Observatorio Ateo de Argentina

Cartas de lectores de La Nación

Señor Director:

“La adopción de los principios y valores del laicismo, en la República Argentina a partir de 1880, constituyó un salto fundamental en términos de progreso social y avance hacia una sociedad democrática, laica, pluralista e inclusiva. Desgraciadamente este proceso de laicización del Estado no llegó a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

“En efecto, como producto de una visión conservadora de la Argentina, las Fuerzas Armadas continuaron practicando la liturgia católica en sus actos públicos, como si ésta fuera la religión del Estado argentino, pese a que éste es, por mandato constitucional, claramente laico. Por tal motivo, el 16 de marzo de 2005 presenté a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley Nº 899, de mi autoría, que acompañaron diputados de distintas bancadas, por el cual se denunciaba el acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957.

“Dicho proyecto constituye hoy el antecedente inmediato a ser tenido en cuenta para que se suprima el obispado castrense y que, en ningún caso, se requiera a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sean oficiales, suboficiales, soldados o personal civil, la declaración o manifestación de sus creencias religiosas o la ausencia de ellas.”

Dr. Héctor Polino
Diputado socialista (MC)

hectorpolino@fibertel.com.ar

Por Héctor Polino
Para LA NACION
La adopción de los principios y valores del laicismo en la Argentina a partir de 1880 constituyó un salto fundamental en términos de avance hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva. La construcción de un Estado laico, al servicio de todos los ciudadanos, con independencia de su confesión religiosa –o de la ausencia de ella– fue una de las bases de LA NACIONalidad argentina.

Se conformó, así, una sociedad pluralista que, más allá de algunos resabios de intolerancia e intentos de volver hacia atrás en esta senda –como la instauración de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas bonaerenses, en la década del 30–, se caracterizó por la convivencia pacífica de hombres de todos los credos religiosos o no pertenecientes a ninguno de ellos. Este proceso de integración ha sido tomado como ejemplo en el mundo. En 1918, con la reforma universitaria, el laicismo arribó a los claustros y abrió las casas de altos estudios a todos los argentinos.

Desgraciadamente, esta laicización del Estado no llegó a todos sus niveles. No pudo penetrar en la Justicia, donde sólo en los últimos años se observa un proceso de mayor pluralismo en la selección de los jueces, ni en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Como producto de una visión conservadora, que asociaba a la Patria con el Ejército y la Iglesia Católica, las FF.AA. continuaron practicando la liturgia católica en sus actos públicos, como si ésta fuera la religión del Estado, pese a que éste es, por mandato constitucional, laico.

El artículo 2 de la Constitución establece: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, pero no dice que lo adopta. A renglón seguido, garantiza la libertad religiosa de todos los habitantes (artículos 14, 20, etc.). La reforma de 1994 afianzó esta senda al suprimir el requisito de pertenecer a la comunión católica para ser presidente de la Nación (art. 89), eliminar la obligatoriedad de toda referencia a los Evangelios en el juramento (art. 93) y suprimir también el antiguo régimen del patronato (art. 75, inc. 22).

Pese a ello, en los cuarteles existen iglesias y capillas, se practican oficios religiosos y se impone a todo el personal militar una suerte de religión oficial en detrimento de quienes no la practican.

El vicariato castrense – desde 1992, obispado– tiene una nefasta historia en nuestro país. Surgió de un acuerdo entre el gobierno de Aramburu y el Vaticano en 1957, para “proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas de la tierra, mar y aire, según su tradición desde los orígenes y sus anhelos”. La expresión usada ya nos indica la ideología que animó el acuerdo: las Fuerzas Armadas son, por tradición, católicas, cuando en realidad en un país laico deben ser laicas.

Teniendo en cuenta la actuación de los anteriores vicarios castrenses, íntimamente ligados a las dictaduras más sangrientas –como los casos de monseñor José Miguel Medina y su secretario privado, el capellán Emilio Graselli, ambos señalados por la Conadep como encubridores y colaboradores de la represión–, resulta casi natural que el ex obispo castrense monseñor Antonio Baseotto se haya manifestado partidario de arrojar al mar con una piedra de molino atada al cuello a quienes propicien la despenalización del aborto, el mismo método usado por la Armada Argentina para hacer desaparecer a sus víctimas.

Si algo define a Occidente como tal es el proceso de secularización iniciado a fines de la Edad Media y que tuvo como resultado la separación de la Iglesia del Estado, del poder espiritual y del poder temporal, como se decía en aquel entonces. Como contrapartida, el rasgo característico de las sociedades cerradas y de todos los fundamentalismos es la identidad entre el Estado y una determinada fe religiosa que se impone a todos los individuos. Sólo se admite la convivencia con otras religiones como un acto de tolerancia y no como un derecho de los súbditos de ese Estado a profesar libremente su culto.

Al contrario de la posición integrista o fundamentalista en materia religiosa, la adopción del laicismo en la sociedad garantiza la más plena libertad religiosa, ya que elimina el elemento de coacción que surge de considerar la fe una cuestión de Estado. Por ello, la mejor forma de garantizar la más plena libertad religiosa a los miembros de las FF.AA. es suprimir todo elemento de coacción, que de por sí se plantea cuando la institución asume una confesión determinada como religión oficial o de Estado.

