Observatorio Ateo de Argentina

Por primera vez, el Congreso pone el tema de la despenalización del aborto en su agenda. La discusión se abrirá hoy a partir de las 16, en una jornada pública en la Comisión de Legislación Penal, a más de veinte años de que diferentes grupos de mujeres iniciaran en el país, el 8 de marzo de 1988, la lucha por la legalización de esa práctica, cuya criminalización dejó el último año otras 87 mujeres muertas: desde la recuperación democrática en 1983 hasta 2009 fallecieron como consecuencia de abortos inseguros realizados en la clandestinidad 2665 mujeres, la mayoría jóvenes y pobres, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud (ver aparte).

La única oradora de esta audiencia histórica será –como ya adelantó este diario– la danesa Marianne Mollman, experta de la División de Derechos de las Mujeres de la organización internacional de derechos humanos, Human Right Watch, cuya sede está en Nueva York. Mollman llega hoy a Buenos Aires. Según pudo saber este diario, se explayará sobre el marco internacional de derechos humanos y las obligaciones del Estado argentino a la luz de la Constitución Nacional en relación con los derechos sexuales y reproductivos y abonará la postura de que el Estado no puede penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y está obligado además, a proveer los servicios. Mollman reveló a Página/12 que, desde que se conoció que sería la expositora de la sesión, está recibiendo amenazas y agresiones verbales anónimas en su casilla de correo electrónico.

Técnicamente, la reunión en la Cámara de Diputados no tendrá el carácter de una audiencia pública, dado que habrá una sola expositora, cuya invitación fue consensuada por los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, que preside el cordobés Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Y no se hizo una inscripción pública de oradores. Fuentes de la comisión argumentaron que no había tiempo para llevar adelante ese mecanismo debido a que ya terminan las sesiones ordinarias.

El debate girará en torno del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por tratarse de la iniciativa sobre la temática con más adhesiones: ingresó en marzo con casi medio centenar de firmas de legisladores de un amplísimo arco político que va desde el oficialismo hasta el PRO, pasando por CC, GEN, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, la UCR, y el Partido Socialista, entre otros bloques.

El texto es el resultado de un extenso proceso de debate al interior de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto –que se conformó en 2005– y que articula a más de 250 organizaciones de mujeres, sociales, gremiales y de derechos humanos de todo el país.

El proyecto consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Y fuera de ese plazo, si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves. Establece que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla. La iniciativa contempla la objeción de conciencia. Pero en “todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica”.

Este año, Human Right Watch presentó en Buenos Aires un informe muy crítico sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país, que realizó Mollman en base a un estudio de campo, y entre las recomendaciones que sugirió al Estado figura la eliminación del Código Penal de los artículos que penalizan el aborto.

Se espera en la sesión de la Comisión de Legislación Penal una nutrida concurrencia de público, que superará el espacio de la Sala 1, donde está previsto el encuentro. Es el mismo salón donde transcurrieron los debates más calientes por la Resolución 125, cuando el tema se debatió en comisiones.

Las militantes feministas que vienen luchando por el derecho al aborto se mostraron ayer muy entusiasmadas por la apertura del debate parlamentario. La médica Alicia Cacopardo recordó que hace más de veinte años iniciaban “desde la Comisión por el Derecho al Aborto, la recolección de firmas por el aborto legal frente a la confitería El Molino”. Junto con ella estaba la abogada Dora Coledesky, ya fallecida. “En aquel entonces pronunciar la palabra aborto era un crimen, ella y unas pocas compañeras pedían su legalización. Es inevitable evocar a Dora. Fue la pionera y la maestra de todas las que continuamos con ella, y aun después de su desaparición, con esta lucha”, apuntó la abogada Mabel Gabarra, coordinadora del Observatorio de la Violencia del Consejo Nacional de las Mujeres e integrante de Indeso-Mujer, de Rosario. La Comisión por el Derecho al Aborto fue pionera en la discusión y difusión de información sobre la anticoncepción, el aborto, la despenalización y la legalización.

“En estos largos años, con marchas y contramarchas, fuimos avanzando en este camino para el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La audiencia en la comisión significa un paso muy importante que hemos logrado entre tantas organizaciones de todo el país. Argentina y casi toda América latina atrasa 50 años en el debate parlamentario y en el otorgamiento de este derecho de las humanas”, consideró Cacopardo.

