambiente está caldeado. Palabras más, palabras menos, esa es la definición que comparten quienes integran la comisión organizadora del XXII Encuentro Nacional de Mujeres que comenzará mañana en Córdoba. Y no es una afirmación que pueda llamar la atención después de dos décadas de encuentros sostenidos en distintas ciudades del país. Es que no hay modo de que pase inadvertido el aluvión de miles de mujeres instalándose por tres días en una misma ciudad para “generar un espacio social y político que permita abrir debates e intercambios” que avancen hacia la concreción de los derechos que históricamente ellas reclaman; entre ellos el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Este reclamo es, justamente, el que genera tensión. Sobre todo en Córdoba, una provincia de tradición católica desde la que surgieron embates concretos contra los derechos sexuales y reproductivos, como la prohibición judicial en 2002 –exitosa en primera instancia– de la fabricación y venta de anticonceptivos corrientes o de la llamada píldora del día después, cuya prohibición consiguió la venia de la Corte Suprema de Justicia del año 2000. Los grupos denominados “pro vida”, que promovieron estas acciones legales, se preparan ahora mismo para intervenir en el Encuentro con el amparo de la Iglesia Católica, que desde hace al menos tres años repite la estrategia de enviar a sus militantes a los talleres para evitar que las conclusiones avancen en definiciones firmes sobre los derechos sexuales y reproductivos y también en relación a la familia, la prevención del VIH/sida o el rol de las mujeres en la sociedad.

“Que en sus páginas web los grupos ‘pro vida’ den instrucciones concretas sobre de qué modo tienen que participar las mujeres católicas en este Encuentro es algo similar a una provocación”, señaló Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir –feministas católicas que discuten que la prohibición del aborto sea dogma para la Iglesia–, “pero estos métodos no son desconocidos, al contrario, los vimos en otros Encuentros y no van a impedir que el sábado a las 18 se realice la asamblea de Estrategias por el Derecho al Aborto”, agrega. Esta asamblea, que tuvo su reunión inaugural en Rosario, en 2003, homogeneizó el reclamo por el derecho a decidir: desde entonces los pañuelos o las banderas verdes son claramente asociados con el pronunciamiento a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

También a partir de estas reuniones dentro de los Encuentros de Mujeres es que empezaron a nacionalizarse las actividades para hacer visible las consecuencias del aborto clandestino y convertirlo en un problema sanitario, como se lo reconoció después desde el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Pero esta concordancia con políticas –al menos declaraciones– oficiales es ahora un punto de quiebre dentro del movimiento de mujeres que se expresa en cada Encuentro: son numerosos los grupos de izquierda que cuestionan que como parte de las estrategias por el derecho al aborto se eleven petitorios al Estado, como sucedió el año pasado después de una nutrida marcha teñida de pañuelos verdes el 25 de noviembre, día en que se crea conciencia sobre la violencia contra las mujeres.

Córdoba ya fue sede del II Encuentro Nacional de Mujeres, hace ya veinte años, y a pesar de la fuerte impronta católica fundamentalista –otra prueba fue el ataque que recibió el artista plástico Alfonso Barbieri, este mismo año, cuando su obra fue destruida al grito de “Cristo Rey”– también el movimiento de mujeres goza en esa provincia de buena salud.

La comisión organizadora de este Encuentro espera que sean más de 30 mil las mujeres que asistan –el doble que el año pasado, en Jujuy–, en parte por la ubicación geográfica de la provincia, que permite a contingentes de todo el país acercarse con más facilidad. Es que parte de los principios del ENM es la autogestión y la autonomía, tanto institucional como de partidos políticos o del Estado. Desde principios de año, quienes están dispuestas a participar organizan todo tipo de actividades para financiar el viaje y la estadía, que compromete escuelas y organizaciones sociales para dar alojamiento y viandas a quienes lo soliciten.

La metodología de discusión es en talleres; hay más de 40 programados, que se abren a temáticas tan diversas como sexualidad, violencia, familia, trabajo, relación con los sindicatos, participación política, discapacidad, pueblos originarios, campesinas, prevención de VIH y ets, y un largo etcétera que revisa la vida pública y privada de las mujeres.

Es fácil revisar en Internet la intensa actividad de los grupos “pro vida” a medida que se acerca el Encuentro de Mujeres. Tanto en las páginas de Promoción y Desarrollo Humano (ProDeHU) como en las del Portal de Belén se ofrece material gráfico y teórico sobre “la defensa de la vida” en contra del llamado “Plan Kissinger”, que es el argumento más preciado de estos grupos a la hora de combatir los derechos sexuales y reproductivos. Este plan –según puede leerse en ProDeHu– tendería a limitar la “reproducción en los países del Tercer Mundo hasta que los países desarrollados alcancen niveles similares a los del nuestro” y esto se haría a través de leyes específicas –como las de educación sexual o de salud reproductiva–, pero también a través de la difusión “cultural y teórica de las ventajas de una familia pequeña, ya que teniendo menos hijos se tiene más dinero y posibilidades egoístas de diversión que se promocionan en diarios, revistas y en la televisión”.

