Aunque Héctor Sylvestre Begnis es más conocido por haber sido ministro de Salud de Santa Fe en la gestión de Obeid (durante la cual defendió públicamente y en más de una ocasión la necesidad de limpiar de intenciones punitivas las miradas sobre el aborto), actualmente, y hasta el año próximo, tiene mandato como diputado nacional (FpV).

En el Congreso, además de ser vocal en cuatro comisiones permanentes (Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales; Legislación del Trabajo; Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano), preside una que en estos días puede resultar fundamental: la de Acción Social y Salud Pública.

Se trata de un espacio importante, habida cuenta de la sorprendente buenaventura que, en Córdoba, la demanda de la ONG Portal de Belén encontró en la Cámara en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación la semana pasada, y la decisión judicial de ordenar al gobierno provincial que “se abstenga de prescribir a través de sus profesionales médicos métodos anticonceptivos abortivos como el consistente en la ingesta del medicamento que contiene la droga denominada Levonorgestrel, conocido como píldora del día después”.

“Nosotros teníamos un proyecto que había impulsado Alicia Tate, y por el cual se incluía la anticoncepción de emergencia (PAE) en el Programa Médico Nacional de Procreación Responsable. Ese proyecto estuvo con orden del día y nunca le dimos media sanción; fue en 2006, y se cayó en febrero de este año.” Sylvestre Begnis explica que la postergación tuvo muchos motivos: por empezar (y esto es moneda corriente), son asuntos que no ranquean como prioridad cuando las emergencias políticas aprietan; por otra parte, también se creía “que no deberíamos estar haciendo una ley por cada nueva píldora que salga, algo que es entendible, pero que después, a la vista de lo que pasó en Chile, en Córdoba, o en Santa Fe a fines de la gestión de Obeid, todos casos en que por demandas de privados la Justicia ordena no distribuirla, no era tan así”. En los próximos días, es altamente probable que ese mismo texto sea re-presentado para evitar que la historia de Córdoba se repita.

La experiencia, explica Begnis, ha demostrado que, “al tener ya forma de ley y al incluirlo por ley en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, muchos de estos problemas que han aparecido en algunos lados de la no distribución, como en San Juan pasó con el DIU y otros métodos, van cediendo. El hecho de que tenga fuerza de ley seguramente va a minimizar al menos las acciones en contra.

El Programa Nacional y la ley dicen claramente que debe haber distribución gratuita en el sistema público de todos los métodos anticonceptivos autorizados en el mercado y los que en el futuro se pudieran incorporar. Eso sólo serviría para decir ‘la anticoncepción de emergencia está’.

Pero también es cierto que hubo que hacer una ley para que se realizara la anticoncepción quirúrgica, lo cual terminó con la discusión de sí o no: ahora se aplica en todo el país, más allá de la objeción de conciencia que haga algún médico”.

En la Comisión que preside, 11 de los 14 integrantes varones son médicos (la comisión se completa con 15 mujeres, una de ellas vicepresidenta 1ª, otras dos secretarias y las demás vocales), y Sylvestre Begnis afirma que sus colegas comparten su posición frente a la necesidad de instalar el aborto no punible como práctica médica hospitalaria, vale decir, no judicializada. “Mi posición es clara, pero tiene que ver con que soy sanitarista, al igual que Ginés, por lo que nos basamos en esto: nuestra preocupación son los 700 mil abortos que se hacen anualmente en la Argentina, y también la mortalidad materna.”

Por eso, el caso del intento de prohibir judicialmente la PAE tuvo un efecto colateral que está poniéndose en marcha: la aplicación a nivel nacional del protocolo para la atención de abortos no punibles, mediante la distribución del manual del Ministerio de Salud y la sensibilización al respecto. Para ello, la Comisión de Salud coordinará sus tareas con la de legislación penal. “Por lo menos esa discusión se va a dar”, pronostica Sylvestre Begnis.

Nueve de cada diez argentinos cree en Dios, pero las tres cuartas partes concurren “poco o nunca” a los lugares de culto y prefiere rezar en su casa, sin intermediarios, y vivir la religión por su cuenta. Aunque el 76 por ciento de la población se declara católico (¡casi un cuarto no lo es!), una amplia mayoría rechaza los preceptos morales impuestos desde el Vaticano: más de seis de cada 10 está a favor de la despenalización del aborto en algunas circunstancias (violación, malformación fetal, peligro para la salud o vida de la madre); 9 de cada 10 quiere que el Gobierno promueva el uso de preservativos para prevenir la infección del VIH; 9 de cada 10 está “muy de acuerdo” con que se brinde educación sexual en los colegios y 8 de cada 10 con que se hable en las aulas de “todos” los anticonceptivos. La mayoría también piensa que una persona puede usar algún método contraceptivo y seguir siendo “un buen creyente” y considera como “una experiencia positiva” las relaciones prematrimoniales. La sociedad argentina al mismo tiempo le exige a la Iglesia Católica un mayor compromiso con los pobres y con la defensa de los derechos humanos. El estudio le pone números además al avance evangélico en el país: del 24 por ciento de la población que se declara practicante de una religión, el 60 por ciento pertenece a ese credo. Casi un tercio de la población alguna vez fue a un curandero. Los datos surgen de la Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada en el país a través de un trabajo articulado entre cuatro universidades nacionales.