Sin embargo, Martha Rosenberg, del Foro por los Derechos Reproductivos, advirtió que se corre el riesgo de que la reunión de hoy “sea un gesto aislado que comprometa la continuidad del tratamiento y discusión de los proyectos sobre aborto” en la Comisión de Legislación Penal y en las otras involucradas en la temática. Rosenberg consideró que el diputado Vega y el resto de autoridades de la comisión deben comprometerse a seguir la discusión el año próximo.

“Creemos que esta audiencia pública abre el camino del debate parlamentario, que será largo a recorrer pensando que el año próximo es un año electoral. Si cada vez más la sociedad expresa su apoyo al proyecto, creo que quienes serán candidatos deberán evaluar si quieren o no evitar que alrededor de un centenar de mujeres mueran por año por la práctica clandestina del aborto. El aborto legal hace efectivo el derecho de las mujeres a la vida, la salud, a ser respetada en sus decisiones, a vivir una vida libre de violencia, a la justicia social y a ser tratada con la dignidad que merece todo ser humano”, agregó Gabarra.

Cacopardo, Rosenberg y Gabarra forman parte de la campaña, que se conformó hace cinco años y cuyo lema es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Entre otros legisladores, firmaron la iniciativa de la Campaña Juliana Di Tullio, Héctor Alvaro, Adela Segarra, Héctor Recalde y Adriana Puiggrós, del Frente para la Victoria; María Luisa Storani, Néstor Hugo Castañón y Silvana Giudici, de la UCR; Miguel Barrios, Lisandro Viale, Mónica Fein, Alicia Ciciliani, Ricardo Coccovillo y Roy Cortina, del Partido Socialista; Cecilia Merchán y Victoria Donda, de Libres del Sur; Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica. También firmaron Nélida Belous, de Proyecto Progresista; María Josefa Areta, de Frente de Todos, de Corrientes; Claudio Lozano y Liliana Parada de Proyecto Sur; Fabián Peralta, Horacio Alcuaz y Gerardo Milman, de GEN; Martín Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Jorge Rivas y Ariel Basteiro, de Nuevo Encuentro; Adriana García y Lorena Rossi, de Peronismo Federal, y Verónica Benas, de SI.

“La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, todas las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben, pueden sostener sus convicciones, de igual manera que aquellas que lo admiten deben poder actuar según su conciencia, tomando en libertad las decisiones que juzguen necesarias”, dice el proyecto.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157795-2010-11-30.html

El gobierno de Evo Morales modificará los convenios que suscribió con la Iglesia Católica para retirarle los beneficios de exención impositiva y ejercer control sobre el dinero que administra. Además, asumiría como suyas las propiedades que tiene la Iglesia en Bolivia.

La decisión del Gobierno fue informada por el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien justificó la misma en el hecho de que la Constitución Política reconoce la independencia del Estado de la religión, por lo que ninguna iglesia puede tener privilegios frente al resto.

“No puede haber un mínimo de privilegio para la religión católica, eso conlleva a un proceso de revisión de los convenios que tiene el Estado boliviano con el Vaticano y también del Estado boliviano con la Iglesia Católica a nivel nacional. La Iglesia, en el movimiento de sus fondos, tendrá que pagar impuestos; nunca los pagó, y ese es uno de sus privilegios”, anticipó la autoridad de Gobierno.

El último convenio marco bilateral fue firmado el 20 de agosto del 2009 en Santa Cruz. Donde el Gobierno se comprometió a “respetar el derecho propietario que tiene la Iglesia Católica en Bolivia sobre los bienes muebles e inmuebles de sus obras de educación, salud y obras sociales (Se entiende por obras de la Iglesia, entre otras: las obras educativas, propias o administradas por la Iglesia Católica que funcionan bajo el Régimen del Convenio”.

Un informe oficial da cuenta de que el clero tiene 1.469 establecimientos educativos, 178 centros hospitalarios, 262 centros asistenciales y 250 hogares. Además cuenta con 1.600 parroquias, entre capillas y santuarios como Copacabana, Quillacollo y la Iglesia del Socavón. Este informe revela que por estas infraestructuras la orden católica no paga impuestos ni patentes por la actividad que realiza.

“¿Los templos son de propiedad de la Iglesia Católica o del Estado? Los centros educativos que tiene la Iglesia Católica ¿son de ellos o del Estado boliviano?, asumimos que es de propiedad del Estado boliviano, si (la Iglesia) no se considera una empresa privada con fines de lucro”, consideró la autoridad de Gobierno.

