En la voz de Patricia Isasa, víctima de la dictadura militar, se denota la indignación cuando habla del ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Gabriel Storni. “Yo no puedo decir que él era el cura que nos venía a ‘apretar’ ni que andaba recorriendo los campos de concentración, pero él sabía lo que nos estaba pasando y no hizo nada por evitarlo. El fue cómplice del genocidio con su silencio.” Patricia estuvo en manos de los represores de la dictadura desde julio de 1976, cuando tenía 16 años, hasta septiembre de 1978, primero como detenida-desaparecida, luego “legalizada”, pero siempre en manos de los responsables del terrorismo de Estado. Patricia, en diálogo con Página/12, recordó las circunstancias en las que conoció al ex arzobispo Storni: “Lo vi en el despacho del jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, en la ciudad de Santa Fe, donde yo estuve primero como desaparecida y luego seguí detenida a disposición de la Junta Militar. Storni estaba hablando con el oficial (Julio Alberto) Villalba. Hablaban como dos amigos. Después, Storni recibía denuncias de nuestros familiares y no hacía nada, cuando sabía todo lo que nos estaba pasando”.

La noticia publicada ayer por este diario sobre la jubilación de privilegio de 7 mil pesos que cobra el ex arzobispo Storni, a pesar de estar procesado en una causa por abuso sexual, decidió a Patricia a comunicarse con Página/12 para recordar, una vez más, sus vivencias. Ella ya denunció varias veces la actitud que tuvo Storni. Lo hizo ante la Cruz Roja Internacional, ante el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe y también en los Juicios de la Verdad realizados en esa provincia. Después de lo que vivió en carne propia, Patricia realizó una investigación personal que le permite hoy dimensionar la represión en Santa Fe: “Hubo 125 desaparecidos sólo en la capital provincial, entre los años 1976 y 1978. También se registraron 30 de los mal llamados ‘enfrentamientos’, que eran fusilamientos, y se sabe de por lo menos tres niños secuestrados a los que se les cambió la identidad”.

A Patricia Isasa la secuestraron el 30 de julio de 1976, durante las vacaciones de invierno, cuando estaba en el cuarto año de la secundaria y quería ser arquitecta, título que pudo lograr varios años después de lo previsto. Recién recuperó su libertad en septiembre de 1978. Primero estuvo una semana en la comisaría primera de Santa Fe, en pleno centro de la ciudad, y luego dos días en “la cuarta”, una comisaría convertida en centro clandestino de detención. Allí fue torturada. Luego la trasladaron a la Guardia de Infantería Reforzada de la Policía de Santa Fe. En ese recinto vio, varias veces, al ex arzobispo de Santa Fe en animadas pláticas con dos de los jefes del lugar, el oficial principal Julio Alberto Villalba y el comisario Juan Calixto Perizzotti.

De su paso por la Guardia de Infantería, ubicada en Nicasio Oroño 793, Patricia Isasa tiene recuerdos tenebrosos. “Uno de los torturadores era Eduardo Ramos, a quien todos conocen como Curro, a quien yo denuncié ante el juez español Baltasar Garzón. Yo había llevado una lista de cerca de 40 personas. De ellas, a seis se les pidió la extradición, entre ellas Ramos.” Los otros pedidos fueron por el ex juez federal Víctor Brusa, el comisario Perizzotti, el comisario Mario José Facino, el comisario Héctor Romeo Colombini y la oficial María Eva Aebi, ex secretaria de Perizzotti, además del ya nombrado Ramos.

“Es importante recordar a dónde fue que lo detuvieron al Curro Ramos, que estuvo un tiempo prófugo. Lo encontraron refugiado en la sede del Arzobispado de Santa Fe, en septiembre de 2001”, cuando Storni era todavía el titular de la curia local. “Ramos era un torturador confeso, alguien que salía por los medios reivindicándose como ‘interrogador’ y él era amigo de Storni, quien sabía muy bien de quién se trataba. Eso es lo que vincula a Storni con la represión y con el genocidio”, insiste Patricia.

La entrevistada aporta otro dato en el mismo sentido. “La causa por el pedido de extradición de los cinco represores de Santa Fe la llevó, en la Capital Federal, el juez (Gabriel) Cavallo. Una vez, cuando yo estaba acompañada por Nora Cortiñas (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), el juez nos dijo que Storni lo había llamado para pedirle si podía mejorar las condiciones de detención de Ramos, a quien definió como ‘un muchacho católico’. Eso era lo que pensaba Storni de un hombre que no tenía reparos en ufanarse públicamente de los crímenes que había cometido.”

Patricia resalta que Storni “por un lado visitaba a los jefes de la Guardia de Infantería Reforzada y por el otro recibía a nuestros familiares en el Arzobispado. Las denuncias jamás tuvieron respuestas favorables, cuando él sabía dónde estábamos. Yo lo vi por primera vez, con Villalba, en 1976 y después lo volví a ver varias veces en 1977”. En esos años, Storni era uno de los colaboradores del entonces arzobispo de Santa Fe, monseñor Vicente Zazpe, uno de los pocos miembros de la Iglesia que se acercó a las Madres de Plaza de Mayo y que pidió por los desaparecidos.

En Santa Fe, incluso en círculos eclesiásticos, se afirma que no eran buenas las relaciones entre Zazpe –y sus allegados– con monseñor Storni. Hay un dato que parece corroborar esa apreciación. A comienzos de 1984 se produjo la muerte de monseñor Zazpe. Hasta que el Vaticano designó a su reemplazante, el Consejo Presbiterial de Santa Fe resolvió que el padre Edgardo Trucco fuera quien ocupara en forma transitoria el arzobispado vacante. Lo lógico hubiera sido nombrar al arzobispo auxiliar, que era Storni, quien sí fue nombrado por el Papa.

“Nadie tiene pruebas para afirmar que es cierto, pero la impresión es que Storni estaba relacionado con el poder militar, que seguía de cerca todo lo que hacía Zazpe, quien estaba dedicado a los más pobres y a los que sufrían. No se puede decir lo mismo de Storni”, concluye Patricia Isasa.