Por ese motivo, el 16 de marzo de 2005 presenté el proyecto de ley Nº 899, de mi autoría, que acompañaron diputados de distintas bancadas, por el cual se denunciaba el acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957, aprobado por decreto 7623/57, y sus modificaciones aprobadas por decreto 1526/92 sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.

Dicho proyecto constituye hoy el antecedente inmediato por ser tenido en cuenta para que se suprima el obispado castrense y que en ningún caso se requiera a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sean oficiales, suboficiales, soldados o personal civil, la declaración o manifestación de sus creencias religiosas o la ausencia de ellas.

El autor cumplió tres períodos como diputado nacional por el socialismo.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/987750

Martes, 12 de febrero de 2008 - 23:05 GMT

La policía de Dinamarca arrestó a tres personas que sospecha que estaban planeando el asesinato de uno de los dibujantes que retrató a Mahoma en las caricaturas que encendieron la ira del mundo musulmán hace dos años.

Un funcionario policial indicó que dos tunecinos y un danés de origen marroquí fueron detenidos tras una redada en la zona del Aarhus, en el oeste del país.

Se sospecha que tramaban el asesinato de Kurt Westergaard, el caricaturista del periódico danés Jyllands Posten, que fue el primero que publicó las viñetas.

Las caricaturas de la polémica, que desafiaban el precepto islámico que prohibe retratar a Mahoma, fueron reproducidas por varios medios occidentales tras los episodios de violencia registrados en varias ciudades del mundo.

Westergaard, quien tenía poca idea de que estaba poniendo su vida en riesgo cuando presentó sus dibujos en 2005, recibe actualmente protección policial.

¿Superado?

El periódico danés había pedido a Westergaard y otros 10 dibujantes que representaran su visión del profeta, recuerda Thomas Buch-Andersen, corresponsal de la BBC en Conpenague.

Sus caricaturas provocaron violentos disturbios en febrero de 2006.

Desde entonces las voces de protesta estuvieron calladas, hasta ahora, dice nuestro corresponsal.

El plan de asesinar a Westergaard llegó como un golpe sorpresa para la mayoría de los daneses, que creían que el asunto estaba superado, explica Buch-Andersen.

El dibujante y su esposa se encuentran en un lugar seguro.

Nota de BBCMundo.com:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/international/newsid_7241000/7241751.stm

Publicada: 2008/02/12 23:05:04 GMT

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Por: Clarín.com

Once periódicos daneses, entre ellos los cinco con más circulación, reimprimieron ayer, en un acto claramente coordinado, una de las caricaturas de Mahoma que provocaron una ola de protestas violentas en varios países musulmanes hace ahora dos años. La publicación es una respuesta a la detención, un día antes, de tres personas -un danés de origen marroquí y dos tunecinos-, que según los servicios secretos daneses preparaban el asesinato de Kurt Westergaard, el autor de la viñeta más polémica, la que retrata a Mahoma con un turbante en forma de bomba. Esa es la caricatura reimpresa.

Los diarios dieron relevancia a las detenciones del día anterior y apoyaron la actuación preventiva de la Policía. Además, argumentaron la nueva publicación de las polémicas caricaturas como un compromiso con la libertad de expresión y en solidaridad con Westergaard. Los dibujos fueron publicados por primera vez en setiembre de 2005 en el Jyllands-Posten, provocando ataques a embajadas danesas y disturbios que acabaron con la vida de al menos cien personas.

Ayer reimprimieron las caricaturas de la discordia el propio Jyllands-Posten y sus competidores Politiken, BT, Ekstra Bladet y Berlingske Tidende.

http://www.clarin.com/diario/2008/02/14/elmundo/i-02202.htm

Horacio Verbitsky ha devenido no solamente en un kirchnerista bien informado sino en un estudioso de las relaciones entre la Argentina y el Vaticano. Interesantes algunas de sus acotaciones. De todos modos, en el tema de Alberto Iribarne por estas horas quien lo disfruta es Raúl Padró, su célebre rival de Belgrano y antikirchnerista convencido. 

| 03/02/2008 | 09:59          http://www.urgente24.info/

 Horacio Verbitsky en Página/12:

“La embajada argentina ante el Vaticano quedará vacante durante cuatro años y una ley del Congreso dispondrá la disolución del Obispado castrense. Al mismo tiempo, el gobierno nacional intentará mantener relaciones de mutuo respeto con el Episcopado argentino, que no participó en la decisión vaticana de rehusar el plácet al designado embajador Alberto Juan Bautista Iribarne, amigo personal de uno de los obispos más influyentes del país e hijo de un piadoso oficial del Ejército. El pequeño estado de 821 habitantes surgido del acuerdo de Letrán que Pío XI y Benito Mussolini firmaron en 1929 ha hecho saber que no lo aceptará porque antes de unir su vida a la de María Belén Trigo, hace nueve años, se divorció de Inés Urdapilleta, quien ha explicado en vano qué buen padre es su exposo. Los obispos locales tampoco tuvieron intervención en la crisis que se desarrolló desde febrero de 2005, cuando el ex obispo castrense Antonio Baseotto sugirió resolver las diferencias con la política sanitaria de Ginés González García arrojándolo al mar con una piedra de molino al cuello.

