Observatorio Ateo de Argentina

El lunes 12 el vicepresidente de la Iglesia Católica argentina, Luis Villalba, se reunió en el Arzobispado de Tucumán con seis de los nueve diputados nacionales de la provincia, para instruirlos acerca de la posición institucional sobre la reforma en curso a la ley de matrimonio civil, que substituye “hombre y mujer” por “contrayentes”.

Asistieron al encuentro los justicialistas Germán Alfaro, Gerónimo Vargas Aignasse, Alfredo Dato y Miriam Gallardo y los radicales Nora Castaldo y Juan Casañas, quienes aceptaron la indicación del arzobispo de presentar un proyecto de declaración.

El texto llevará el título “El matrimonio es entre un hombre y una mujer”. La compasión por los pobres y por los jóvenes es el telón que vela estas operaciones en contra del proceso democrático de formación de las leyes.

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Cinco nuevos testimonios, ofrecidos en forma espontánea a raíz de la nota “Su pasado lo condena”, confirman el rol del ahora cardenal Jorge Bergoglio en la represión del gobierno militar sobre las filas de la Iglesia Católica que hoy preside, incluyendo la desaparición de sacerdotes. Quienes hablan son una teóloga que durante décadas enseñó catequesis en colegios del obispado de Morón, el ex superior de una Fraternidad sacerdotal que fue diezmada por las desapariciones forzadas, un seglar de la misma Fraternidad que denunció los casos al Vaticano, un sacerdote y un laico que fueron secuestrados y torturados.

Teóloga con minifalda

Dos meses después del golpe militar de 1976 el obispo de Morón, Miguel Raspanti, intentó proteger a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics porque temía que fueran secuestrados, pero Bergoglio se opuso. Así lo indica la ex profesora de catequesis en colegios de la diócesis de Morón, Marina Rubino, quien en esa época estudiaba teología en el Colegio Máximo de San Miguel, donde vivía Bergoglio. Por esa circunstancia conocía a ambos. Además había sido alumna de Yorio y Jalics y sabía del riesgo que corrían. Marina decidió dar su testimonio luego de leer la nota sobre el libro de descargo de Bergoglio.

Marina Rubino vive en Morón desde siempre. En el Colegio del Sagrado Corazón de Castelar daba catequesis a los chicos y formaba a los padres, que le parecía lo más importante. “Una vez por mes nos reuníamos con ellos. Era un trabajo hermoso. Esta experiencia duró quince años”. También dio cursos de iniciación bíblica “en todos los lugares no turísticos de la Argentina. Teníamos una publicación, con comentarios a los textos de los domingos, queríamos que las comunidades tuvieran elementos para pensar”. Desde que se jubiló da clases de telar, en centros culturales, sociedades de fomento o casas.

No quiso ingresar al seminario de Villa Devoto porque no le interesaba la formación tomista, sino la Biblia. En 1972 comenzó a estudiar Teología en la Universidad del Salvador. La carrera se cursaba en el Colegio Máximo de San Miguel. En primer año tuvo como profesor a Francisco Jalics y en segundo a Orlando Yorio. Mientras estudiaba, coordinaba la catequesis en el colegio Sagrado Corazón de Castelar, donde también estaba la religiosa francesa Léonie Duquet. “Eran tiempos difíciles. Por hacer en el colegio una opción por los pobres tomándonos en serio el Concilio Vaticano II y la reunión del CELAM en Medellín perdimos la mitad del alumnado. Pero mantuvimos esa opción y seguimos formando personas más abiertas a la realidad y al compromiso con los más necesitados sosteniendo que la fe tiene que fortalecer estas actitudes y no las contrarias.” El obispo era Miguel Raspanti, quien entonces tenía 68 años y había sido ordenado en 1957, en los últimos años del reinado de Pío XII. Era un hombre bien intencionado que hizo todos los esfuerzos por adaptarse a los cambios del Concilio, en el que participó. Después del cordobazo de 1969 repudió las estructuras injustas del capitalismo e instó al compromiso con “la liberación de nuestros hermanos necesitados”. Pero el problema más grave que pudo identificar en Morón fue el aumento de los impuestos al pequeño comerciante y el propietario de la clase media. “Muchas veces hubo que discutir y sostener estas opciones en el obispado y monseñor Raspanti solía terminar las entrevistas diciéndonos que si creíamos que había que hacer tal o cual cosa, si estábamos convencidos, él nos apoyaba”, recuerda Marina. Sus palabras son seguidas con atención por su esposo, Pepe Godino, un ex cura de Santa María, Córdoba, que integró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

