”Amnistía Internacional defiende enérgicamente y respeta el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión y de asociación. La decisión individual, de las personas de cualquier credo, de estar a favor o en contra de la política de Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos, que incluye aspectos seleccionados del aborto, depende de cada persona y debe ser respetada.”

Índice AI: POL 30/019/2007 (Público)
Servicio de Noticias: 161/07
21 de agosto de 2007
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLPOL300192007

Declaración de Amnistía Internacional en respuesta al secretario de Estado del Vaticano
Ayer, 20 de agosto, el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, comentó la política de Amnistía Internacional sobre derechos sexuales y reproductivos –incluida la política sobre aspectos seleccionados del aborto– y dijo que la opinión del Vaticano es que el aborto no debe ser una posibilidad a disposición de las víctimas de violación.

La política de Amnistía Internacional sobre derechos sexuales y reproductivos no promueve el aborto como derecho universal, y la organización guarda silencio sobre la bondad o maldad del aborto. La política reconoce los derechos humanos de las mujeres a no sufrir temor, amenazas o coacción al abordar todas las consecuencias de la violación y de otros graves abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional mantiene su política, adoptada en abril de este año, cuya finalidad es respaldar la despenalización del aborto para garantizar que las mujeres tienen acceso a servicios de salud cuando surgen complicaciones derivadas del aborto, y para defender el derecho de las mujeres al aborto –dentro de los límites razonables que impone la gestación– cuando su vida o su salud corren peligro.

En su Reunión del Consejo Internacional, celebrada en México la semana pasada, los dirigentes de Amnistía Internacional manifestaron el compromiso de la organización de reforzar su trabajo sobre la prevención de los embarazos no deseados y otros factores que contribuyen al recurso de las mujeres al aborto, y afirmó resueltamente la política de la organización sobre aspectos seleccionados del aborto. A la reunión asistieron más de 400 representantes de Amnistía Internacional procedentes de más de 75 países –de muy diversa nacionalidad, origen étnico, edad, religión y cultura– que reafirmaron el compromiso de la organización para con los derechos humanos de las mujeres.

La primera vez que Amnistía Internacional consideró la cuestión de si había aspectos de derechos humanos implicados en la cuestión del aborto fue hace dos años, como parte de su trabajo en la campaña global de la organización “No más violencia contra las mujeres”. La postura de Amnistía Internacional coincide con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y se ha adoptado tras amplias consultas con su membresía. Amnistía Internacional exploró activamente cuáles son los aspectos de derechos humanos relacionados con el aborto, y concluyó que:

• en países como Nigeria, tras juicios que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal, se condena a muerte a mujeres por hacerse practicar un aborto;
• se detiene, procesa y encarcela a mujeres acusadas de hacerse practicar abortos pese a que las pruebas respaldan su alegación de que han tenido un aborto espontáneo;
• se niega una intervención médica que podría salvarles la vida a mujeres con embarazos ectópicos (embarazos en los que el embrión se implanta en la trompa de Falopio y no tiene posibilidades de prosperar, pero que cuando no son tratados pueden hacer reventar la trompa, poniendo en peligro la vida de la mujer y, si ésta sobrevive, su fertilidad).

Además, Amnistía Internacional documentó casos de violencia sexual en conflictos armados que tuvieron consecuencias devastadoras para las mujeres y las llevaron al ostracismo. Este trauma y esta exclusión se vieron agravados cuando la violencia sexual (que normalmente adopta la forma de violación en grupo) dio lugar a un embarazo no deseado. Mujeres y niñas que habían sido violadas, incluso por miembros de su familia, en situaciones que no eran de conflicto se vieron también forzadas a llevar a término su embarazo.