El rechazo vaticano a Iribarne y sus previsibles consecuencias facilitarán la posición beligerante contra el gobierno del presidente de la Iglesia argentina, Jorge Bergoglio, y harán más arduo el empeño de los obispos dialoguistas, como los otros miembros de la Comisión Ejecutiva, Agustín Radrizzani y Sergio Fenoy, y el responsable político del Episcopado, Alcides Casaretto, quienes no ven la conveniencia ni la inevitabilidad de una ruptura, en especial a partir de las reiteradas señales de buena voluntad emitidas por la presidente CFK. (…)”
(…) Cuando se fue insinuando la posibilidad del rechazo, la presidente CFK analizó dos alternativas: dejar la embajada en manos del encargado de negocios Hugo Gobbi, un heredo-diplomático designado allí a solicitud del ex presidente Raúl Alfonsín, o escoger un nuevo candidato y someterlo al escrutinio de Benedicto XVI y sus dicasterios romanos. La primera opción era la más simple: la embajada ante el Vaticano sólo tiene funciones protocolares, dado que el pilar de la relación bilateral es el nuncio apostólico en el país. Un obstáculo de la segunda era la reducción del universo de alternativas: cuatro millones de ciudadanos conviven como Iribarne con una persona fuera del matrimonio. Según el censo de 2001, 14,5 millones de los habitantes mayores de 14 años viven en pareja pero sólo 10,6 millones están casados. Es decir que el 27 por ciento de la población adulta de la Argentina entra en la categoría de indeseable para la sede apostólica.

Eduardo van der Kooy en Clarín:
“(…) Otra relación se volvió a empantanar. La distensión del Gobierno con la Iglesia pareciera no haberse trasladado al Vaticano. Un argumento arcaico aún para la mayoría católica —el divorcio— amenaza con dejar en un rango inferior la Embajada ante la Santa Sede. ¿Sabía Cristina el riesgo que corría cuando postuló a Iribarne como embajador? La Presidenta supuso que no corría tal riesgo. Especuló que el envío de un ex ministro de Justicia trasuntaba la intención de jerarquizar el vínculo.
¿Habría alguna otra razón oculta en la dureza vaticana? Podría haberla. La Santa Sede querría designar a un nuevo vicario castrense, tras la renuncia que le aceptó el año pasado a monseñor Baseotto luego de su confrontación con el Gobierno. El Gobierno se escurre porque apuntaría a eliminar la Vicaría. Para ello debe denunciar el acuerdo de partes que data de 1957. Hubo consultas con algunos obispos. (…)”

Otra vez Horacio Verbitsky en Página/12:
“(…) Benedicto XVI aceptó la renuncia de Baseotto y propuso para sucederlo una terna integrada por los obispos de Chascomús, Carlos Malfa, de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia y de Rafaela, Carlos Franzini. El gobierno no objetó a ninguno de los tres y el Vaticano escogió entonces a Malfa. La comunicación formulada por el nuncio Bernardini muestra en qué manos inhábiles ha quedado la relación de su gobierno con la Argentina: decía que Benedicto XVI había “designado” a Malfa, cuando el convenio vigente establece que antes de designar al obispo castrense el Papa debe solicitar el “previo acuerdo” del presidente de la República. Para borrar las huellas de su gaffe, el nuncio pidió al Poder Ejecutivo que le devolviera la nota y la reemplazó por otra en la que solicitó el acuerdo presidencial para la designación. El Poder Ejecutivo tuvo la discreción de no ventilar el mal paso del nuncio, descalificatorio para un miembro de la más antigua burocracia del mundo, pero le aclaró que necesitaba tiempo para decidir y que el silencio no podría interpretarse como asentimiento tácito.
En marzo del año pasado la senadora frentevictoriana Adriana Bortolozzi, esposa del ex gobernador de Formosa Floro Bogado, presentó un proyecto de ley que denuncia el tratado de 1957 y sus enmiendas de 1992 y dispone el cese en sus funciones el obispo castrense, sus capellanes, los sacerdotes militares de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad gozarán de libertad para profesar su religión y no podrán ser obligados a participar de ceremonias litúrgicas en actos oficiales, tal como ocurre en el vecino Uruguay desde hace un siglo. En agosto de 2007, Bernardini agradeció por escrito al gobierno “el no avance” del proyecto y sostuvo que la anulación unilateral de un acuerdo bilateral regido por las normas del derecho internacional “no sería de interés de ninguna de las partes”. En su lugar propuso buscar una solución amistosa, compatible con el derecho a la libertad religiosa y “pleno respeto a la laicidad del Estado y a la libertad de culto de cuantos en las Fuerzas Armadas no pertenecen a la Iglesia Católica”. Citó en la nota un discurso sobre la estabilidad del orden jurídico, pronunciado por CFK durante la campaña electoral. El gobierno tomó en cuenta este ofrecimiento, pero cuando comunicó que estaba dispuesto a formar una comisión que estudiara los pasos a seguir para la conclusión del acuerdo, el Vaticano hizo saber que estaba dispuesto a admitir una estructura mínima e incluso la designación de capellanes de otras confesiones, pero no la disolución del obispado. Esta suma de rechazos cierra los caminos para la solución consensual. (…)”

Published: feb. 12, 2008 at 3:32 AM

http://espanol.upi.com/

BUENOS AIRES, feb. 12 (UPI) — La Iglesia Católica se encuentra preocupada por la eliminación por parte del gobierno del Obispado Castrense.

Así lo consignó hoy La Nación, y que sobre el tema recordó que “si el Vaticano designa sin consultas los obispos de todo el mundo, el caso del obispado castrense es el único en cuyo nombramiento participa el gobierno. De aquí que la Iglesia deba aguardar indefectiblemente la acción de la Casa Rosada”.