Marina cursaba teología en San Miguel de 8.30 a 12.30. No le habían dado la beca porque era mujer, pero como era la coordinadora de catequesis en un colegio del obispado, Raspanti intercedió y obtuvo que una entidad alemana se hiciera cargo del costo de sus estudios. Tampoco le quisieron dar el título cuando se recibió, en 1977. El director del teologado, José Luis Lazzarini, le dijo que había un problema, que no se habían dado cuenta de que era mujer. Marina partió en busca de quien la había recibido al ingresar, el jesuita Víctor Marangoni:

–Cuando me viste por primera vez, ¿te diste cuenta o no de que era mujer?

–Sí, claro, ¿por qué? –respondió azorado el vicerrector ante esa tromba en minifalda.

–Porque Lazzarini no me quiere dar el título.

Marangoni se encargó de reparar ese absurdo. Marina tiene su título pero nunca se realizó la entrega oficial.

La desprotección

Un mediodía, al salir de sus cursos, “lo encuentro a monseñor Raspanti parado en el hall de entrada, solo. No sé por qué lo tenían allí esperando. Estaba muy silencioso, le pregunté si esperaba a alguien y me dijo que sí, que al padre provincial Bergoglio. Tenía el rostro demudado, pálido, creí que estaba descompuesto. Lo saludé, le pregunté si se sentía bien, y lo invité a pasar a un saloncito de los que había junto al hall”.

–No, no me siento mal, pero estoy muy preocupado –le respondió Raspanti.

Marina dice que tiene una memoria fotográfica de aquel día. Habla con voz calma pero se advierte el apasionamiento en sus ojos grandes y expresivos. Pepe la mira con ternura.

“Me impresionó verlo solo a Raspanti, que siempre iba con su secretario”, dice. Marina sabía que sus profesores Jalics y Yorio y un tercer jesuita que trabajaba con ella en el colegio de Castelar, Luis Dourron, habían pedido pasar a la diócesis de Morón. Yorio, Jalics, Dourron y Enrique Rastellini, que también era jesuita, vivían en comunidad desde 1970, primero en Ituzaingó y luego en el Barrio Rivadavia, junto a la Gran Villa del Bajo Flores, con conocimiento y aprobación de los sucesivos provinciales de la Compañía de Jesús, Ricardo Dick O’Farrell y Bergoglio. “Le dije que Orlando y Francisco habían sido profesores míos y que Luis trabajaba con nosotros en la diócesis, que eran intachables, que no dudara en recibirlos. Todos estábamos pendientes de que pudieran venir a Morón. Ninguno de los que conocíamos la situación nos oponíamos. Raspanti me dijo que de eso venía a hablar con Bergoglio. A Luis ya lo había recibido, pero necesitaba una carta en la que Bergoglio autorizara el pase de Yorio y Jalics.”

Marina entendió que era una simple formalidad, pero Raspanti le aclaró que la situación era más complicada. “Con las malas referencias que Bergoglio le había mandado él no podía recibirlos en la diócesis. Estaba muy angustiado porque en ese momento Orlando y Francisco no dependían de ninguna autoridad eclesiástica y, me dijo:

–No puedo dejar a dos sacerdotes en esa situación ni puedo recibirlos con el informe que me mandó. Vengo a pedirle que simplemente los autorice y que retire ese informe que decía cosas muy graves.

Cualquiera que ayudara a pensar era guerrillero, comenta Marina. Acompañó a su obispo hasta que Bergoglio lo recibió y luego se fue. Al salir vio que tampoco estaba en el estacionamiento el auto de Raspanti. “Debe haber venido en colectivo, para que nadie lo siguiera. Quería que la cosa quedara entre ellos dos. Estaba haciendo lo imposible por darles resguardo.”