Cárdenas argumentó que “no sabemos cómo (la Iglesia) utiliza su dinero, un ejemplo, misas de bautizo o matrimonio, eso se regulará”. De acuerdo con el tarifario de la Arquidiócesis de La Paz, una misa para matrimonio cuesta Bs 240; una de salud, Bs 150; un bautizo, Bs 45; una misa para preste, Bs 250 y una misa comunitaria, Bs 20.

Las entidades que administra la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) están liberadas del pago de  impuestos a la propiedad y de patentes por las actividades que realizan. Este beneficio está respaldado por  los concordatos suscritos entre el Vaticano y el Estado boliviano del 3 de agosto de 1993, que fueron ratificadas con la Ley 1644 del 11 de julio de 1995, promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los colegios Don Bosco, Domingo Savio, San Calixto, San Ignacio y Fe y Alegría, por ejemplo, estarían dentro de las exenciones impositivas, al igual que las 1.600 parroquias.

La Universidad Católica Boliviana (UCB), con presencia en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, también está exenta del pago de algunos tributos. Esta casa de estudios, por Ley 1545 del 21 de marzo de 1994, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, es reconocida como una universidad pública. El artículo ocho de la referida norma legal establece: “Por ser la Universidad Católica Boliviana San Pablo de interés social, de derecho público y de utilidad nacional, incorporada al desarrollo, se le reconocen las mismas liberalidades arancelarias impositivas que a las universidades públicas estatales”.

Las entidades bajo tuición de la Iglesia Católica cancelan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (ITE) por motivo de las facturas que emiten a sus clientes. Sin embargo, no pagan patentes por las actividades que realizan, ni impuestos municipales por la propiedad del bien inmueble.

La Constitución Política del Estado, vigente desde febrero del 2007, declara que el Estado es independiente de la religión, mientras que la antigua Carta Magna de 1967 establecía en parte de su artículo 3, Religión Oficial, que “El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana”.

El Gobierno empezará a controlar los ingresos de la institución eclesiástica vía los impuestos y patentes que deberá pagar por sus actividades. La diputada opositora Norma Piérola teme que la sociedad cambie su fe por una posición laica que impulsa el MAS. “Con la supuesta descolonización el Gobierno quiere dañar a instituciones que piensan diferente a ellos y por eso ataca a la Iglesia”.

Por su parte, la jefa de bancada del MAS?en Diputados, Emiliana Aiza, expresó que la Iglesia Católica debe pagar impuestos como lo hacen todos. “Acá se busca la igualdad de condiciones para todos”, concluyó.

Este medio intentó conocer la posición de la Iglesia sobre los anuncios de Cárdenas, pero sus autoridades hicieron conocer que no hablarían del tema. La jerarquía eclesiástica y el Gobierno mantienen una relación compleja. El último viernes, en la asamblea de obispos evangélicos en Cochabamba, se reveló una propuesta en la que el Gobierno pretendería fiscalizar los diezmos que ofrendan sus fieles. Los obispos evangélicos criticaron ésta eventual política que impulsa el Gobierno.

La Iglesia apoyó programas de tierra

Fuentes de la Iglesia Católica, informaron que la institución eclesiástica impulsó un programa de saneamiento de tierras. Por ejemplo, en Chuquisaca, el 2007, colaboró a 63 comunidades beneficiando a 3.000 familias. También la Pastoral del Beni saneó la propiedad agraria en 38 comunidades, alcanzando una superficie de 542.727 hectáreas. Asimismo en Chuquisaca, desarrolla los proyectos Kayamanta y Yanapasiña para apoyar a sectores vulnerables de la población.

Conflicto entre el gobierno y la iglesia

Educación y religión
El conflicto entre el Gobierno y la Iglesia Católica se remonta al 2006, cuando el entonces ministro de Educación Félix Patzi planteó eliminar la materia de religión de la malla curricular. Ese mismo año, el Congreso de Educación, sin la Iglesia Católica, declaró que la educación es laica y pluralista, lo cual motivó la protesta de los católicos.

Observan la Constituyente
En marzo de 2008, la Iglesia Católica publicó 69 observaciones al texto constitucional aprobado en Oruro. El 4 de mayo de ese mismo año, el cardenal Julio Terrazas votó en el referéndum por el estatuto autonómico de Santa Cruz. El Gobierno observó la actitud de la autoridad religiosa y le exigió no meterse en asuntos políticos.