Amnistía Internacional supo también que, al contrario de lo que sucede en cualquier otra situación, los profesionales de la medicina a menudo se niegan a tratar a mujeres que sufren complicaciones derivadas de un aborto. No existe ningún caso análogo, es decir, ningún caso en el que se niegue la atención médica porque se crea que la persona que la necesita ha cometido un delito. Las personas con sobredosis de drogas que se consideran ilegales reciben tratamiento, al igual que lo reciben los sospechosos de delitos violentos que han sufrido heridas de arma de fuego o de otro tipo en el transcurso del delito o los soldados fuera de combate en conflictos armados. Sin embargo, a las mujeres se les niega este tratamiento, lo que refleja la excepcionalidad de la cuestión del aborto.

Amnistía Internacional considera inaceptable que se encarcele a mujeres por tratar de conseguir un aborto o hacérselo practicar, o que se les niegue el acceso a servicios de aborto pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo consecuencia de la violencia sexual en un conflicto armado es una forma de tortura, y a que en situaciones sin conflicto esa obligación constituye trato cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional considera inaceptable la muerte evitable de 70.000 mujeres al año, y también la negación de servicios médicos en una serie de circunstancias, desde los embarazos ectópicos hasta las complicaciones derivadas de abortos poco seguros. Se trata de una violación del derecho a la vida, a la salud, a no sufrir tortura ni trato o pena cruel, inhumano o degradante, y a no sufrir discriminación.

En respuesta a la postura del secretario de Estado del Vaticano, Amnistía Internacional señala el derecho del Vaticano a expresar sus opiniones sobre el aborto y reconoce que hay cuestiones de derechos humanos sobre las que ambos mantienen una opinión común, como el trabajo contra la pena de muerte, la liberación de presos de conciencia y la abolición de la tortura.

Amnistía Internacional defiende enérgicamente y respeta el derecho de las personas a ejercer su libertad de expresión y de asociación. La decisión individual, de las personas de cualquier credo, de estar a favor o en contra de la política de Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos, que incluye aspectos seleccionados del aborto, depende de cada persona y debe ser respetada.

Si desean más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional en torno a los derechos sexuales y reproductivos, visiten:
http://web.amnesty.org/actforwomen/sexual_and_reproductive_rights-eng

Derecho al acceso al aborto para las mujeres en peligro

http://www.amnistiainternacional.org

El pasado 13 de junio, el cardenal Renato Martino, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, de la Iglesia Católica, instó a los católicos a retirar su apoyo a Amnistía Internacional, alegando que la organización «promueve el derecho al aborto».

Junto a la larga oposición de la organización al aborto forzado, Amnistía Internacional respalda la despenalización del aborto dentro de los límites razonables del tiempo de gestación cuando la salud o los derechos humanos de la mujer corran peligro, así como para garantizar que las mujeres tengan acceso a asistencia médica cuando sufran complicaciones derivadas del aborto.

En respuesta a las declaraciones del cardenal, AI reafirmó su más firme apoyo al derecho de las mujeres y niñas a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin sufrir amenazas, fuerza o coacción.

En defensa del derecho de las mujeres a la integridad sexual y reproductiva frente a graves violaciones de derechos humanos, AI incorporó recientemente a su política general sobre los derechos sexuales y reproductivos una visión de aspectos específicos del aborto. Esta incorporación no promueve el aborto como derecho universal, y la organización sigue sin pronunciarse respecto a si el aborto es justo o injusto.

«La postura de Amnistía Internacional no es a favor del aborto como derecho, sino a favor del derecho de las mujeres –uno de sus derechos humanos– a no sufrir temor, amenaza o coacción cuando tienen que hacer frente a las consecuencias de la violación y otros graves abusos contra los derechos humanos», declaró Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía Internacional.

«Somos un movimiento que protege a las personas, con independencia de las creencias que profesen, pero no imponemos creencias de ningún tipo. El nuestro es un movimiento que defiende los derechos humanos, no unos credos específicos. Nuestro propósito invoca la ley y el Estado, no a Dios. Esto significa que, en unas ocasiones, el marco laico de derechos humanos que Amnistía Internacional defiende coincide con los puntos de vista de ciertas comunidades basadas en una fe determinada, y en otras ocasiones no.»