La teóloga agrega que le impresionó la angustia de Raspanti, “que si bien no podía ser calificado de obispo progresista, siempre nos defendió, defendió a los curas cuestionados de la diócesis, se llevaba a dormir a la casa episcopal a los que corrían más riesgo y nunca nos prohibió hacer o decir algo que consideráramos fruto de nuestro compromiso cristiano. Como buen salesiano se portaba como una gallina clueca con sus curas y sus laicos, cobijaba, cuidaba aunque no estuviera de acuerdo. Eran puntos de vista distintos, pero él sabía escuchar y aceptaba muchas cosas”. Uno de esos curas es Luis Piguillem, quien había sido amenazado. Regresaba en bicicleta cuando se topó con un cordón policial que impedía el paso. Insistió en que quería pasar, porque su casa estaba en el barrio y un policía le dijo:

–Vas a tener que esperar porque estamos haciendo un operativo en la casa del cura.

Piguillem dio vuelta con su bicicleta y se alejó sin mirar hacia atrás. De allí fue al obispado de Morón, donde Raspanti le dio refugio. Los militares dijeron que se había escondido bajo las polleras del obispo. Pero no se atrevieron a buscarlo allí.

–¿Raspanti era consciente del riesgo que corrían Yorio y Jalics?

–Sí. Dijo que tenía miedo de que desaparecieran. No pueden quedar dos sacerdotes en el aire, sin un responsable jerárquico. Pocos días después supimos que se los habían llevado.

De Córdoba a Cleveland

Otro testimonio recogido a raíz de la publicación del domingo es el del sacerdote Alejandro Dausa, quien el martes 3 de agosto de 1976 fue secuestrado en Córdoba, cuando era seminarista de la Orden de los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette. Luego de seis meses en los que fue torturado por la policía cordobesa en el Departamento de Inteligencia D2 pudo viajar a Estados Unidos, adonde ya había llegado el responsable del seminario, el sa-

cerdote estadounidense James Weeks, por quien se interesó el gobierno de su país. Este año se realizará en Córdoba el juicio por aquel episodio, cuyo principal responsable es el general Luciano Menéndez. Ahora Dausa vive en Bolivia y cuenta que tanto Yorio como Jalics le dijeron que Bergoglio los había entregado.

Al llegar a Estados Unidos supo por organismos de derechos humanos que Jalics se encontraba en Cleveland, en casa de una hermana. Dausa y los otros seminaristas, que estaban iniciando el noviciado, lo invitaron a dirigir dos retiros espirituales. Ambos se realizaron en 1977, uno en Altamont (estado de Nueva York) y otro en Ipswich (Massachusetts). Recuerda Dausa: “Como es natural, conversamos sobre los secuestros respectivos, detalles, características, antecedentes, señales previas, personas involucradas, etc. En esas conversaciones nos indicó que los había entregado o denunciado Bergoglio”.

En la década siguiente, Dausa trabajaba como cura en Bolivia y participaba de los retiros anuales de La Salette en Argentina. En uno de ellos los organizadores invitaron a Orlando Yorio, que para esa época trabajaba en Quilmes. “El retiro fue en Carlos Paz, Córdoba, y también en ese caso conversamos sobre la experiencia del secuestro. Orlando indicó lo mismo que Jalics sobre la responsabilidad de Bergoglio.”

Los asuncionistas

Yorio y Jalics fueron secuestrados el 23 de mayo de 1976 y conducidos a la ESMA, donde los interrogó un especialista en asuntos eclesiásticos que conocía la obra teológica de Yorio. En uno de los interrogatorios le preguntó por los seminaristas asuncionistas Carlos Antonio Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez. Ambos eran compañeros de Marina Rubino en el Teologado de San Miguel y desarrollaban trabajo social en el barrio popular La Manuelita, de San Miguel, donde vivían y atendían la capilla Jesús Obrero. De allí fueron secuestrados diez días después que los dos jesuitas, el 4 de junio de 1976, y llevados a la misma casa operativa que Yorio y Jalics. A media mañana Di Pietro llamó por teléfono al superior asuncionista Roberto Favre y le preguntó por el sacerdote Jorge Adur, que vivía con ellos en La Manuelita.

–Recibimos un telegrama para él y se lo tenemos que entregar –dijo.