Visita de Morales al Vaticano
El presidente Evo Morales y el Papa Benedicto XVI se reunieron el 17 de mayo en la Santa?Sede. En la cita, el Mandatario planteó al Papa acabar con el celibato en la Iglesia. El Sumo Pontífice le habría respondido que los asuntos de la Iglesia son de potestad de sus autoridades. En Bolivia, pidieron al clero no inmiscuirse en temas del Ejecutivo.

La Iglesia habla del Gobierno
Este año, la Asamblea de Obispos advirtió sobre la instauración de una democracia formal, el crecimiento del narcotráfico y la falta de empleo. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, salió al frente del mensaje de los obispos y calificó a la Iglesia como “antidemocrática” y “machista”. Los acusó también de reaccionarios.

Evo critica elección del Papa
El presidente Evo Morales cuestionó el mecanismo de elección del Papa y cuestionó la democracia empleada en el Vaticano. Afirmó que la designación del Sumo Pontífice es “a puertas cerradas… No creo que nos induzcan a practicar esa clase de democracia, la democracia es transparente y no a puertas cerradas”.

Solari denuncia narcotráfico
El arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, reveló que jóvenes de secundaria del Chapare están vinculados con el tráfico de drogas y que por la noche se escucha el sobrevuelo de avionetas en la zona. El Gobierno rechazó las denuncias y consideró que el prelado asume una actitud política. El presidente lo identificó como el vocero de EEUU.

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=121710&EditionId=2360

En 1995, el jesuita Francisco Jalics publicó un libro, Ejercicios de meditación. Al narrar su secuestro dice que “mucha gente que sostenía convicciones políticas de extrema derecha veía con malos ojos nuestra presencia en las villas miseria. Interpretaban el hecho de que viviéramos allí como un apoyo a la guerrilla y se propusieron denunciarnos como terroristas. Nosotros sabíamos de dónde soplaba el viento y quién era responsable por estas calumnias. De modo que fui a hablar con la persona en cuestión y le expliqué que estaba jugando con nuestras vidas. El hombre me prometió que haría saber a los militares que no éramos terroristas. Por declaraciones posteriores de un oficial y treinta documentos a los que pude acceder más tarde pudimos comprobar sin lugar a dudas que este hombre no había cumplido su promesa sino que, por el contrario, había presentado una falsa denuncia ante los militares”. En otra parte del libro agrega que esa persona hizo “creíble la calumnia valiéndose de su autoridad” y “testificó ante los oficiales que nos secuestraron que habíamos trabajado en la escena de la acción terrorista. Poco antes yo le había manifestado a dicha persona que estaba jugando con nuestras vidas. Debió tener conciencia de que nos mandaba a una muerte segura con sus declaraciones”.

La identidad de esa persona se revela en una carta que Orlando Yorio escribió en Roma en noviembre de 1977, dirigida al asistente general de la Compañía de Jesús, padre Moura. Ese texto permite conocer el resto de la historia, por testimonio directo de una de las víctimas.

En esa recapitulación escrita 18 años antes que el libro de Jalics, Yorio cuenta lo mismo, pero en vez de “una persona” dice Jorge Mario Bergoglio. Cuenta que Jalics habló dos veces con el provincial, quien “se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a adelantarse a hablar con gente de las Fuerzas Armadas para testimoniar nuestra inocencia”. También menciona las críticas que circulaban en la Compañía de Jesús en contra de él y de Jalics: “Hacer oraciones extrañas, convivir con mujeres, herejías, compromiso con la guerrilla”, similares a las que Bergoglio transmitió luego a la Cancillería. Yorio no conocía la existencia de ese documento, que encontré cinco años después de su muerte. En su libro, Bergoglio dice lo mismo que les transmitía a Jalics y Yorio: que él no creía en la veracidad de esas acusaciones. ¿Por qué entonces debía comunicarlas al gobierno militar, como prueba el documento que se reproduce en esta edición?

Una boca importante

Cuando Bergoglio le dijo que había recibido informes negativos sobre él, Yorio habló con los consultados por su superior. Por lo menos tres de ellos (los sacerdotes Oliva, José Ignacio Vicentini y Juan Carlos Scannone) le dijeron que no habían opinado en su contra sino a favor. En el clima de la Argentina, la acusación de pertenencia a la guerrilla en “una boca importante (como la de un jesuita) podía significar lisa y llanamente nuestra muerte. Las fuerzas de extrema derecha ya habían ametrallado en su casita a un sacerdote, y habían raptado, torturado y abandonado muerto a otro. Los dos vivían en villas miseria. Nosotros habíamos recibido avisos en el sentido de que nos cuidáramos”, escribió Yorio al padre Moura.

