Expresamos nuestra profunda preocupación por la polémica decisión del Tribunal Oral 1 de Morón de dejar en libertad al cura Julio César Grassi, tras haber sido declarado culpable de abuso sexual agravado y corrupción de menores. Sorprende por su alta visibilidad que un tribunal que condena a 15 años de prisión a un abusador de menores no sólo lo deja en libertad hasta que la sentencia quede firme, sino que lo autoriza a regresar al lugar donde cometió sus crímenes. El fallo es anacrónico y contradictorio.

Abundan estudios y denuncias sobre casos de abusadores y violadores que repiten sus delitos, porque es parte de su naturaleza compulsiva. En tal sentido la Justicia debería considerar que los delitos de violación y abuso sexual tienen particularidades que agudizan su importancia.

Enio Linares, decano de la criminología argentina y perito en la causa, opina que poner en la calle a un pedófilo comprobado como Grassi es gravísimo porque se pone en libertad a una persona peligrosa que tiene una estructura de personalidad irreversible; un psicópata imputable que es racional y consciente de sus actos, aun cuando no acepte la responsabilidad criminal de los mismos.

Exponer a chicos vulnerables no puede dejar de impactar a la sociedad y promover serios debates de juristas y especialistas como también el reclamo de diversas organizaciones civiles. La Comisión de la Mujer de la APDH se suma a estos reclamos y alza su voz para expresar su repudio a una resolución judicial que aparece como arbitraria. Señala, asimismo, su preocupación ante las características excepcionales que rodean a este caso, no sólo por ser el condenado un sacerdote, sino también un personaje poderoso que supo construir un imperio de la beneficencia, con un fuerte entorno mediático y una red de influencias entre diversos sectores de poder. Estas características parecen haber pesado en el fallo del Tribunal Oral 1 de Morón, ya que el juicio tardó siete años y nueve meses, el juicio oral no fue público y existieron amenazas, presiones, violencia e intimidación a testigos y abogados querellantes, como también el hecho de dar sólo por probado dos (quizá los más débiles) de los diecisiete hechos denunciados, quedando dos menores victimizados (pese a las pruebas y testigos) sin ser reivindicados.

Por todo lo expresado, esperamos que en la nueva instancia de Casación la Justicia argentina actúe con firme imparcialidad, dejando de lado las “excepcionalidades” señaladas, que no son otra cosa que privilegios discriminatorios que atentan contra el principio básico de la igualdad ante la ley, sean éstos ricos y poderosos o pobres y desamparados.

Sólo con verdad y justicia podremos construir un futuro mejor para todos.

De la lectura del fallo que condenó a 15 años de prisión al cura Julio César Grassi por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravados, surge con claridad que altos dignatarios de la Iglesia Católica estaban al tanto de las fuertes sospechas que existían acerca de las actividades non sanctas del sacerdote.

El tema era conocido por la cúpula del Episcopado desde mucho antes de que comenzara la investigación periodística que terminó con la denuncia de pedofilia difundida en octubre de 2002 en el programa Telenoche investiga. “Monseñor (Justo) Laguna no se sorprendió con la noticia y dijo que ya varias personas le habían comunicado situaciones de abuso sexual y de preferencia enfermiza con los menores varones por parte de Grassi.” La frase figura en el texto firmado por los jueces del Tribunal Oral 1 de Morón y cita como fuentes a los periodistas que hicieron ese trabajo de investigación.

Incluso se menciona que Laguna, a quien entrevistaron en la quinta del Obispado de Morón, les había comentado que “algunos empleados de la Fundación (Felices los Niños) habían pedido su protección y denunciado golpes por parte de los cuidadores” de los chicos, entre ellos el ex policía Juan Domingo Pérez, quien antes había sido denunciado por su ex mujer. Ella lo acusó de “haberle desprendido el cuero cabelludo a uno de sus (propios) hijos”. En el marco de la investigación periodística, a cargo de Miriam Lewin, Irene Bais y Miguel Jorquera, se reunieron con Jorge “Corcho” Rodríguez, quien también tenía conocimiento acerca de la personalidad de Grassi.