De ese modo, consiguió que la Orden se pusiera en movimiento. El superior Roberto Favre presentó un recurso de hábeas corpus, que no obtuvo respuesta. Adur logró salir del país, con ayuda del nuncio Pio Laghi, y se exilió en Francia. Volvió en forma clandestina en 1980, convertido en capellán del autodenominado “Ejército Montonero” y fue detenido-desaparecido en el trayecto a Brasil, donde procuraba entrevistarse con el papa Juan Pablo II. El mismo camino del exilio siguió uno de los detenidos en la razzia del barrio La Manuelita, el entonces estudiante de medicina y hoy médico Lorenzo Riquelme. Cuando recuperó su libertad la Fraternidad de los Hermanitos del Evangelio le dio hospitalidad en su casa porteña de la calle Malabia. En comunicaciones desde Francia con quien era entonces el superior de los Hermanitos del Evangelio, Patrick Rice, Riquelme dijo que quien lo denunció fue un jesuita del Colegio de San Miguel, quien era a la vez capellán del Ejército. Está convencido de que ese sacerdote presenció las torturas que le aplicaron, cree que en Campo de Mayo.

El ablande

También como consecuencia de la nota del domingo aceptó narrar su conocimiento del caso un fundador de la Fraternidad seglar de los Hermanitos del Evangelio Charles de Foucauld, Roberto Scordato. Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976, Scordato se reunió en Roma con el cardenal Eduardo Pironio, quien era prefecto de la Congregación vaticana para los religiosos, y le comunicó el nombre y apellido de un sacerdote de la comunidad jesuita de San Miguel que participaba en las sesiones de tortura en Campo de Mayo con el rol de “ablandar espiritualmente” a los detenidos. Scordato le pidió que lo transmitiera al superior general Pedro Arrupe pero ignora el resultado de su gestión, si tuvo alguno. Consultado para esta nota Rice, quien también fue secuestrado y torturado ese año, dijo que eso no hubiera sido posible sin la aprobación del padre provincial. Rice y Scordato creen que ese jesuita se apellidaba González pero a 34 años de distancia no lo recuerdan con certeza.

Iracundia

Como cada vez que su pasado lo alcanza, Bergoglio atribuye la divulgación de sus actos al gobierno nacional.

Esta semana reaccionó con furia, durante la homilía que pronunció en una misa para estudiantes.

En lo que su vocero describió como “un mensaje al poder político”, dijo que “no tenemos derecho a cambiarle la identidad y la orientación a la Patria”, sino “proyectarla hacia el futuro en una utopía que sea continuidad con lo que nos fue dado”, que los chicos no tienen otro horizonte que comprar un papelito de merca en la esquina de la escuela y que los dirigentes procuran trepar, abultar la caja y promover a los amigos.

Con este ánimo iracundo inaugurará mañana en San Miguel la primera asamblea plenaria del Episcopado de 2010.

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El obispo Richard Williamson consiguió una rebaja de casi el veinte por ciento en la multa que una Corte alemana le aplicó por “incitación al odio racial”, a causa de haber negado el Holocausto, pero tendrá que pagar 10.000 euros. La pena le fue aplicada en ausencia por un tribunal de Ratisbona, donde había formulado las declaraciones. En enero de 2009, Williamson había desatado uno de los escándalos que vienen jalonando el pontificado de Benedicto XVI, cuando se conocieron sus afirmaciones acerca de que ningún judío hubiera muerto en ninguna cámara de gas, durante el gobierno nacionalsocialista en Alemania. Poco después de esos dichos, el Papa le había levantado la excomunión que sobre él pesaba a causa de haber sido ordenado por el obispo rebelde Marcel Lefebvre. En ese momento, Williamson vivía en la Argentina, donde dirigía un seminario en la localidad de La Reja: cuando se conocieron sus declaraciones, el gobierno argentino lo expulsó del país. Actualmente reside en Gran Bretaña, su país de origen.

El 21 de enero de 2009, en una entrevista realizada a la televisión sueca en la ciudad alemana de Ratisbona, Williamson había afirmado que “si bien 200.000 o 300.000 judíos murieron en los campos de concentración, ni uno murió en las cámaras de gas”, con relación a la masacre efectuada por la Alemania nazi entre 1939 y 1945.