Amnistía Internacional insta a la Iglesia Católica a no dar la espalda al sufrimiento que padecen numerosas mujeres a causa de la violencia sexual, y pide a sus dirigentes que propugnen la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión para todas las personas y entidades que defienden los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, del mismo modo que Amnistía Internacional seguirá defendiendo la libertad de religión.

Por otra parte, la organización aclaró que nunca ha aceptado fondos del Vaticano, como no los acepta de ningún otro Estado.

BUENOS AIRES, 08 Ene. 06 / 07:49 pm (ACI).- La empresa de televisión
por cable Multicanal rechazó el pedido de cientos de personas que
reclamaron la incorporación de EWTN, el Canal Católico, en Mar del
Plata, y exigió a los televidentes –que ya pagan por su servicio de
cable– pagar una cuota extra para incluir la señal, tal como ocurre
con canales de pornografía o películas de estreno.Desde marzo pasado, el ciudadano Leonardo Pozzobon pidió a Multicanal
–perteneciente al grupo Clarín– que incorporasen la señal de EWTN en
Mar del Plata sin recibir una respuesta positiva en dos meses, a pesar
que el Canal Católico no cobra a las empresas de cable por ofrecer su
señal.Los agentes le informaron que “una inquietud individual no tendría
importancia, pero en cambio si juntaba firmas solicitando el canal lo
tendríamos. Y así lo hice, junté en el plazo de una semana 300 firmas
de distintas personas que les interesaba ver la señal de TV”.En agosto, el jefe comercial de la empresa, Roberto Muscetti, recibió
las firmas personalmente y arguyó que “el número de firmantes eran
insuficiente, la imposibilidad de subir la señal por inconvenientes
técnicos y la diagramación de la grilla”. Finalmente le pidió la suma
de 25 mil pesos al mes para incluir la señal arguyendo que “si los
católicos están interesados, bueno entonces que paguen”.

Ante lo sucedido, Pozzobón acudió a la Oficina de Defensa al
Consumidor y denunció  a la empresa. Obtuvo una audiencia de
conciliación en septiembre con el representante legal de Multicanal
que terminó sin un acuerdo.
El demandante pide a los ciudadanos argentinos que apoyen su pedido y
se comuniquen con Multicanal Mar del Plata al teléfono 499-5190 para
insistir en la inclusión de EWTN en la oferta de cable.

Conmoción en Chile por irregularidades en la Comunidad Ecológica de Pirque
Una argentina, líder de una secta

Investigan si impidió que una de sus integrantes fuera al médico; luego falleció

SANTIAGO, Chile.- A cinco días del hallazgo de la inhumación ilegal de la profesora de danza Jocelyn Rivas Leyton, de 28 años, en la parcela 20 del sector Las Palomas de San Juan de Pirque, donde hace tres años funciona una comunidad “ecológica y cristiana”, apareció una arista que no estaba contemplada inicialmente en el caso. Se trata de la presencia en el interior de la comunidad de la argentina Paola Olcese, cuyo nombre, según fuentes vinculadas al caso, apareció tras los interrogatorios a personas que participaron en la citada agrupación y que han desertado de ella.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Olcese sería la verdadera líder del grupo y se autodenominaría “enviada de Dios”. También sería autora de los ritos que lleva la comunidad, como por ejemplo rezar cada tres horas y vivir sin ayuda médica. Además, se investiga si fue ella o Roberto Stack -sindicado preliminarmente como líder-, o ambos, los que impartieron la orden de que Jocelyn Rivas no acudiera a un hospital después del parto del 25 de enero, lo que, según las primeras indagaciones, habría causado su muerte. Vecinos aseguran que Olcese habría tenido una relación sentimental con Roberto Stack, mientras que fuentes del caso señalan que en un principio su nombre no apareció porque miembros de la comunidad lo ocultaron.

El fiscal Patricio Vergara confirmó que Olcese es investigada, pero agregó que ahora las indagaciones se centran en dilucidar la muerte de Rivas y averiguar si hubo homicidio. “Si fuera así, uno de los imputados sería Nataniel Requena, novio de Jocelyn”, dijo.

