La posible eliminación del obispado castrense divide a la oposición

 La relación con el Vaticano

Algunos dirigentes consultados por LANACION.com argumentaron en favor de la idea y otros expresaron su rechazo; fuertes cuestionamientos a la política oficial hacia la Santa Sede

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El avance en despachos oficiales de la idea de eliminar el obispado castrense despertó reacciones dispares entre referentes de la oposición.

Consultados por LANACION.com, dirigentes de varias fuerzas cuestionaron el proyecto que toma forma en la Casa Rosada y que el Gobierno pretende convertir en realidad con la sanción de una ley o, más directamente, a través de un decreto, tal como revela LA NACION en su edición de hoy.

Otros, lo celebraron y lo consideraron un “avance”. Sí hubo coincidencia a la hora de advertir sobre cómo el Gobierno maneja el vínculo con el Vaticano.

Motivo. El jefe del bloque de diputados de la UCR, el cordobés Oscar Aguad indicó que la clave para evaluar el proyecto de la Casa Rosada es aclarar cuál es su motivación de fondo.

“Si este cambio tiene que ver con la decisión de modernizar las Fuerzas Armadas y se inscribe dentro de esa reforma, entonces hay que estudiarlo. Si, en cambio, es sólo una reacción a la no aprobación del pliego de Iribarne, es un claro retroceso”, diferenció.

Viejas diferencias. El legislador añadió que si la intención de la Casa Rosada fuera más cercana a la segunda hipótesis entonces “se pondría en riesgo la relación permanente con otro estado” y completó: “Las relaciones exteriores tienen como objetivo defender los intereses nacionales. Los intereses personales o políticos nunca pueden estar por encima”.

Para el también radical Federico Storani la decisión del Gobierno de avanzar hacia la eliminación del obispado castrense es “negativa” y argumentó que el proyecto “tiene que ver con las profundas diferencias que se vienen arrastrando con el Vaticano”.

El ex diputado no se detuvo allí. Evaluó que el Gobierno “busca tomar represalias por el caso [del obispo castrense Antonio] Baseotto en un campo que no corresponde”.

Reconoció, en alusión al conflicto que se desató por las polémicas declaraciones de Baseotto acerca del aborto, que la actuación del obispado “pudo ser negativa en algunos casos”, pero enseguida añadió que “no es razón suficiente” para eliminar una estructura “con una larguísima tradición en la Argentina”.

Asistencia espiritual. “Es un disparate”, expresó el diputado de Pro Federico Pinedo, que rechazó de plano la medida. “No se puede dejar de facilitar la asistencia espiritual a personas que están alejadas de sus hogares y en combate. Toda asistencia espiritual es una bendición, sea de la religión que sea”, opinó.

Para el legislador, el proyecto oficial “responde a un análisis superficial de la realidad” y a la tendencia que le atribuyó al Gobierno de “privilegiar la politica partidaria y de corto plazo por sobre el Estado y el largo plazo”.

Desde el ARI autónomo, Eduardo Macaluse respaldó la iniciativa, pero advirtió que la eliminación del obispado no puede ser decidida de manera unilateral por el Gobierno, sino que requiere un acuerdo con el Vaticano.

En este contexto, señaló que ese trámite debería encararse “en un clima de acuerdo y no de extrema confrontación”.

Secularización. También rescató la iniciativa el diputado Claudio Lozano. “Me parece saludable, como cualquier cosa que contribuya a garantizar mayor democracia a través de la separación entre la Iglesia y el Estado”, consideró.

Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll celebró la medida, aunque planteó reparos. “La eliminación del obispado castrense estaba pendiente. Pero es parcial. No es lógico que todos sigamos pagándoles el sueldo a los obispos”, consideró.

Por otra parte, la dirigente evaluó que el momento elegido por el Gobierno para instalar el tema en la agenda pública no es casual. “Lo hacen ahora, después de las barbaridades que dijo Baseotto y porque no les aceptan a Iribarne como embajador”, afirmó.

La designación de Iribarne. Además, los dirigentes consultados pusieron bajo la lupa la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de elegir a Alberto Iribarne, que es divorciado y vive en concubinato, como candidato a embajador ante el Vaticano, trámite que está demorado en la Santa Sede.

Pese a las diferencias, coincidieron en rescatar las “condiciones profesionales y políticas” del ex ministro para ocupar el puesto.

Error. Tanto Storani como Ripoll coincidieron en que el Gobierno actuó con “liviandad, improvisación y descuido”. En esta línea, el radical, evaluó: “Si fue elegido deliberadamente es un acto de provocación absurdo”.

Para Ripoll, la elección de Iribarne para el Vaticano tiene que ver con que “el Gobierno se mueve en mundo en el que las reglas no existen”. “Habrán pensado que no iban a tener problema o creído que se pueden mover en el mundo con la misma impunidad con la que lo hacen acá”, señaló la dirigente. “Mantener a [Guillermo] Moreno es el mejor ejemplo de esto”, graficó.

Aguad, por su parte, opinó que el Gobierno cometió el error de no hacer consultas antes de elegir a Iribarne.

Cambios. Pinedo, en cambio, cuestionó la rigidez del Vaticano. “Las situaciones de supuesto pecado no deberían influir. No hay por qué mezclar los pecados de las personas con la representación de un Estado. Con ese criterio, nadie podría ser embajador”, se despachó.

En la misma sintonía se expresó Macaluse: “El Gobierno cometió el error diplomático, no intencional, de pensar en un hombre divorciado”, señaló el diputado. Sin embargo, cuestionó: “El Vaticano no puede seguir imponiendo condiciones medievales”.

Lucrecia Bullrich
De la Redacción de LANACION.com
lbullrich@lanacion.com.ar

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