El obispo fue procesado en los términos de la ley alemana que condena la negación del Holocausto como incitación al odio racial. En octubre de 2009 lo condenaron a una multa de 12.000 euros pero apeló, sobre la base de que sus declaraciones no debían haberse difundido en Alemania sino en Suecia.

Ayer, la jueza Karim Frahm, de Ratisbona, ratificó que Williamson violó la ley, ya que la entrevista se había efectuado en territorio alemán y el obispo “podía dar por descontado que sus declaraciones producirían escándalo” y que serían reproducidas ampliamente por la prensa en ese país. La magistrada admitió, sin embargo, que el inculpado podía no haber previsto que la entrevista se difundiría en YouTube y así sería vista directamente en Alemania, por lo cual le redujo la pena a 10.000 euros. El obispo no se presentó ante el tribunal, aduciendo que la Fraternidad San Pío X, a la que pertenece, se lo había prohibido. Su abogado, Matthias Lossmann, dijo que su cliente todavía no decidió si apelará el fallo.

Pocos días después, el papa Benedicto XVI levantó la excomunión impuesta en 1988 por Juan Pablo II a Williamson y a otros tres obispos que, como él, pertenecían a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Los cuatro habían sido ordenados irregularmente por el fallecido obispo integrista Marcel Lefebvre. El Sumo Pontífice adujo que –pese a la infalibilidad papal– al levantar la excomunión no tenía conocimiento de las declaraciones de Williamson; recibió, sin embargo, una oleada internacional de críticas, especialmente de organizaciones judías y de la canciller alemana Angela Merkel.

El Vaticano le exigió al obispo una retractación “inequívoca y pública”, y éste respondió lamentando el efecto pero no el contenido de la entrevista. De todos modos, la Santa Sede dio por cerrado el tema sin sancionar a Williamson.

Desde 2003, Williamson residía en la Argentina, donde dirigía el Seminario Nuestra Señora Corredentora, en la localidad de La Reja. Pocos días después de la difusión de sus declaraciones, el Gobierno lo echó del país: el argumento formal fue que “ha fraguado reiteradamente el verdadero motivo de su permanencia en el país, ya que declara ser un empleado administrativo de la Asociación Civil La Tradición pero su verdadera actividad era la de sacerdote”, pero el Gobierno subrayó “la enérgica condena del gobierno argentino a manifestaciones como éstas, que agreden profundamente a la sociedad argentina, al pueblo judío y a la humanidad toda”.

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La Argentina procesó su pasado de plomo primero con la Justicia que comenzó a actuar con el juicio a las juntas de 1985. Luego, con la interrupción de la investigación judicial, vino la etapa de la memoria. Y la Historia llegó más tarde. Tras la muerte de Francisco Franco y la transición a la democracia, España decidió no hacer justicia y tampoco encaró políticas públicas o particulares de memoria. Los historiadores, en cambio, trabajaron desde un principio. Recién con el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Memoria Histórica España destapó la olla de la dictadura franquista (1936-1975), a lo cual se agregó la intervención judicial de Baltasar Garzón desde el 2008.

Julián Casanova tiene la rara característica de actuar en los tres planos. Es historiador profesional y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Aragón. Escribió, entre otros libros, La Iglesia de Franco y Víctimas de la Guerra Civil, se interesa por las políticas de memoria vinculadas con la educación e interviene con frecuencia en el debate político cotidiano.

En un diálogo telefónico con Página/12 Casanova aceptó ponerse sus tres sombreros.

–El nacional-catolicismo español es parecido al integrismo argentino. Usted investigó a fondo al primero y su relación con el régimen de Franco.

–La Iglesia Católica se comportó como un bloque muy homogéneo durante casi todo el franquismo. Reverdeció el mito medieval y por supuesto no escuchó ni los disparos ni la represión. Pero la situación social a partir de los años ’60 empezó a modificar los esquemas. El éxodo rural a las ciudades fue cambiando las cosas y aparecieron percepciones nuevas. Antes los sacerdotes no tenían conexiones con el mundo obrero. Cuando los campesinos se convierten en obreros de las grandes ciudades también aparecieron las comunidades cristianas de base y los sacerdotes relacionados con los nuevos trabajadores, a veces todos juntos en movimientos de tono asambleario y casi libertario. No olvidemos que ya existía la Teología de la Liberación y que el Concilio Vaticano II funcionó a principios de la década de 1960.