Sin embargo la avanzada más concreta para alentar la participación de fundamentalistas en el ENM es un portal llamado “Mujeres de cuerpo y alma” (www.encuentro

cordoba.com.ar) en el que se ofrece un cuadernillo “de formación para el Encuentro de Mujeres” de 66 páginas donde se revisan temas clásicos como anticoncepción y aborto pero también “uniones civiles” y “rol social de la mujer”, con capítulos como “el objetivo: deconstruir la sociedad”, “La mujer: una buena excusa”, “El primer blanco: la familia”. Lo curioso –o no tanto– es que cuando se busca hacer contacto con los responsables de este sitio aparece la dirección: arquidiosesis

cordoba@gmail.com. La arquidiócesis, entonces, generosamente ofrece alojamiento, datos del funcionamiento de los talleres, historia de los Encuentros, argumentos para debatir y propone en cada caso “un mayor ardor pastoral y misionero”, alentando a poner el cuerpo “como lo hizo Jesucristo”.

Esta vocación de servicio –para casos concretos, claro– puede rastrearse en grupos como el Portal de Belén, que después de su arremetida contra la llamada “píldora del día después” en 2000, que terminó siendo infructuosa porque se limitó la fabricación de una marca en especial cuyo nombre estaba mal escrito en el fallo, sigue ofreciéndose a “patrocinar a las mujeres que padezcan consecuencias sobre su uso” ya que según una de sus militantes, Mónica Ríos, el Estado la ofrece “sin evaluar sus consecuencias”.

Estos grupos, además de su actividad en la web, ya marcharon el 28 de septiembre –día que en América latina se consagra a la lucha por el aborto legal– “para salvar muchas vidas” y organizan “adopciones de vidas”, que son ni más ni menos que grupos de oración para sostener durante nueve meses “a los niños en riesgo en los vientres de sus madres”, según invitan los ProDeHu.

Ni el grupo de Abogados Católicos –uno de cuyos miembros más activos es Alberto Solanet o el sacerdote Fernando Altamira, que patrocinó a las cordobesas Mujeres por la Vida para impedir que entre en vigencia la ley de Salud Sexual y Reproductiva en 2003– ni la Arquidiócesis local impiden que haya en Córdoba, más allá de la tensión, la efervecencia propia de lo que se promete también como una fiesta. “Los Encuentros Nacionales han servido para conocer nuestros derechos y revalorizar nuestras prácticas, generando iniciativas desde la perspectiva de género, muchas de ellas plasmadas ya en movimientos, leyes, espacios organizativos o producciones culturales; como impulsar accione por leyes contra la violencia familiar, ley de divorcio, patria potestad compartida, ley y programa de salud sexual y procreación responsable, campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, por jubilación del ama de casa sin aportes, ley de cupos, por la reglamentación de jardines maternales zonales y otras reivindicaciones y luchas”, dicen en la comisión organizadora mientras preparan, a horas de iniciarse, el acto de apertura en la Plaza España, en pleno centro de Córdoba.

El domingo será la marcha en la que históricamente los reclamos de género se hacen sentir con fuerza y el lunes siguiente el cierre y la elección de la nueva sede. “El Encuentro es un espacio social y político, pero también de alegría, porque nos encontramos, nos reconocemos, marchamos juntas y diseñamos el futuro”, sintetiza Mónica, una joven integrante de la organización que cuenta casi tantos años como Encuentros hubo hasta ahora.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/sociedad/3-92878-2007-10-12.html

Ese detalle en un recinto donde se administra justicia y que debe ser neutral. La entronización existente no se compadece con el alcance del art. 2 de la Constitución Nacional-que impone al Estado la obligación de sostener materialmente el culto católico y no, en cambio, la de apoyar una religión oficial o preferida-, ni con las garantías constitucionales de igualdad y libertad de cultos(art. 14 y 16 de la C.N)

http://uncutvideo.latino.aol.com/videos/fb75f4c7bab7d91fb84e5ffaa500584f

Por NESTOR IKEDA, WASHINGTON - Octubre 10, 2007

Para los creyentes en Argentina, Dios es su principal referencia de justicia. Pero no para Carmen María Argibay, miembro de la Corte Suprema, quien es atea.

Su ateísmo le ha valido algunos sinsabores en su carrera judicial de décadas. Durante su proceso de confirmación hace dos años y medio, la Iglesia Católica figuró entre sus tenaces opositores, que le criticaron además su abierto activismo por los derechos de la mujer.