Se hizo una reunión, en la que participó el fallecido ex dirigente montonero Rodolfo Galimberti. “Estuvieron como tres horas hablando y luego Rodríguez (…) dijo que sabía que a Grassi le gustaban y se acostaba con pibes. Esto lo sabíamos con Susana…”, confirmó el entonces novio de Susana Giménez. En otro encuentro posterior, Rodríguez les dijo: “No se hagan problemas porque todo el mundo sabe que Grassi es bufarrón”. En ese acto, Rodríguez les entregó un anónimo en el que se denunciaba al cura y que los periodistas ya habían recibido con anterioridad. En estos encuentros se basó la defensa de Grassi para asegurar, a lo largo de todo el juicio, que la acusación había sido “un complot” supuestamente organizado por Susana Giménez y el Canal 13.

Al comienzo de la investigación, la información previa señalaba que había al menos seis chicos abusados por el cura, entre los cuales figuraba “Luis”, cuyo caso llegó al juicio y fue desestimado por los jueces. En cambio, no eran mencionados los de “Ezequiel” –también desestimado en el juicio– y “Gabriel”, cuya denuncia fue considerada válida. Por los abusos contra “Gabriel”, el cura Grassi fue condenado a quince años de cárcel, aunque sigue libre.

Del texto del fallo surge también que el propio Grassi se había enterado de la investigación que lo tuvo como eje en forma previa a la emisión del programa de Telenoche. La advertencia llegó, un mes y medio antes, de boca de un sacerdote franciscano amigo del imputado, de nombre Diego Morea. El cura amigo, a su vez, había sido alertado por un conocido suyo llamado Constancio Vigil, homónimo de un importante empresario periodístico. En el fallo no se aclara en ningún momento si se trata de la misma persona.

Durante las charlas con Laguna, el entonces obispo de Morón les comentó a los periodistas que Grassi “tenía mucho poder en la policía”. También les dijo que al cura ahora condenado “le gustaba hacer ostentación de su desobediencia” hacia Laguna, que era su superior directo. El obispo considera que Grassi es “personalista y egocéntrico”. Por esas razones, Laguna no se mostró sorprendido por la realización de un programa de TV y cuando los vio, les preguntó: “¿Qué pasa ahora con Grassi?”. Después les comentó: “¿Con quién anda ahora? (…) dicen (que) con un rubiecito?”.

Otra cosa que llamó la atención de los periodistas fue “el terror que generaba el cura (por Grassi), y no sólo a los empleados, sino también a los chicos”. El chico conocido como “Gabriel”, antes de animarse a hacer su denuncia, consideraba que “Grassi podía hacerle cualquier cosa porque tenía poder y a él no le iban a creer porque era un chico de la calle”. Por esas razones, el chico “no tenía confianza en la Justicia”, porque decía que “él no era nadie y el cura era todo”.

En cuanto al conocimiento, por parte de la Iglesia, de la personalidad de Grassi, uno de los primeros en saberlo fue el sacerdote Elvio Mettone, quien trabajó con él en el hogar La Casita, donde se alojan chicos con problemas sociales. En el juicio, Mettone relató que el padre de uno de los niños “había ido a golpear a Grassi por algún problema anterior en el cual había abusado sexualmente de su hijo”. El cura Mettone dijo también que Grassi “le hacía regalos” a un chico llamado I. G., que figuraba en la primera nómina de supuestos abusados que había llegado a conocimiento de los periodistas de Telenoche investiga.

Según dijo Mettone, el sacerdote Grassi “se robó” a I. G. de La Casita, cuando el chico estaba a punto de ser adoptado por un matrimonio. Cuando le pidieron precisiones, Mettone sostuvo que al chico “se lo quedó Grassi”. En su testimonio ante el tribunal, Mettone dijo que el cura salía con ese chico y regresaban a altas horas de la noche, rompiendo los códigos fijados en el hogar. De todos modos, los periodistas concluyeron, ante los jueces, que Mettone dijo más cosas “en off que en on”. Lo mismo ocurrió cuando Mettone estuvo ante los jueces, en el juicio oral.

A una niña de 9 años sus compañeros le impidieron compartir una mesa porque “ella no come el pan de Cristo”. La madre le reclamó el hecho a una docente, que le habría contestado que “los judíos tienen sus propias escuelas”.