Observatorio Ateo de Argentina

El juez Carlos Ronsanski es un experto en materia de abuso sexual infantil. Dice que falta capacitación adecuada y un cambio de ideología en muchos operadores para que los culpables de este delito sean condenados. ‘El terrorismo de Estado irradió sus efectos en nuestra sociedad, incluso hasta nuestros días, en todo lo que afecte a grupos vulnerables’, apunta.

Foto: Argentina, Justicia - Carlos Ronsanski, juez de Cámara y Presidente del tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata. / Fuente: ARTEMISA

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, no ha ocultado su sorpresa por la decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de respaldar la iniciativa de una comunidad budista de vender cascos tántricos a los motociclistas y ha recurrido a la ironía para preguntar al Gobierno si tiene previsto, promocionar también las clásicas estampitas de San Cristóbal y las cintas de la Virgen del Pilar que algunos automovilistas lucen en sus vehículos.
Llamazares ha registrado una serie de preguntas en el Congreso un día después de que el responsable de la DGT, Pepe Navarro, avalara la presentación del casco diseñado por los monjes budistas del Monasterio del Garraf que, además de cumplir las pertinentes homologaciones de seguridad, ofrece una serie de supuestos beneficios espirituales basados en la filosofía budista.

Aunque no duda de “la buena intencionalidad” de la propuesta de los monjes, le resulta “chocante” el respaldo público del Gobierno a una iniciativa que, a su juicio, “puede llegar a confundir y fomentar creencias y pseudociencias en el público en general”.

INFLUENCIAS DEL DORADO Y EL AZAFRÁN.

Es más, cree que el hecho de que este casco se comercialice acompañado del llamado ‘Manual Live Peace’ “contribuye a incrementar esta confusión entre el Ámbito laico de lo público y el de la superstición o creencia”.

En este contexto, Llamazares pide al Gobierno que detalle que informaciones, estudios o investigaciones relevantes posee para que la DGT haya decidido avalar el casco tántrico para motoristas y si conoce las supuestas influencias positivas de los símbolos que se reproducen en él.

En concreto, le interroga sobre los supuestos beneficios de los colores dorado y azafrán, los mismos que los de los hábitos budistas, el símbolo del Kalachakra, la ‘Rueda del Tiempo’, y el contacto con la coronilla de la cabeza de un bordado que representa el mantra de Manjushri.

SEGURIDAD Y TRADICIONES ESPAÑOLAS.

En este sentido, le pide que explique si, para fomentar una Conducción más segura, la DGT baraja también promocionar “alguna campaña de seguridad vial basada en la supuesta conducción segura que ampara San Cristobal, según la tradición de la Iglesia Católica”.

Según argumenta el líder de la coalición de izquierdas, en nuestro país suele ser habitual “la supuesta influencia positiva de San Cristobal o de las denominadas cintas de la virgen del Pilar, entre otras menos conocidas”.

En esta línea, Llamazares aspira a que el Gobierno le aclare si alberga la posibilidad de incentivar del mismo modo campañas “en las que se consideren los diversos amuletos, creencias y supersticiones de diversas culturas que conviven en nuestro país”.

2.- A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Gaspar Llamazares Trigo
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds, presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El día 15 de julio de 2008 el Director General de Tráfico, Pere Navarro, ha hecho una comparecencia pública en la que respaldaba la presentación de un denominado “casco tántrico” para motoristas. Según se desprende de la información conocida los monjes budistas del Monasterio del Garraf han diseñado este casco que, además de cumplir como no podía ser de otra manera las pertinentes homologaciones de seguridad, ofrece una serie de supuestos beneficios “espirituales” basados en la filosofía budista. Sin duda resulta peculiar hasta la propia denominación de este casco que vincula la creencia en una supuesta energía “tántrica” de sentido positivo con la seguridad de la conducción.