“A veces los referentes de tipo religioso pueden ser contraproducentes porque deforman a favor de una de las partes o en contra de otra de las partes, justamente lo que no debería pasar con la recta decisión de un juez”, dijo a The Associated Press.

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Reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la Argentina

Sentencia histórica: el cura Von Wernich fue condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad
El Tribunal Oral 1 de La Plata sentenció al ex capellán de la Policía bonaerense por violaciones a los DD.HH. durante dictadura. El cura se mostró inmutable y la Iglesia Católica “conmocionada”
Es un fallo inédito de la Justicia argentina contra un religioso.

09.10.2007 | 19:38

Von Wernich, el primer cura juzgado y condenado por la Justicia en la historia de la Argentina. Fuente: Télam

La Plata – Christian Von Wernich, el ex capellán de la temible Policía Bonaerense que comandó el general Ramón Camps, fue sentenciado esta noche a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la Argentina.
Así lo dictaminó el Tribunal Oral 1 de La Plata presidido por el juez Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Isaurralde, quienes encontraron al religioso culpable de todos los delitos por los cuales se lo juzgaba, incluyendo siete homicidios, 31 caso de torturas y 42 privaciones ilegales.
Von Wernich es el primer sacerdote de la Iglesia Católica condenado en un juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. La Iglesia Católica envió esta noche un comunicado en el que manifiesta su conmoción por la participación de un cura en delitos de lesa humanidad.
El ex capellán deberá cumplir su condena de 50 años en el penal de Marcos Paz, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Aunque debido a que el año que viene cumple 70 años podría solicitar el pedido de arresto domiciliario.
La sentencia fue emitida por los mismos jueces que condenaron a reclusión perpetua al ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. El principal testigo de aquel proceso judicial, Jorge Julio López, permanece desaparecido desde hace un año, cuando finalizó su declaración en el recinto donde hoy fue celebrado el fallo contra el cura.
Tras conocerse el veredicto, decenas de manifestantes de distintas organizaciones de Derechos Humanos que aguardaban fuera del recinto estallaron en gritos y aplausos de euforia con la que celebraron el fallo.
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El genocida que se compara con Jesucristo

Luego de compararse con Jesucristo en sus últimas palabras frente al tribunal, Christian Federico Von Wernich llamó a la reconciliación de los argentinos. Claro que lo hizo sin arrepentimiento previo ni reparación del daño como lo indica y exige la doctrina católica. Horas después, el peso de la ley se abatía contra él. Y lo hizo de una manera furibunda: descargando la máxima condena posible.

Por Hernán Brienza* | 09.10.2007 | 18:24

De esta manera, el ex capellán de la policía bonaerense comandada por el inefable general Ramón Camps se convertía, así, en el primer miembro de la Iglesia Católica de América Latina en ser condenado por delitos de lesa humanidad. Y allí radica el valor histórico de esta jornada lluviosa que se registró hoy en La Plata.

Más allá de las chicanas judiciales interpuestas a último momento, el juicio demostró la participación de Von Wernich en el engranaje represivo de la última dictadura militar y no dejó lugar a dudas sobre su actuación en los distintos centros clandestinos de detención del llamado circuito La Plata, es decir, la comisaría quinta y octava, la Brigada de Investigaciones, Puesto Vasco, Arana y COT1 Martínez, entre otros. Allí, Von Wernich fue visto por decenas de testigos –que hablaron durante estos tres meses de juicio oral- y los jueces pudieron comprobar la relación que establecía con los detenidos desaparecidos.

Desde las cargadas del ex capellán a Luis Velasco –testigo que la Defensa intentó ensuciar de forma grotesca- hasta las interminables charlas con Osvaldo Papaleo, Analìa Maffeo, Juan Ramón Miralles, y Rubén Schell, entre otros, en las que intentaba extraerle información y les inculcaba el más terrible de los suplicios: el tormento de la esperanza, como relataron varias víctimas. Y de más está recordar el caso del llamado Grupo de los Siete, esa experiencia macabra de “recuperación” de militantes que, tras haberse quebrado y colaborado con las fuerzas represivas, fueron asesinados en un descampado.
Pero lo cierto es que la condena a Von Wernich abre, ahora, un serio debate sobre la complicidad de las jerarquías de la Iglesia Católica durante la última dictadura militar. He allí, también, su importancia histórica.

Sólo resta esperar, ahora, la decisión de la actual conducción del Episcopado respecto de la situación del ex capellán. El documento de repudio parece ya inevitable. Queda ahora conocer los términos y las posibles sanciones canónicas que pesen sobre el condenado.