Agrega que Jalics habló no menos de dos veces con Bergoglio para hacerle ver el peligro en que esas versiones los colocaban. Según Yorio, “Bergoglio reconoció la gravedad del hecho y se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a hablar con gente de las Fuerzas Armadas para testimoniar nuestra inocencia. [Pero como] el provincial no hacía nada por defendernos nosotros empezábamos a sospechar de su honestidad. Estábamos cansados de la provincia y totalmente inseguros”.

Tenían sus motivos. Durante años, Bergoglio los había sometido a un hostigamiento insidioso, sin asumir en forma abierta las acusaciones en contra de ellos, que siempre atribuía a otros sacerdotes u obispos que, una vez confrontados, lo desmentían. Bergoglio les había garantizado una continuidad de tres años en su trabajo en la villa del Bajo Flores. Pero al arzobispo Juan Carlos Aramburu le informó que estaban allí sin autorización. El aviso les llegó por medio de uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y de la pastoral villera, Rodolfo Ricciardelli, a quien se lo contó el propio Aramburu. Cuando Yorio lo consultó, Bergoglio le dijo que Aramburu “era un mentiroso” y que empleaba esas “tácticas para molestar a la Compañía”.

La infamia pública

En nuestro intercambio epistolar, Yorio sostuvo que en el clima de miedo y delación instalado dentro de la Iglesia y de la sociedad, los sacerdotes que trabajaban entre los más pobres “éramos demonizados, puestos en sospecha dentro de nuestras propias instituciones y acusados de subvertir el orden social”. En ese contexto fueron sometidos por Bergoglio a “la prohibición e infamia pública de no poder ejercer el sacerdocio, dando así ocasión y justificación para que las fuerzas represivas nos hicieran desaparecer. Se nos podía avisar que había peligros, pero sin frenar las difamaciones de las que los mismos que nos hacían el servicio de avisarnos eran cómplices. Se nos podía alertar de que estábamos señalados y acusados, pero manteniendo en el misterio y la ambigüedad las causales de acusación, quitándonos así la posibilidad de defendernos”.

Una vez que salieron de la Compañía de Jesús, Bergoglio les recomendó que fueran a ver al obispo de Morón, Miguel Raspanti, en cuya diócesis podrían salvar el sacerdocio y la vida. El provincial se ofreció a enviar un informe favorable para que los aceptara. Yorio y Jalics supieron por el vicario y algunos sacerdotes de la diócesis de Morón que la carta del provincial Bergoglio a Raspanti contenía acusaciones “suficientes como para que no pudiéramos ejercer más el sacerdocio”.

–No es cierto. Mi informe fue favorable. Lo que pasa es que Raspanti es una persona de edad que a veces se confunde –se defendió Bergoglio ante Yorio. Pero en su nuevo encuentro con el obispo de Morón, ratificó las acusaciones, según el relato que Raspanti le transmitió a otro de los sacerdotes de la comunidad del Bajo Flores, Luis Dourrón. Yorio insistió entonces con Bergoglio.

–Raspanti dice que sus sacerdotes se oponen a que ustedes entren en la diócesis –arguyó esta vez el provincial.

Otra alternativa posible era que se integraran al Equipo de Pastoral Villera del Arzobispado de Buenos Aires. Su responsable, presbítero Héctor Botán, se lo planteó al arzobispo Aramburu.

–Imposible. Hay acusaciones muy graves en contra de ellos. No quiero ni verlos –le contestó.

Uno de los sacerdotes villeros se quejó ante el vicario episcopal de la zona de Flores, Mario José Serra.

–Las acusaciones vienen del provincial –le explicó Serra.

El propio Serra fue el encargado de comunicarle a Yorio que le habían quitado las licencias para ejercer su ministerio en la Arquidiócesis, debido a que el provincial había informado que “yo salía de la Compañía”.

–No tenían por qué quitarte las licencias. Esas son las cosas de Aramburu. Yo te doy licencias para que sigas celebrando misa en privado, hasta que consigas un obispo –le dijo Bergoglio.

El último intento por conseguirles un obispo que los incardinara lo hizo el sacerdote de la Arquidiócesis Eduardo González. Convocado a la Asamblea Plenaria del Episcopado que comenzó el 10 de mayo de 1976, planteó el caso al arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe.