Sin prejuzgar la buena intencionalidad de la propuesta por parte de los monjes sí que resulta chocante el aval y respaldo público de la Administración en esta iniciativa que puede llegar a confundir y fomentar creencias y pseudociencias en el público en general. Es más, la presentación en la propia sede de la Dirección General de Tráfico de este casco y del llamado “Manual Live Peace” (una especia de biblia del motero budista) contribuye a incrementar esta confusión entre el ámbito laico de lo público y el de la superstición o creencia.
Desconocemos si la Dirección General de Tráfico tiene previsto incentivar, del mismo modo, otras prácticas relacionadas con las creencias y las pseudociencias para fomentar una conducción segura en los vehículos. En nuestro país suele ser habitual dentro de la tradición católica la supuesta influencia positiva de San Cristobal o las denominadas “cintas” de la virgen del Pilar entre otras menos conocidas.
Sin entrar en otros elementos como talismanes, fotografías, calendarios, luces de colores y cualquier otro objeto que predispone, en función de la creencia de cada persona, a una conducción más segura. Del mismo modo existen también diversas supersticiones vinculadas a otras religiones, creencias y culturas que también podrían ser objeto de esa misma difusión de seguirse este extraño criterio de la Dirección General de
Tráfico.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas.

• ¿Qué informaciones, estudios o investigaciones relevantes tiene el gobierno para avalar y respaldar desde la Dirección General de Tráfico la eficacia del denominado “casco tántrico” para motoristas y las supuestas influencias positivas de los colores dorado y azafrán, los mismos que los de los hábitos budistas, así como el símbolo del Kalachakra, la “Rueda del Tiempo”, y el contacto con la coronilla de la cabeza (donde residiría el hipotético chakra más importante) de un bordado que representa el mantra de Manjushri?

• ¿Tiene previsto el Gobierno fomentar y respaldar alguna campaña de seguridad vial basada en la supuesta conducción segura que ampara San Cristobal según la tradición de la iglesia católica?

• ¿Tiene previsto el Gobierno fomentar campañas de seguridad vial con la presencia y el respaldo de la Dirección General de Tráfico en la que se consideren los diversos amuletos, creencias y supersticiones de diversas culturas que conviven en nuestro país?

Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones.

Carta abierta/2. Texto completo de la segunda propuesta para el debate del grupo de 1500 intelectuales de las ciencias, el arte, el periodismo, la literatura, el feminismo y el psicoanálisis. Su primera entrega sirvió de puntapié inicial a una polémica nacional.

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.

En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor convicción.

No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el bautismo con una intención mítica bucólica de “el campo” para lo que es un sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción permanente del conflicto como entre “dos sectores” equivalentes, o ¿más curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.

No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo avanzado. O más sencillamente “marketing”.

Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.

Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países “serios”, así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido.

Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta “libertad de prensa”. Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? “observatorios” que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre la situación del periodismo.

Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir presumiendo que, a ellos, “la gente los elige todos los días” en una suerte de comicios “más directos” que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar “objetivamente” lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas elementales como cualquier hijo de vecino.

Por ello es que el propósito expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones sobre la exportación agropecuaria.

Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en circulación y cuál no.

Por esto entendemos imprescindible:

Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la comunicación como derecho humano.

Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.

Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales.

Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces.

Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales.

Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social.

Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público.

Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al ejercicio de la que disfruta.

De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.

Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de nuestro tiempo.

Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo (que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la “libertad de prensa” reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos mediáticos.

Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-105384-2008-06-04.html

Fuente: Indymedia

Religioso Flagelado por fascistas: Análisis desde la otra vereda.

Enviado por victor el zarate el Mar, 20/05/2008 - 14:54.

• Análisis
• Asamb. Constit. y Autonomías Indigenas

Fuente: Crítica Digital

Instituyen día contra la discriminación sexual

Será el 17 de mayo y cada año se harán campañas para la libre elección de pareja sexual. La CHA se reuniría con Mauricio Macri.