Y resta saber si la Iglesia, como exigió el cardenal Jorge Bergoglio el domingo abrazará definitivamente la verdad histórica.

*Autor de Maldito tú eres. El caso Von Wernich, Iglesia y represión ilegal. Editorial Marea, 2003.

http://www.perfil.com/contenidos/2007/10/09/noticia_0067.html

Repercusiones de la condena al cura Von Wernich

Así definió Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la condena contra el ex capellán de la Policía Bonaerense. Otros dirigentes, funcionarios y políticos coincidieron con ella.

09.10.2007 | 20:12

La Plata – “Es un día histórico que no pensábamos vivir. Se hizo justicia”. Pocas veces Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, tuvo la posibilidad de hacer esa afirmación. Hoy con la voz eufórica por la condena al cura Cristian Von Wernich, su afirmación fue el resumen de la opinión de un amplio abanico de funcionarios, políticos y militantes de derechos humanos que aplaudieron el fallo histórico.

Para el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, “fue un fallo histórico ajustado a Derecho (…). Ahora esperemos que sigan los demás juicios hasta condenar a todos los responsables” por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en la Argentina.

“Hemos logrado dar con una batalla pero no se olviden que ayer la fiscalía se echó atrás con uno de los casos de una víctima que aún está desaparecida. Queremos que se sepa que tendremos que seguir peleando para que todos los genocidas estén en la cárcel”, remarcó, por su parte, Miriam Bergman, abogada querellante contra el ex cura, quien también recordó que hoy “hubo una silla vacía que es la de Jorge Julio López”.

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El cura Christian Von Wernich demostró en su alegato final que no abriga en su corazón blindado ni una pizca de arrepentimiento. Nada.

Por Daniel Capalbo* | 09.10.2007 | 18:31

No podía fallar. Su corazón sigue siendo el mismo músculo maldito que latía fuerte en Concordia en los años de juventud, cuando aún no había tomado los hábitos, cuando ese muchacho antisocial de entonces, ese fascista constitutivo al que todos llamaban Queque (su sobrenombre), militaba en el nacionalismo oligárquico y atacaba a otros argentinos por el solo hecho de llevar apellido judío.

Antisocial, un sociópata clásico según la definición más divulgada, un tipo caracterizado por tener conductas persistentes de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás, “a menudo implicado en comportamientos criminales”. Tan criminal como Videla, Masera, Viola, Menéndez, Galtieri o Camps.

En escasos diez minutos, y con total desprecio por los crímenes cometidos, el ex capellán de la Policía Bonaerense intentó sacudirse de culpa y acusaciones con una insólita pero estudiada homilía judicial. Dijo que en “2000 años de historia, ningún sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana violó los sacramentos”. Y cuestionó sin más a los sobrevivientes que atestiguaron en este proceso legal.

Advirtió, esta vez amenazante: “El testigo falso es el demonio porque en él está la malicia, no está la verdad, está preñado de malicia concibiendo la maldad”, recreando la conocida posición de la Iglesia procesista que, encima, durante años ocultó y protegió a genocidas como el ex capellán. Pero habría que apuntar, sin embargo, que el único testigo falso en todo el proceso fue un cura que se presentó ante el tribunal para aligerar el peso de las decenas de historias que incriminaban a VW.

Curiosa la lógica de la Iglesia, que defiende y milita sistemáticamente a favor de leyes antiabortistas enarbolando su apego por la vida, aún desde la concepción, cuando demostró, al menos durante los años de connivencia con la dictadura, que la vida de los que no comulgaban con ella importaba poco y nada.

¿Quién podía ignorar desde su conducción que personajes como Von Wernich participaron entusiastas de la represión ilegal? Activamente. Por supuesto que hubo muy honrosas excepciones de obispos comprometidos (Hesayne, Novak, Angelelli). Sin embargo, ahora la verdad ahora tiene fuerza de ley.

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Quién es el que hace la propuesta?

El discurso de Mario Maulion

““La única autoridad, llamémosle así, competente como para quitarle el gobierno de una diócesis tiene que venir de quien le ha dado la autoridad, en este caso la Santa Sede, y por eso (Mons. Baseotto) sigue siendo Obispo“, aclaró Mons. Maulión, en una conferencia de prensa en San Miguel, donde los obispos se reunieron en Asamblea Plenaria.”

EN QUE TÉRMINOS SE REFIERE A LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS?

“Mons. Maulión se refirió a la creciente crisis moral y denunció que “el caótico ‘cambalache’ ya no es sólo una irrespetuosa mezcla de conductas contrapuestas, unas buenas y otras perniciosas. Estamos llegando a algo peor: se presenta como innegable, fuera de discusión que ya no hay ni bueno ni malo. Todo es relativo, todo es opcional, según el gusto, la comodidad o la opinión de cada uno”.