Diputados del FpV, la UCR, la CC y el socialismo adelantaron su respaldo al proyecto de ley que aclara los casos de abortos no punibles.El tratamiento en comisión podría arrancar en los próximos días.
Un rápido apoyo en la mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados conquistó el proyecto de reforma al Código Penal, promovido desde el kirchnerismo, para aclarar la redacción del artículo 86, donde se contemplan los abortos no punibles. Legisladores del Frente para la Victoria, aliados al oficialismo, del radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo ya adelantaron su adhesión a la iniciativa, que podría empezar a discutirse en los próximos días en forma conjunta en las comisiones de Legislación Penal y Mujer y posiblemente también –aunque todavía no está definido– en la de Salud.
La propuesta busca evitar la recurrente intervención judicial en esos casos y establece sin ambigüedades que no puede ser castigado el aborto cuando el embarazo proviene de una violación –a cualquier mujer–, si está en peligro la salud o la vida de la gestante y si un tratamiento médico fuera necesario y tuviera contraindicaciones en caso de mujeres embarazadas. Se agregaría, además, los casos de anencefalia y otras malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
Desde que PáginaI12 informó en forma exclusiva de la sorpresiva presentación del proyecto por parte de tres diputados del Frente para la Victoria, la presidencia del bloque oficialista no recibió ninguna señal del Ejecutivo para que fuera cajoneado, según confió una fuente cercana al titular de la bancada, Agustín Rossi. En la jerga legislativa, significa que el Frente para la Victoria tendría vía libre para avanzar en el tratamiento de la temática. Este diario pudo saber que hasta al propio Rossi le habría caído muy bien la iniciativa que presentaron Nora César, Juan Héctor Sylvestre Begnis y Juliana Di Tullio, presidentes, respectivamente, de las comisiones de Legislación Penal, Salud y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Por esas comisiones tendrá que pasar antes de llegar al recinto.
La cuestión de las comisiones no es menor: es el primer filtro que enfrenta un proyecto. En un primer momento, desde la Secretaría Parlamentaria quisieron enviarlo también a la de Asuntos Constitucionales, pero finalmente ese giro fue descartado. No se incluyó aún que fuera a Salud, pero la lógica indica que pase también por ese ámbito. Los tres firmantes del proyecto ya pidieron que también fuera girado a la comisión que encabeza el ex ministro de Salud de la provincia de Santa Fe. Argumentan que el del aborto no punible es un tema fundamentalmente de salud.
“La idea es que las tres comisiones puedan tratarlo en los próximos días y sacar rápidamente un dictamen conjunto para pedir luego preferencia para el tratamiento en el recinto”, informó Sylvestre Begnis a PáginaI12. Ya estuvieron haciendo cuentas. Los votos, al parecer, serían mayoritarios a favor de la aprobación del dictamen.
En el único bloque donde no se identificaron apoyos al proyecto fue en el PRO. En los demás ya hay diversas diputadas y diputados –pero sobre todo legisladoras– que se están encargando de monitorear las adhesiones y de convencer a los que tienen resistencias pero están dispuestos a escuchar los fundamentos que mueven al proyecto. “Es una ley aclaratoria. Deja bien clarito que el aborto no punible alcanza a todos los casos de violación. Muchos diputados piensan que no hay que dar más vueltas con este tema y que hay que resolverlo de una buena vez para que sea un problema médico y no judicial”, apuntó Sylvestre Begnis.
“Queremos evitar la discrecionalidad de algunos jueces frente al tema y echar luz para evitar que algunas mujeres sean discriminadas a la hora de acceder a un aborto no punible. Es un tema estrictamente de salud”, señaló César, diputada por la provincia de Buenos Aires.
En todos los bloques donde despierta simpatías también encuentra rechazos: a la hora de votarse podría haber abstenciones o ausencias. Por las connotaciones del tema, es seguro que todas las bancadas dispondrán la libertad de conciencia para sus legisladores.