Por ello, una fuente eclesial dijo que “el tema nos preocupa, pero vamos a esperar. La Iglesia difícilmente haga excepciones a sus reglas. No va a aprobar el plácet si el embajador designado tiene irregularidades canónicas (por ser divorciado y estar en concubinato). Y esto no cambia la situación”.

Se refería al ex ministro de Justicia del ex presidente Néstor Kirchner, Alberto Iribarne, cuya designación aguó la nueva relación que parecía avizorarse entre el gobierno y la cúpula eclesial, y tras cuatro años de escasos contactos en la administración Kirchner

Domingo, 03 de Febrero de 2008

EMBAJADA VACANTE Y DISOLUCION DEL OBISPADO MILITAR

Como resultado de la decisión vaticana de negar el acuerdo al divorciado embajador Iribarne, la sede en el Vaticano será atendida durante los próximos cuatro años por el encargado de negocios. El Congreso tratará la disolución del obispado castrense, creado por decreto. El rechazo al ex ministro es un denuesto al 27 por ciento de los argentino

s adultos que conviven con su pareja fuera del matrimonio.

Por Horacio Verbitsky

 La embajada argentina ante el Vaticano quedará vacante durante cuatro años y una ley del Congreso dispondrá la disolución del Obispado castrense.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional intentará mantener relaciones de mutuo respeto con el Episcopado argentino, que no participó en la decisión vaticana de rehusar el plácet al designado embajador Alberto Juan Bautista Iribarne, amigo personal de uno de los obispos más influyentes del país e hijo de un piadoso oficial del Ejército.El pequeño estado de 821 habitantes surgido del acuerdo de Letrán que Pío XI y Benito Mussolini firmaron en 1929 ha hecho saber que no lo aceptará porque antes de unir su vida a la de María Belén Trigo, hace nueve años, se divorció de Inés Urdapilleta, quien ha explicado en vano qué buen padre es su exposo. Los obispos locales tampoco tuvieron intervención en la crisis que se desarrolló desde febrero de 2005, cuando el ex obispo castrense Antonio Baseotto sugirió resolver las diferencias con la política sanitaria de Ginés González García arrojándolo al mar con una piedra de molino al cuello.

El rechazo vaticano a Iribarne y sus previsibles consecuencias facilitarán la posición beligerante contra el gobierno del presidente de la Iglesia argentina, Jorge Bergoglio, y harán más arduo el empeño de los obispos dialoguistas, como los otros miembros de la Comisión Ejecutiva, Agustín Radrizzani y Sergio Fenoy, y el responsable político del Episcopado, Alcides Casaretto, quienes no ven la conveniencia ni la inevitabilidad de una ruptura, en especial a partir de las reiteradas señales de buena voluntad emitidas por la presidente CFK.

Cada cual atiende su juego

El Vaticano hizo saber desde el primer momento que Iribarne no pasaría con facilidad. Esto desconcertó al gobierno nacional, que había pensado la designación de un ministro de Néstor Kirchner como un gesto de distensión. Otras señales similares fueron la audiencia a solas en la que Kirchner y la entonces presidente electa Cristina Fernández recibieron en noviembre al secretario de Estado Tarcisio Bertone, y el encuentro de Cristina en la segunda semana de su gobierno con la conducción del Episcopado argentino.

Luego de obsequiar a Bertone con una imagen de la Virgen de Luján, los Kirchner le comunicaron la invitación argentino-chilena para que el Papa asistiera a los actos al cumplirse un cuarto de siglo de la solución del conflicto limítrofe por las islas sobre el canal Beagle. Bergoglio debió pedir la audiencia en contra de su voluntad, por decisión de la mayoría de los 22 miembros de la Comisión Permanente. CFK la concedió de inmediato pero Bergoglio volvió a tomar distancia el 31 de diciembre, con una sagacidad que también muestra la amplitud de sus principios.

El Arzobispo porteño se reunió en la Plaza de Mayo con los militantes de los partidos PTS, PCR, PO MST y MAS, que se disputan la conducción de la lucha iniciada en noviembre por la reincorporación de 85 despedidos del casino flotante. Además les permite sostener sus carteles colgantes en las columnas de la Catedral. Esta actitud excepcional en un antimarxista inflexible y sin actividad conocida de apoyo a trabajadores en problemas, responde a la participación en el paquete accionario del casino de Cristóbal López. Primo político del ex gobernador patagónico Sergio Acevedo, López comenzó su actividad como empresario del juego en Santa Cruz durante la gobernación de Kirchner. En la última semana de su presidencia, Kirchner prorrogó por quince años la concesión que el senador Eduardo Duhalde firmó durante su desempeño interino en el Poder Ejecutivo, por la que López explota 3.000 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo y lo autorizó a colocar otras 1.500. También es llamativa la saturación de policías y prefectos y el rigor con que persiguen y golpean a los manifestantes. La elección de este blanco no genera dificultades a Bergoglio dentro del Episcopado, ya que fue Casaretto quien frustró el proyecto del ex gobernador bonaerense Felipe Solá de permitir la instalación de las máquinas de López en el hipódromo de San Isidro. Bergoglio también estimuló la rotunda posición de Elisa Carrió, quien dijo que “Kirchner es Cristóbal López”, que el problema del casino “prueba la corrupción de Néstor y Cristina Kirchner”, que el juego es la mejor manera de lavar dinero y que el gobierno manipulará a algún juez para garantizar la impunidad. Hasta 1965, la Iglesia financió sus actividades mediante la explotación de juegos de azar como los que administra López. Pero ese año la asamblea plenaria del Episcopado renunció a ese sistema recaudatorio a raíz de planteos críticos de los obispos Jerónimo Podestá y Alberto Devoto.