–No es posible hacerse cargo de ellos porque el provincial anda diciendo que los echa de la Compañía –sostuvo.

El Equipo de Pastoral Villera envió una carta de protesta a Bergoglio, con copias al nuncio Pio Laghi, Aramburu y Raspanti, que no respondieron. El tiempo se había agotado y pocos días después Yorio y Jalics fueron secuestrados, conducidos a la ESMA y luego a una casa operativa, en la que fueron torturados. Un interrogador con ostensibles conocimientos teológicos le dijo a Yorio que sabían que no era guerrillero pero que con su trabajo en la villa unía a los pobres y eso era subversivo. Su libertad fue negociada por el gobierno a cambio de que el Episcopado recibiera al jefe de Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola, y al ministro de Economía José Martínez de Hoz. Un día antes de esa visita al Episcopado, Yorio y Jalics fueron drogados y depositados por un helicóptero en un bañado de Cañuelas.

Luego de recuperar la libertad Yorio se refugió en una iglesia y luego en casa de su madre. La protección de un obispo era más urgente que nunca. El único que lo aceptó fue Jorge Novak. Cuando comenzaron las razzias en la zona y supo que preguntaban por Yorio, Novak insistió para que saliera del país. “Bergoglio no me quería mandar a Roma, pero por presión de mi familia y de Novak salí. Estaba escondido, porque hubo una orden de Videla de buscarme”, me escribió Yorio en 1999. Cuando reaparecieron en Cañuelas, la entonces monja Norma Gorriarán, de la Compañía de María, visitó a Yorio en casa de su madre. En una entrevista para mi “Historia política de la Iglesia Católica argentina” realizada el 27 de julio de 2006 recordó que estaban pelando arvejas cuando llegó la hermana de Yorio con la información de que lo estaban buscando. “Lo llevé a una casa de monjas en Villa Urquiza donde tuve a Orlando un mes, en una piecita, en la terraza”. Bergoglio le exigió que le dijera dónde estaba Yorio, “aparentemente para protegerlo. Pero no me resultaba creíble”. La religiosa se negó. Bergoglio “temblaba, furioso de que una monja insignificante lo enfrentara. Me señalaba y me decía ‘vos sos responsable de los riesgos que corra Orlando, donde sea que esté’. Quería saber dónde estaba”.

Por último, Laghi le consiguió los documentos y Bergoglio le pagó el pasaje a Roma. “Pero explicaciones sobre lo ocurrido antes no pudo darme ninguna. Se adelantó a pedirme por favor que no se las pidiera, porque se sentía muy confundido y no sabría dármelas. Yo tampoco le dije nada. ¿Qué podía decirle?” Yorio recordó que recién en Roma, el secretario del general de los jesuitas “me sacó la venda de los ojos”. Ese jesuita colombiano, el padre Cándido Gaviña, “me informó que yo había sido expulsado de la Compañía. También me contó que el embajador argentino en el Vaticano le informó que el gobierno decía que habíamos sido capturados por las Fuerzas Armadas porque nuestros superiores eclesiásticos habían informado al gobierno que al menos uno de nosotros era guerrillero. Gavigna le pidio que lo confirmara por escrito, y el embajador lo hizo”.

En cambio Jalics viajó a Estados Unidos y luego a Alemania. Escribió que tenía más resentimiento hacia quien los había entregado que contra sus captores y pese a la distancia “no cesaban las mentiras, calumnias y acciones injustas”. Pero, cuenta en su libro, en 1980 quemó los documentos probatorios de lo que llama “el delito” de sus perseguidores. Hasta entonces los había conservado con la secreta intención de utilizarlos. “Desde entonces me siento verdaderamente libre y puedo decir que he perdonado de todo corazón”. En 1990, durante una de sus visitas al país, Jalics se reunió en el instituto Fe y Oración, de la calle Oro 2760, con Emilio y Chela Mignone. Según la minuta de ese encuentro escrita por Mignone, Jalics les dijo que “Bergoglio se opuso a que una vez puesto en libertad permaneciera en la Argentina y habló con todos los obispos para que no lo aceptaran en sus diócesis en caso que se retirara de la Compañía de Jesús”. Bergoglio dice ahora que cuando Jalics viene al país lo visita. La familia de Yorio tiene una información distinta: es Bergoglio quien lo busca, como parte de su operación de blanqueo.