Otra de las kirchneristas que ya expresaron abiertamente su voto a favor es la vicepresidenta primera de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja. También, entre otros diputados del bloque oficialista, el abogado Héctor Recalde, integrante de la Comisión de Legislación Penal. “Es una ley necesaria. Pone las cosas en su justo término. Es cierto que toda ley es interpretable, pero las interpretaciones abusivas que se han hecho del artículo 86 han dado lugar a verdaderos desatinos, causando sufrimientos a muchas mujeres”, consideró Recalde en diálogo con este diario.
El socialismo está dispuesto a acompañar el proyecto. También la Coalición Cívica, aunque tampoco en ese bloque el apoyo sería unánime. “Ni siquiera deberíamos estar discutiendo un proyecto de esta naturaleza, pero la realidad nos ha demostrado que es necesario. El problema es que muchos jueces no lo han sabido interpretar al artículo 86 y dejan a muchas mujeres en estado de indefensión. Aprobar esta ley sería un paso adelante fundamental”, opinó Marcela Rodríguez, de la CC. Sus compañeras de bancada Fernanda Gil Lozano y Elisa Carca también lo apoyan. Ambas integran la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Gil Lozano, además, la de Legislación Penal. También Vilma Ibarra, de Encuentro Popular y Social, manifestó a este diario su compromiso con el tema: ella misma, que también forma parte de la comisión de Legislación Penal, es autora de otros proyectos que establecen claramente la despenalización del aborto en casos de violación y anencefalia.
Los dos miembros radicales de Legislación Penal estarían de acuerdo con el espíritu de la iniciativa. Son Rubén Lanceta y Pedro Azcoiti. “Estoy a favor, más allá de que se cambie algo de la redacción del proyecto. Es muy importante que se apruebe esta ley”, dijo Azcoiti a PáginaI12. “Tiene que ser una norma lo más específica posible para que no quede sujeta a interpretaciones porque, como ocurre ahora, la ley puede convertirse en letra muerta”, opinó la radical Silvia Storni, vicepresidenta de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde se discutirá el proyecto. Una iniciativa con similares intenciones, pero con distinto formato, obtuvo dictamen favorable en 2007 en las comisiones de Salud y Mujer: en aquel momento los proyectos en debate se consensuaron a partir de iniciativas presentadas por la ex diputada del kirchnerismo Juliana Marino, designada embajadora en Cuba, y la socialista Silvia Augsburger: a diferencia del nuevo proyecto, no reformaba el Código Penal sino que reglamentaba el polémico artículo 86. En la comisión de Legislación Penal, donde debía ser tratada esa propuesta para llegar al recinto, consideraron que para evitar futuros cuestionamientos sería más conveniente la modificación del artículo, aclarando su redacción, y no su reglamentación.
Un cambio para aclarar
Lo que dice el proyecto
Por Mariana Carbajal
¿Qué dice el proyecto de César, Di Tullio y Sylvestre Begnis? Coincide con los lineamientos de la Guía de Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada en el Ministerio de Salud de la Nación en 2007 en los finales de la gestión de Ginés González García. Puntualmente modifica el artículo 86 y lo redacta de la siguiente forma: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible:
1 “Si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer. El peligro, generado o agravado por el embarazo, debe ser inevitable por otros medios científicamente reconocidos.”
2 “Si la gestación fuere consecuencia de una relación sexual no consentida. En el caso de las menores e incapaces, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para realizar el aborto.”
3 “Si un tratamiento médico fuera necesario e irreemplazable y tuviera contraindicaciones en caso de mujeres embarazadas.” Este inciso podría llevar el nombre de Ana María Acevedo, la joven santafesina que murió después de que le negaran un aborto y un tratamiento para el cáncer por estar embarazada.
A partir de sugerencias recibidas en los últimos días, los autores ya han acordado incorporar en el debate en las comisiones los casos de anencefalia u otra malformación fetal incompatible con la vida extrauterina entre las causales de no punibilidad, según confirmó a este diario Sylvestre Begnis.