Alternativas

Cuando el Senado prestó el acuerdo para la designación de Iribarne, el nuncio Adriano Bernardini indagó a distintos funcionarios de Ceremonial y de la Secretaría de Culto acerca de la vida privada del embajador. Le dio pie para ello la insólita omisión del estado civil en el curriculum vitae del funcionario. El nuncio se interesó una vez por la situación matrimonial de Iribarne y otra por sus convicciones. “¿Está casado, es católico?”, preguntó.

Cuando se fue insinuando la posibilidad del rechazo, la presidente CFK analizó dos alternativas: dejar la embajada en manos del encargado de negocios Hugo Gobbi, un heredo-diplomático designado allí a solicitud del ex presidente Raúl Alfonsín, o escoger un nuevo candidato y someterlo al escrutinio de Benedicto XVI y sus dicasterios romanos. La primera opción era la más simple: la embajada ante el Vaticano sólo tiene funciones protocolares, dado que el pilar de la relación bilateral es el nuncio apostólico en el país. Un obstáculo de la segunda era la reducción del universo de alternativas: cuatro millones de ciudadanos conviven como Iribarne con una persona fuera del matrimonio. Según el censo de 2001, 14,5 millones de los habitantes mayores de 14 años viven en pareja pero sólo 10,6 millones están casados. Es decir que el 27 por ciento de la población adulta de la Argentina entra en la categoría de indeseable para la sede apostólica. Esto ayuda a comprender lo que está en juego en este episodio: el rechazo a Iribarne es una impugnación confesional a los estilos de vida que con libertad eligen los ciudadanos argentino. Ningún gobierno que se respete puede aceptar semejante anatema, menos uno como el de CFK cuyas propuestas reformas a la ley del registro de las personas procuran democratizar la vida cotidiana con independencia del sexo o el estado civil. Un infradotado con micrófono acusó al gobierno, con un extraordinario parangón: ¡el envío de un divorciado a Roma equivaldría al de un nazi a Israel!

Plan canje

Para evitar malentendidos, el gobierno hizo saber que no habría una segunda nominación. El mismo mensaje fue transmitido en Roma y en Buenos Aires, por el embajador saliente, Carlos Custer, al sustituto de la Secretaría de Estado vaticana para las relaciones generales, Fernando Filoni, y por el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, al nuncio Bernardini. Ambos prelados plantearon en el alambicado lenguaje de las insinuaciones que el plácet a Iribarne no era imposible y exploraron dos hipótesis: que el embajador aceptara la exclusión de su mujer de cualquier actividad ceremonial, al estilo de lo que el Vaticano le impuso a la esposa del ex presidente mexicano Vicente Fox durante una visita al Papa, y que el gobierno negociara un avenimiento en la situación del Obispado castrense. Ambas propuestas fueron declinadas, una por Iribarne, quien no estaba dispuesto a aceptar tal iniquidad, y otra por el gobierno: una situación no podía condicionarse a la otra y la designación de Iribarne tenía el propósito de desatar aquel nudo porque, a diferencia de Custer que es un hombre de la Iglesia, el ex ministro responde al gobierno que integró.

De Lafitte a Baseotto

El vicariato castrense fue creado en 1957 por un decreto de los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas y convertido en obispado castrense en 1992 por un decreto de Carlos Menem. Esos decretos oficializaron sendos acuerdos negociados con la Santa Sede, durante los reinados de Pío XII y Juan Pablo II. El Congreso nunca los ratificó, por lo que conserva plena virtud su facultad (en el artículo 64 de la Constitución de 1853, 68 de la de 1949 y 75 de la vigente) de “aprobar o desechar” los “concordatos con la Silla Apostólica” o “la Santa Sede”, según la variable terminología de un único texto.

Por imposición de Aramburu y Rojas el primer titular del vicariato castrense fue el arzobispo de Córdoba Fermín Emilio Lafitte, organizador de los comandos civiles que actuaron en el golpe militar que en 1955 depuso al presidente Juan Perón. Pío XII remitió a Lafitte una oración para que la rezaran los militares argentinos, a quienes definía como soldados cristianos. “Bajo las banderas de una nación de historial limpio y de íntegra tradición católica velamos a fin de que no sea alterado el imperio de la ley y de la justicia, y aseguramos el orden y la paz que son indispensables para que la Patria viva tranquila”, decía. El pontífice convalidaba así el rol policial asumido en forma extrema con los fusilamientos de junio de 1956. En las dos décadas siguientes ese desvío de su misión devastaría a las Fuerzas Armadas y, a través de ellas, a la Nación argentina. Los sucesores de Lafitte entre 1959 y 1981, Antonio Caggiano y Adolfo Tortolo, fueron al mismo tiempo presidentes de la Conferencia Episcopal y tuvieron una importancia decisiva en la diseminación entre los oficiales de las Fuerzas Armadas de la doctrina de la seguridad nacional, en su vertiente francesa de guerra contrarrevolucionaria, que se aplicó con trágicos resultados a partir de 1976. En 2002, a pedido del senador Duhalde, el Vaticano designó como obispo castrense a Antonio Baseotto, quien visitó la Corte Suprema de Justicia para reclamar a sus integrantes que cerraran los juicios por violaciones a los derechos humanos. En febrero de 2005, a raíz de la carta de Baseotto a GGG, el Poder Ejecutivo solicitó al Vaticano que designara a otro obispo castrense. Ante la negativa, Kirchner firmó el decreto de cesantía como secretario de Estado, en el que sostuvo que esa metáfora evocaba los vuelos de la muerte. Baseotto respondió en forma provocativa que no le constaba que hubieran existido esos vuelos durante “la famosa dictadura”, pese a que su secretario en el obispado era el capitán de fragata Alberto Angel Zanchetta, quien como capellán de la ESMA silenciaba con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo el escrúpulo de los marinos que regresaban de la macabra faena.