De acuerdo con el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, en la comunidad hay nueve niños de entre 30 días y 9 años, dos de los cuales no están inscriptos en el Registro Civil, y tres mujeres embarazadas que no reciben atención médica. Además, los menores en edad escolar fueron retirados del colegio en marzo. Por todo lo anterior, el edil y su abogado, Alfredo Morgado, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de San Miguel, a fin de que se regularice esa situación.

“Tengo preocupación porque están sufriendo un drama tremendo. Ellos creían haber logrado una forma de vida muy alegre y les cae esto [...] Creo que es una secta.” Con esas palabras, el ex alcalde de La Reina Fernando Castillo Velasco mostró su preocupación por la estadía de uno de sus hijos en la cuestionada Comunidad Ecológica Cristiana de Pirque.

Se trata de Fernando José Velasco Echeverría, historiador de la Universidad Católica, quien, según el ex edil, vive en ese lugar desde hace más de dos años con sus hijos Elisa e Ismael (quien estudió tres años de Filosofía en la Universidad de Chile), y sus nietos, de pocos meses de vida, Emanuel y Paloma. “Para nosotros es un drama, pero para ellos no lo es, pues cuando mueren ese cadáver no vale nada, porque el alma está con Dios. Ojalá pudieran irse, pero no puedo decírselo así, porque sería crear una fuerza en contra”, dijo Velasco, quien al ser consultado respecto de si creía que quienes vivían allí tenían las mentes desviadas dijo que “es duro, pero creo que es cierto”.

Larry Rivas, padre de la joven sepultada ilegalmente en el interior de la comunidad, no descartó iniciar acciones legales. “Hablé con Nataniel -pareja de Jocelyn- y dejamos las cosas claras. El me dijo cómo ocurrió todo y yo le dije que se afirmara, que era responsable y que yo iba a llegar hasta el final”, advirtió.

Las tres embarazadas que viven en la comunidad de Pirque aceptaron someterse a controles ginecológicos y recibir asistencia médica en sus partos, pero insistieron en su deseo de tener a sus hijos dentro del recinto que las alberga. Así lo informó anoche el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, que aseguró que no permitirá que a estas jóvenes les ocurra lo mismo que a Jocelyn Rivas, quien fue sepultada ilegalmente luego de que diera a luz en enero y muriera en abril aparentemente por una septicemia.

El edil detalló que los tres lactantes de la comunidad (de 1, 2 y 10 meses de edad) recibieron ayer sus primeras vacunas y que Purísima, la menor, fue inscripta también ayer por su padre, Nataniel Requena, ante el Registro Civil. El Servicio Médico Legal, en tanto, entregaría hoy los restos de Jocelyn Rivas. La causa y data exactas de su muerte se conocerían el viernes.

Por F. Aguila e I. Martinic
El Mercurio

http://www.lanacion.com.ar/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=905564

Martes, 27 de Febrero de 2007

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-80951-2007-02-27.html

LA PROCURACION DICTAMINO A FAVOR DEL ABORTO DE LA CHICA VIOLADA

“No podemos condicionarle su vida”

María del Carmen Falbo sostuvo que se debe convalidar el pedido de la chica abusada por su padrastro por el riesgo que corre su salud psíquica. Ahora debe resolver la Suprema Corte provincial.

Por Raúl Kollmann

María del Carmen Falbo dictaminó como procuradora ante la Suprema Corte de la provincia.

La procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, dictaminó ayer que debe autorizarse la interrupción del embarazo de la joven de 14 años cuya identidad se conoce sólo por las siglas V.O. La chica fue violada por su padrastro de 30 años y ya la jueza marplatense Silvina Darmandrail y la Cámara Civil de esa ciudad se habían expedido convalidando el aborto terapéutico. Falbo cita reiteradamente todos los informes psicológicos que figuran en la causa: “El embarazo deteriora a la niña V.O. y la desgasta psíquicamente día a día”; “tiene una angustia silenciosa, el abuso ha destruido su individualidad, está traumatizada por un embarazo que le resulta extraño y del que se niega a hablar”; “continuar con el embarazo sería para la niña V.O. quedar en la misma situación que el perverso la colocó”. A partir de hoy, la Corte Suprema debe resolver el caso. En la oportunidad anterior, en julio de 2006, cuando se trató del aborto de una chica mentalmente discapacitada, se convalidó la interrupción del embarazo por seis votos a tres. Lo más probable es que esta vez, con alguna diferencia en la votación, el fallo también autorice el aborto terapéutico.