De aprobarse la iniciativa, será necesaria también una reglamentación. Se fija, en el mismo texto del proyecto, que debe estar terminada dentro de los 30 días de la promulgación de la ley. Para evitar un margen para interpretaciones restrictivas, se incluye un artículo, el cuarto, que define las pautas que deberá “respetar y receptar” la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo. Son las siguientes:
1 “El peligro para la vida o la salud de la madre deberá ser probado con la opinión de un profesional matriculado.” Es decir, ningún comité de bioética deberá expedirse. Bastará con la opinión de un solo médico.
2 “En todos los casos de aborto no punible, la mujer deberá brindar su consentimiento informado luego de recibir información en términos comprensibles según su nivel sociocultural.”
3 “Se debe establecer un plazo no mayor a los quince días corridos para concretar la interrupción del embarazo. Cuando existiera objeción de conciencia del profesional actuante o imposibilidad material de concretar la intervención, la máxima autoridad del centro asistencial será la responsable de encontrar un reemplazante, sea dentro de la misma institución o fuera de ella. En ningún caso podrá extenderse más allá del plazo establecido.”
4 “En ningún caso podrá exigirse denuncia penal para comprobar la relación sexual no consentida; tampoco se podrá exigir autorización judicial para efectuar el aborto, cuando se cumpla con alguno de los tres supuestos del artículo 86 del Código Penal.” Bastará la palabra de la mujer.
5 “Todas las obras sociales y prepagas deben brindar asistencia eficaz y gratuita a todas las mujeres que requieran una interrupción del embarazo en los casos mencionados. No sólo debe incluir la intervención concreta sino también todo el tratamiento psicológico previo y posterior al mismo.”
La propuesta de los diputados kirchneristas llegó al Congreso el 17 de septiembre, cuando todavía resonaba el drama de la nena mendocina de 12 años, embarazada víctima de una violación, a quien un hospital y un juez le pusieron trabas para abortar y finalmente decidió proseguir con la gestación, después de recibir fuertes presiones de grupos “pro vida” para que desistiera. Por esos días trascendía otro caso, el de una adolescente con discapacidad mental de la que habían abusado sexualmente en Bahía Blanca, que a pesar de que un juez quiso impedir que abortara finalmente pudo hacerlo en un hospital público. Por esa intervención, por fuera de la ley, en los próximos días el magistrado enfrentará un pedido de juicio político (ver aparte).
Los más optimistas apuestan a que el proyecto de aborto no punible, promovido desde el kirchnerismo, pueda debatirse en el recinto antes de fin de año.
Lunes, 13 de Octubre de 2008
Algunas críticas al texto
Organizaciones de mujeres analizaron el texto del proyecto y encontraron algunos aspectos, a su entender, “preocupantes”, que podrían dar lugar a interpretaciones restrictivas e intervenciones judiciales que obstaculizarían nuevamente los casos no punibles. Ya hicieron llegar a los autores de la iniciativa sus puntos de vista.
Uno de los cuestionamientos es que el texto hable de “relaciones sexuales no consentidas” en lugar de violación o abuso sexual, como dice el Código Penal. Otro aspecto criticado es que no se exija una denuncia judicial en esos casos. Temen que los médicos con resistencias a llevar adelante los abortos no punibles pongan objeciones para aceptar la palabra de la mujer que reclama un aborto después de una relación sexual “no consentida”. “¿Quién define que una relación sexual es no consentida? Sabemos de la enorme dificultad para probarlo y puede ser un elemento que vuelva a favorecer interpretaciones restrictivas. Sería más adecuado que se exija una denuncia judicial o el informe de un hospital interviniente, donde consta en la historia clínica que fue atendida por haber sufrido una violación”, explicó una activista del movimiento de mujeres.
Otro aspecto objetado tiene que ver con el planteo de que para considerar no punible un aborto cuando corra riesgo la salud de la mujer, “el peligro, generado o agravado por el embarazo, debe ser inevitable por otros medios científicamente reconocidos”. “Estamos en la puerta de otra redacción ambigua. Hablar de inevitabilidad vuelve a generar interpretaciones. En los casos de aborto no punible, en lugar de tomar la interpretación más benigna, la Justicia y los médicos siempre han elegido la más restrictiva”, alertó la activista.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-113238.html