El blooper de Bernardini

El tratado vigente establece que el cargo es provisto por el Papa, con acuerdo del Presidente, pero nada dice sobre mecanismos de remoción. Mientras el gobierno nacional entendió que quien daba el acuerdo también podía retirarlo, el Vaticano sostuvo que la remoción de un obispo no competía al poder temporal. Este sofisma pasó por alto que Kirchner no cuestionó el carácter episcopal de Baseotto, sino su actuación al frente de la diócesis personal de los militares. El empecinamiento vaticano por mantener a Baseotto durante dos largos años, hasta que llegara a la edad fijada para la jubilación eclesiástica, reabrió el mal cerrado capítulo de la conducta de la jerarquía católica durante los años del terrorismo de Estado, con gran fastidio del Episcopado que hubiera preferido que se olvidara.

El 18 de noviembre pasado L’Osservatore Romano publicó un reportaje al cardenal Bertone, quien al regresar de la Argentina dijo que los medios deberían ocuparse menos de los actos de la Iglesia en el período de los gobiernos militares y más de la epopeya misionera. Para el secretario de Estado, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y a las normas de la democracia es legítima, pero más importante y formativo es dar espacio a un bosque que crece que a un árbol que cae, aunque haga más ruido. Concluyó que no sólo los “llamados gobiernos militares” faltan a la democracia, porque también otros elegidos por el voto popular “se transforman en verdaderas dictaduras”, lesivas de los derechos de “los cuerpos intermedios, que son el humus de la democracia”.

Benedicto XVI aceptó la renuncia de Baseotto y propuso para sucederlo una terna integrada por los obispos de Chascomús, Carlos Malfa, de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia y de Rafaela, Carlos Franzini. El gobierno no objetó a ninguno de los tres y el Vaticano escogió entonces a Malfa. La comunicación formulada por el nuncio Bernardini muestra en qué manos inhábiles ha quedado la relación de su gobierno con la Argentina: decía que Benedicto XVI había “designado” a Malfa, cuando el convenio vigente establece que antes de designar al obispo castrense el Papa debe solicitar el “previo acuerdo” del presidente de la República. Para borrar las huellas de su gaffe, el nuncio pidió al Poder Ejecutivo que le devolviera la nota y la reemplazó por otra en la que solicitó el acuerdo presidencial para la designación. El Poder Ejecutivo tuvo la discreción de no ventilar el mal paso del nuncio, descalificatorio para un miembro de la más antigua burocracia del mundo, pero le aclaró que necesitaba tiempo para decidir y que el silencio no podría interpretarse como asentimiento tácito.

La disolución

En marzo del año pasado la senadora frentevictoriana Adriana Bortolozzi, esposa del ex gobernador de Formosa Floro Bogado, presentó un proyecto de ley que denuncia el tratado de 1957 y sus enmiendas de 1992 y dispone el cese en sus funciones el obispo castrense, sus capellanes, los sacerdotes militares de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad gozarán de libertad para profesar su religión y no podrán ser obligados a participar de ceremonias litúrgicas en actos oficiales, tal como ocurre en el vecino Uruguay desde hace un siglo. En agosto de 2007, Bernardini agradeció por escrito al gobierno “el no avance” del proyecto y sostuvo que la anulación unilateral de un acuerdo bilateral regido por las normas del derecho internacional “no sería de interés de ninguna de las partes”. En su lugar propuso buscar una solución amistosa, compatible con el derecho a la libertad religiosa y “pleno respeto a la laicidad del Estado y a la libertad de culto de cuantos en las Fuerzas Armadas no pertenecen a la Iglesia Católica”. Citó en la nota un discurso sobre la estabilidad del orden jurídico, pronunciado por CFK durante la campaña electoral. El gobierno tomó en cuenta este ofrecimiento, pero cuando comunicó que estaba dispuesto a formar una comisión que estudiara los pasos a seguir para la conclusión del acuerdo, el Vaticano hizo saber que estaba dispuesto a admitir una estructura mínima e incluso la designación de capellanes de otras confesiones, pero no la disolución del obispado. Esta suma de rechazos cierra los caminos para la solución consensual. Que los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad practiquen el culto de su preferencia en los templos próximos a sus domicilios, como los escribanos, las manicuras y los cartoneros, es coherente con las propuestas del gobierno de integración castrense, demoliendo lo que queda de los muros que aíslan a ese micromundo del resto de la sociedad.

 La relación con el Vaticano

Algunos dirigentes consultados por LANACION.com argumentaron en favor de la idea y otros expresaron su rechazo; fuertes cuestionamientos a la política oficial hacia la Santa Sede

http://www.lanacion.com.ar

El avance en despachos oficiales de la idea de eliminar el obispado castrense despertó reacciones dispares entre referentes de la oposición.