Los resultados del estudio se presentaron ayer en la Cancillería por el equipo de investigación que dirigió Fortunato Mallimaci desde el Area Sociedad, Cultura y Religión, del Ceil-Piette del Conicet. “Me impresiona la cantidad de gente que se declara indiferente a la religión”, comentó el investigador a Páginai12 (ver aparte). El relevamiento, realizado entre 2403 personas mayores de 18 años a nivel nacional, encontró que el 76 por ciento de la población del país se define como católico, el 9 por ciento como evangélico y un 11,3 por ciento manifiesta ser ateo, agnóstico o no tener ninguna religión: el resto se divide entre el 1,2 por ciento de Testigos de Jehová, el 0,9 por ciento, mormones y el 1,2 por ciento, otras religiones.

Es la primera vez que se hace una encuesta de este alcance para indagar sobre las adscripciones, creencias y prácticas religiosas en Argentina. El trabajo se realizó con el apoyo de las universidades nacionales de Buenos Aires, Santiago del Estero, Cuyo y Rosario. Las preguntas fueron formuladas entre enero y febrero de 2008.

Nueve de cada 10 encuestados se describieron como creyentes. “Prevalece una cultura cristiana de largo espesor histórico que se expresa en las principales creencias de los argentinos”, señala el estudio. El ranking de creencias lo encabeza Jesucristo, con un 91 por ciento de adhesiones, lo sigue el Espíritu Santo (84,4 por ciento), la Virgen (80 por ciento), los ángeles (78 por ciento), los santos (76 por ciento), la energía (64,5 por ciento) y, por último, los curanderos (39 por ciento).

La región del país más católica es el NOA: ahí, 9 de cada 10 encuestados dijeron ser católicos. En el Area Metropolitana vive la mayor cantidad de “indiferentes” a la religión: así se definió casi el 20 por ciento de los entrevistados. Más de la mitad de quienes actualmente son evangélicos afirman no haber cambiado de religión a lo largo de su vida: siempre fueron evangélicos. La mayoría de los conversos asegura haber adherido anteriormente al catolicismo en un 62,5 por ciento y al evangelismo, en un 25,5 por ciento.

El bautismo es el rito de ingreso mayoritariamente practicado. Está bautizado el 95 por ciento de la población: en el NOA ese porcentaje trepa un poco más aún, hasta casi el 99 por ciento. Pero la tasa de matrimonio religioso es “significativamente” menor. Ante la pregunta: ¿Se casará o se casó por iglesia o templo?, un 23 por ciento respondió negativamente (en el sur del país, ese porcentaje aumenta al 45 por ciento).

La amplia mayoría –7 de cada 10– es partidaria de que sus hijos elijan su propia religión.

La relación con Dios es sin intermediarios. “Estamos frente a complejos procesos de desinstitucionalización religiosa y de individuación de las creencias”, apunta la investigación. Seis de cada 10 prefiere el vínculo por su propia cuenta. Apenas poco más de dos de cada 10 lo hace a través de una institución eclesial (27 por ciento de las mujeres y 18 por ciento de los varones). Tres cuartas partes de la población afirma concurrir “poco o nunca” a los lugares de culto. Sin embargo, hay un casi un cuarto de los argentinos mayores de 18 años que “participa muy frecuentemente de las ceremonias de culto” y entre ellos se destacan los evangélicos. El 60 por ciento de ellos concurre con asiduidad a los templos (ver aparte).

La mayoría de los argentinos rechaza la moral sexual que prescribe la Iglesia Católica. Es significativo que el 64 por ciento de la población encuestada (y casi el 70 por ciento de los católicos) cree que el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias, como cuando está en peligro la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación (a cualquier mujer y no solo a aquella que sufre una discapacidad mental), o si el feto tiene una malformación. El primer supuesto está contemplado en el inciso 1º del artículo 86 del Código Penal (aborto terapéutico), pero los otros dos son materia de controversia jurídica y para despejarla hay diversos proyectos en el Congreso que plantean la despenalización del aborto en esos casos, pero nunca ha prosperado su discusión parlamentaria por presión de la jerarquía católica sobre legisladores y el propio temor que tiene la mayoría de los políticos a impulsar el debate sobre el tema. A ese 64 por ciento debe sumarse el 14 que considera que una mujer siempre tiene derecho al aborto.

Otros hallazgos de la encuesta:

- Más de 9 de cada 10 encuestados están “muy de acuerdo” con que se brinde educación sexual en los colegios y 8 de cada 10 avalan que se les hable de “todos” los métodos anticonceptivos a los alumnos en las aulas.

- Nueve de cada diez creen que el Gobierno debe promover el uso del preservativo para prevenir la infección del VIH.

- Ocho de cada diez piensan que una persona puede utilizar anticonceptivos y seguir siendo un buen creyente.

- Para más de la mitad, las relaciones sexuales antes del matrimonio son “una experiencia positiva”. Apenas el 18 por ciento está en desacuerdo con esa afirmación.

- Casi el 60 por ciento piensa que a los curas se les debería dejar formar una familia.

El estudio, financiado por la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, encontró que persisten fuertes prejuicios en relación a la homosexualidad: un 31 por ciento cree –erróneamente– que es una enfermedad. Por otra parte, hay todavía resistencias al sacerdocio femenino: sólo el 42 por ciento “está muy de acuerdo” con esa opción, un 18 por ciento “algo de acuerdo” y en contra, el 27 por ciento.