–¿Cómo estaba la Iglesia cuando a fines de 1975 muere Franco y luego con el comienzo de la transición democrática?

–Dividida. Ya no era aquel bloque monolítico.

–¿Por la pastoral obrera?

–No solamente. También había divisiones en la jerarquía. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón apoyó la transición democrática mientras otros dignatarios aún lloraban la muerte de Franco. Al revés de la Iglesia, el ejército sí era todavía un bloque monolítico y estaba dirigido en parte por quienes todavía reivindicaban un ejército de guerra, prolongación de las fuerzas que habían vencido en la Guerra Civil y gobernado con Franco entre 1936 y 1975. La paradoja es cómo evolucionaron las dos instituciones.

–¿Cuál sería la paradoja?

–La jerarquía de la Iglesia Católica, ya sin Tarancón, volvió a hacerse monolítica. Hoy es monolíticamente reaccionaria. Y el ejército, en cambio, no está en la batalla de reivindicación del franquismo que vemos hoy en otros sectores. Si no estaríamos oyendo ruido de sables.

–Y no los oyen.

–No, claro que no. No se escuchan desde febrero de 1981, cuando el mundo asistió a la imagen extraordinaria de Antonio Tejero, aquel personaje que entraba a tiro limpio en un Parlamento de Europa occidental.

–¿Cuáles son algunos de los signos visibles del monolitismo que usted atribuye a la jerarquía eclesiástica española?

–Su peso permanente, en buena medida en aumento durante el papado de Juan Pablo II, que ejerció una influencia de homogeneización. Por ejemplo, no quiso ni negociar en la cuestión del aborto.

–A pesar de que el Congreso la votó por mayoría.

–Exactamente.

–¿Los gobiernos democráticos atacaron a la cúpula de la Iglesia?

–No. Al contrario. Ni siquiera cortó los conciertos subsidiados en los colegios católicos. Tampoco cuestionó las beatificaciones de Juan Pablo II a figuras de la historia española.

–¿A quiénes beatificó?

–A mártires de la Guerra Civil. Pero ése no es el punto. El punto, en relación con su pregunta sobre la actitud de los gobiernos democráticos, es que ningún papa había realizado beatificaciones y canonizaciones antes, en vida de Franco. Todas ocurrieron de la transición en adelante, cuando paradójicamente se fueron muriendo todos los últimos exponentes de la cruzada franquista.

–¿Qué pasó con aquellos movimientos asamblearios dentro de la Iglesia?

–La jerarquía los fue asfixiando. Hay algunos restos. De vez en cuando alguno levanta la mano, pero no tienen espacio.

–En los años ’60 el Opus Dei actúa como fuerza modernizadora dentro del gobierno de Franco. ¿Qué ocurre después?

–Efectivamente es así. El Opus Dei ingresa al gobierno en 1957 y no lo deja hasta 1974. Controla el final del franquismo. Después abandona la política directa y no pesa en la transición democrática. Sin embargo, sigue pesando en sectores de poder y en miembros de la jerarquía, sobre todo con Juan Pablo II.

–La transición se basó, entre otras cosas, en no perseguir los crímenes del franquismo, ¿no es verdad?

–La administración del Estado franquista fue desmontada sin demasiados problemas. No se buscaron responsabilidades y no se buscó a la gente comprometida con el régimen. Salvo expresiones y atentados residuales, el proceso de transición se realizó sin grandes resistencias de grupos ultraderechistas desde dentro de la administración. Esta es la gran paradoja de la transición española: ni las fuerzas relacionadas de alguna manera con las víctimas del franquismo protestaron y exigieron que la transición fuese más allá, ni la ultraderecha, debilitada, pudo oponerse a la propia transición. Fue muy impresionante, por otra parte, el nivel de manejo y de dominio del ritmo político evidentes en los franquistas que aterrizaron en la transición, como el presidente de gobierno Adolfo Suárez.

–Y se produjo el destape.

–Pero a la vez siguió el miedo.

–¿Miedo a qué?