Consultados por LANACION.com, dirigentes de varias fuerzas cuestionaron el proyecto que toma forma en la Casa Rosada y que el Gobierno pretende convertir en realidad con la sanción de una ley o, más directamente, a través de un decreto, tal como revela LA NACION en su edición de hoy.

Otros, lo celebraron y lo consideraron un “avance”. Sí hubo coincidencia a la hora de advertir sobre cómo el Gobierno maneja el vínculo con el Vaticano.

Motivo. El jefe del bloque de diputados de la UCR, el cordobés Oscar Aguad indicó que la clave para evaluar el proyecto de la Casa Rosada es aclarar cuál es su motivación de fondo.

“Si este cambio tiene que ver con la decisión de modernizar las Fuerzas Armadas y se inscribe dentro de esa reforma, entonces hay que estudiarlo. Si, en cambio, es sólo una reacción a la no aprobación del pliego de Iribarne, es un claro retroceso”, diferenció.

Viejas diferencias. El legislador añadió que si la intención de la Casa Rosada fuera más cercana a la segunda hipótesis entonces “se pondría en riesgo la relación permanente con otro estado” y completó: “Las relaciones exteriores tienen como objetivo defender los intereses nacionales. Los intereses personales o políticos nunca pueden estar por encima”.

Para el también radical Federico Storani la decisión del Gobierno de avanzar hacia la eliminación del obispado castrense es “negativa” y argumentó que el proyecto “tiene que ver con las profundas diferencias que se vienen arrastrando con el Vaticano”.

El ex diputado no se detuvo allí. Evaluó que el Gobierno “busca tomar represalias por el caso [del obispo castrense Antonio] Baseotto en un campo que no corresponde”.

Reconoció, en alusión al conflicto que se desató por las polémicas declaraciones de Baseotto acerca del aborto, que la actuación del obispado “pudo ser negativa en algunos casos”, pero enseguida añadió que “no es razón suficiente” para eliminar una estructura “con una larguísima tradición en la Argentina”.

Asistencia espiritual. “Es un disparate”, expresó el diputado de Pro Federico Pinedo, que rechazó de plano la medida. “No se puede dejar de facilitar la asistencia espiritual a personas que están alejadas de sus hogares y en combate. Toda asistencia espiritual es una bendición, sea de la religión que sea”, opinó.

Para el legislador, el proyecto oficial “responde a un análisis superficial de la realidad” y a la tendencia que le atribuyó al Gobierno de “privilegiar la politica partidaria y de corto plazo por sobre el Estado y el largo plazo”.

Desde el ARI autónomo, Eduardo Macaluse respaldó la iniciativa, pero advirtió que la eliminación del obispado no puede ser decidida de manera unilateral por el Gobierno, sino que requiere un acuerdo con el Vaticano.

En este contexto, señaló que ese trámite debería encararse “en un clima de acuerdo y no de extrema confrontación”.

Secularización. También rescató la iniciativa el diputado Claudio Lozano. “Me parece saludable, como cualquier cosa que contribuya a garantizar mayor democracia a través de la separación entre la Iglesia y el Estado”, consideró.

Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll celebró la medida, aunque planteó reparos. “La eliminación del obispado castrense estaba pendiente. Pero es parcial. No es lógico que todos sigamos pagándoles el sueldo a los obispos”, consideró.

Por otra parte, la dirigente evaluó que el momento elegido por el Gobierno para instalar el tema en la agenda pública no es casual. “Lo hacen ahora, después de las barbaridades que dijo Baseotto y porque no les aceptan a Iribarne como embajador”, afirmó.

La designación de Iribarne. Además, los dirigentes consultados pusieron bajo la lupa la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de elegir a Alberto Iribarne, que es divorciado y vive en concubinato, como candidato a embajador ante el Vaticano, trámite que está demorado en la Santa Sede.

Pese a las diferencias, coincidieron en rescatar las “condiciones profesionales y políticas” del ex ministro para ocupar el puesto.

Error. Tanto Storani como Ripoll coincidieron en que el Gobierno actuó con “liviandad, improvisación y descuido”. En esta línea, el radical, evaluó: “Si fue elegido deliberadamente es un acto de provocación absurdo”.

Para Ripoll, la elección de Iribarne para el Vaticano tiene que ver con que “el Gobierno se mueve en mundo en el que las reglas no existen”. “Habrán pensado que no iban a tener problema o creído que se pueden mover en el mundo con la misma impunidad con la que lo hacen acá”, señaló la dirigente. “Mantener a [Guillermo] Moreno es el mejor ejemplo de esto”, graficó.

Aguad, por su parte, opinó que el Gobierno cometió el error de no hacer consultas antes de elegir a Iribarne.

Cambios. Pinedo, en cambio, cuestionó la rigidez del Vaticano. “Las situaciones de supuesto pecado no deberían influir. No hay por qué mezclar los pecados de las personas con la representación de un Estado. Con ese criterio, nadie podría ser embajador”, se despachó.

En la misma sintonía se expresó Macaluse: “El Gobierno cometió el error diplomático, no intencional, de pensar en un hombre divorciado”, señaló el diputado. Sin embargo, cuestionó: “El Vaticano no puede seguir imponiendo condiciones medievales”.

Lucrecia Bullrich
De la Redacción de LANACION.com
lbullrich@lanacion.com.ar

 La relación con el Vaticano: iniciativa oficial en medio del rechazo al embajador designado

La presidenta Kirchner estudia dos vías para poner fin al tratado firmado con la Santa Sede

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La decisión política está madurada: avanza por estas horas en el Gobierno un plan para eliminar el obispado castrense, vacante desde la jubilación del desplazado Antonio Baseotto, en abril de 2007, luego de una polémica pública con la Casa Rosada en torno de la despenalización del aborto.

Tal es el nivel de consenso alcanzado en la cúpula del poder que la presidenta Cristina Kirchner tiene en estudio dos alternativas para denunciar el tratado de partes que en 1957 suscribieron la Argentina y el Vaticano para darle forma al vicariato en el seno de las Fuerzas Armadas, confiaron a LA NACION calificadas fuentes del Gobierno.

Una de las opciones es la vía parlamentaria: en el Congreso ya se presentó un proyecto de ley del oficialismo en ese sentido que podría cobrar un renovado impulso con el inicio de la actividad legislativa. La otra, es por medio de un decreto.

Dos ministros dijeron a LA NACION que se analizan los métodos y los tiempos más convenientes para avanzar.

La iniciativa es imposible de ser descontextualizada: se inscribe en la silenciosa disputa abierta con la Santa Sede luego de que diera manifiestas señales de rechazo a la designación como embajador de Alberto Iribarne, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Pero los argumentos esgrimidos por el Gobierno no están vinculados directamente con esa tensión diplomática sino, explican cerca de la jefa del Estado, con la concepción del papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en la sociedad democrática.

“Desde 1983 en adelante se puso el acento en la democratización de las fuerzas para su integración a la sociedad. Se avanzó entonces sobre la formación académica. Y se preparan reformas de los manuales de instrucción. Lo que no se vio en todo ese tiempo es la importancia del obispado castrense como reserva ideológica del pensamiento autoritario de las Fuerzas Armadas”, afirmó un ministro a LA NACION.

En cualquier caso, la decisión no será intempestiva. Se busca despegar la iniciativa del conflicto que por estos días signa la relación bilateral con el Vaticano, por lo que, de acuerdo con las fuentes, no se trataría de una cuestión de días, sino más bien de un plazo mayor.

El acuerdo con la Santa Sede que dio forma al vicariato castrense data del 28 de junio de 1957 y fue aprobado por el decreto 7623/57. Se convertiría en obispado mucho después, por medio del decreto 1526/92, de Carlos Menem.

En la actualidad cuenta con unos 140 capellanes para la función pastoral y alcanza a las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la Prefectura Naval. También se presta servicio a los agregados militares del cuerpo diplomático extranjero.

El nuncio apostólico en Buenos Aires, Adriano Bernardini, ya acercó extraoficialmente a la Cancillería el nombre del obispo de Chascomús, monseñor Carlos Malfa, como el prelado que el Vaticano propone para reemplazar a Baseotto.

Bernardini aún no tuvo respuesta. Y, de prosperar la iniciativa que avanza por estas horas en la cúpula del poder, su proposición podría incluso llegar a quedar sin sentido alguno.

Costos y beneficios

Existen, desde la óptica del Gobierno, beneficios y costos en las dos vías que se analizan por estas horas para promover la eliminación del obispado castrense.

Si la decisión fuera tomada por el Congreso, daría una pátina de mayor pluralidad a la medida. Y también permitiría exhibir un avance en la tan mentada institucionalidad que impulsa, al menos desde lo discursivo, la nueva administración. Pero, al mismo tiempo, sometería la relación con la Iglesia a un debate público, y tal vez a un desgaste aún mayor. Si, por el contrario, la decisión se adoptara por decreto, explican en ámbitos oficiales, se evitaría magnificar el tema.

El proyecto ya presentado de denuncia del acuerdo con la Santa Sede sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas es de la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado (Frente para la Victoria-Formosa).

Ingresó en abril de 2007 en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara alta. Y propone que cesen en sus funciones el obispo castrense, los capellanes mayores, los sacerdotes militares de las Fuerzas Armadas y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad. Esto, con el objetivo de que los miembros del ámbito castrense y las fuerzas de seguridad, “gocen de la libertad de elegir, practicar y profesar su culto religioso”.

En sus fundamentos se encuentra gran parte de la teoría que abona la Casa Rosada. “El militar es un ciudadano más [ ] y puede concurrir a rendir culto a la religión de sus convicciones sin que por ello tenga que aprovechar la existencia de cuerpos sacerdotales especialmente constituidos dentro de los regimientos”, dice el texto.

Por Lucas Colonna

Por Horacio Verbitsky

Mientras el Vaticano piensa qué hará con el pliego del embajador argentino Alberto Iribarne y el gobierno nacional qué destino dará a las capellanías militares, el ex oficial del Ejército a cargo de la administración del Obispado castrense, Pedro Candia, aporta involuntarios argumentos en favor de su disolución. Esta semana, en la bendición de los sables de los nuevos gendarmes, Candia dijo que al recibirlos se constituían “en centinelas y defensores de la Patria y, en ella y por ella, del Dios de nuestros padres, en cuya Fe hemos sido bautizados y de su Iglesia”. Alguien debería explicarle a Candia que la defensa de una religión determinada no forma parte de las misiones de ninguna fuerza armada ni de seguridad.

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