–No olvidemos que los españoles estuvieron educados durante muchos años en la cultura política del orden y la estabilidad. Temían los desórdenes y las protestas. Temían un nuevo trauma. Y los discursos que explotaron ese miedo fueron claves y calaron hondo en la sociedad. Pero tengamos en cuenta también una cosa importante: todos, incluso los sectores más reaccionarios, entendieron que la democracia traía beneficios. Era conveniente para todos.

–En los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica y decisiones como la del juez Garzón, ¿volvió el miedo?

–Es distinto. Sucede como si todo el mundo hubiera acordado en un momento que el pasado estaba directamente en el olvido. Y ahora todos se comportan como si les estuvieran cambiando un poco la historia. Pensaron que la habían superado y ahí está.

–¿Fue así?

–Lo fue a nivel masivo. No se trata de miedo a volver al pasado. Es el miedo a que les cambien la historia. El miedo se refiere no tanto a la Guerra Civil sino a la posguerra, a la dictadura, a la represión sistemática. Insisto: lo digo en términos masivos, porque la verdad es que los historiadores veníamos trabajando duro y con precisión en el estudio del franquismo e incluso de sus crímenes.

–¿Cómo juega en este proceso la intervención de Garzón?

–De hecho les dio una proyección masiva e internacional a los temas que los historiadores ya veníamos trabajando. Más allá de que un juez es un juez y un historiador tiene un oficio distinto, no es lo mismo para la visibilidad de un tema la intervención de un juez con prestigio internacional que el trabajo de un historiador capaz de vender, con suerte, 20 mil ejemplares de un libro. Con definiciones como la de Garzón estaba claro que a las instituciones en general no les iba a quedar más remedio que involucrarse.

–¿Para usted es positivo el proceso?

–Al principio, cuando comenzó a discutirse el tema de la Memoria Histórica, no había dudas de que era buena oportunidad de difundir el conocimiento. Siempre hay que saber. Es una forma más de evitar que el pasado traumático pueda volver en algunas de sus formas. Y habría sido bueno para recuperar una parte larga de la historia del siglo XX. Es inconcebible que no haya en España museos, memoriales, sitios donde reflexionar masivamente sobre lo que ocurrió. Cuando se pase la bronca política de hoy, ¿qué quedará? Habrá que reconstruir en los archivos, contribuir a la memoria, dar materiales para la educación. Y hay muchas discusiones pendientes. ¿Qué debe borrarse del pasado? Es obvio que no puede vivirse con todas las calles que se llamaban Generalísimo o Francisco Franco. Pero, ¿hay que sacar todo? Quitaron todas las placas de conmemoración del franquismo. ¿No había que dejar por lo menos una parte para que se entendiera el propio franquismo? Si no, se acaba borrando las memorias de los otros.

–Incluidas las víctimas.

–Incluidas. Y ya que habla de las víctimas, permítame aprovechar para aclarar algunas cosas para los lectores argentinos. Puede ser que se haya interpretado la decisión de Garzón de sentirse en condiciones de entender en los crímenes del franquismo como algo con una consecuencia directa: que Garzón iba a por los verdugos.

–Supongo que los verdugos, en su mayoría, murieron.

–Claro. Y otro punto es el de los desaparecidos. Hubo desaparecidos en la Guerra Civil y puede haber habido algunos después, pero ésa no fue la norma represiva del franquismo.

–¿Cómo reprimió Franco?

–Lo predominante no fueron las desapariciones al estilo de la represión argentina, porque Franco fusilaba. Por supuesto que los acusados no tuvieron un juicio justo, pero no hay mayores misterios. Los investigadores registramos los asesinatos. Conocemos sus nombres. Escribimos libros.

–¿Cuántos fueron?

–Por lo menos hay registrados 50 mil asesinados después de la Guerra Civil. Es una enormidad. Y la decisión de Garzón funcionó como un modo de hacer más visible ese tema. Lo atacan porque dicen que es un juez-estrella. Pero es su forma de que las cosas aparezcan en la superficie. Y, más allá de Garzón, una sociedad no puede vivir para siempre entre miles de muertes del pasado y en medio del silencio. Las muertes siempre merecen una retribución jurídica y política. Veremos cuál es, pero la merecen.