“Todos exigimos maternidad responsable –dice Falbo en su dictamen–, todos declamamos los derechos de la mujer, los derechos de los niños. No desconozco la protección que el ordenamiento jurídico le otorga al por nacer. Sin embargo, no es idéntica la protección de una y la otra. No podemos exigirle a V.O. no ya que sea madre, sino que soporte estoicamente los días, las horas y los meses que la separan del alumbramiento a costa de su salud. No podemos condenarla a que su salud psíquica se comprometa en grado tal que luego condicione toda su vida”. Falbo cita en apoyo del diagnóstico sobre la salud psíquica de la niña las posiciones del Comité de Bioética que opinó sobre el caso, el informe del Hospital Interzonal de Mar del Plata, la psicóloga de menores, los peritos psiquiatras, el médico y la licenciada en psicología que participaron del expediente y la licenciada en psicología que la atiende actualmente.

La procuradora repite un argumento que ya utilizó en el caso de 2006 cuando se planteó el derecho a la vida como superior a cualquier otro. “Comparto absolutamente el hecho de que en nuestro país, la vida del niño por nacer se halla protegida desde la concepción. Pero corresponde meritar que tal como sucede con todos los derechos reconocidos por nuestra Constitución, ninguno de ellos posee carácter absoluto. Ejemplo de ello es que la protección del derecho a la vida es enteramente compatible con la regulación de la legítima defensa, como causa de justificación que permite, cuando se den los requisitos exigidos por la ley, la muerte del agresor. Es decir que, a pesar de las cuestiones éticas o morales que pueden suscitarse en torno a un delito tan sensible como es el aborto, lo cierto es que la vida humana no se protege penalmente en cualquier circunstancia. En esta línea de análisis, resta entonces decir que la decisión legislativa de subordinar el derecho a la vida del feto en los supuestos excepcionales en los que el embarazo importa un riesgo para la vida o salud de la madre no constituye un ejercicio irracional ni censurable”.

En realidad, Falbo había hecho una manifestación mucho más abarcativa en el dictamen del año pasado. En esa ocasión escribió: “Sostengo que está eximida de pena cualquier mujer que desea no continuar con un embarazo producto de un ataque a su integridad sexual y así debe interpretarse la norma del Código Penal”. En otras palabras, sostenía que no es punible el aborto en todos los casos de violación. Esta vez la procuradora fue más específica y sostuvo que produce un daño irreparable la continuación del embarazo, producto de una violación, que tiene los dramáticos agravantes de que la víctima tiene 14 años, el victimario 30 y encima es el padrastro.

El dictamen se explaya sobre otro litigio planteado en forma reiterada. Quienes se oponen al aborto en este caso –y lo mismo ocurrió en otros– argumentan que los médicos no necesitan autorización judicial y que, por lo tanto, corran el riesgo. Si después de realizado el aborto son denunciados, tendrán que defenderse y asumir el peligro de una condena por homicidio. En el fondo, es una forma tácita de combatir el aborto porque habrá una espada de Damocles sobre el profesional que lo practique. Falbo sostiene que efectivamente no se necesita pedir una autorización, pero que “en caso de que alguna de las partes entiende que se pretende actuar fuera de la ley, la Justicia se encuentra en ese caso plenamente habilitada para conocer y resolver acerca de la eventual licitud o ilicitud”.

Por último, la procuradora destina un párrafo al fiscal general de Mar del Plata, Raúl Fernández Garello, que pese a la existencia de dos defensoras –la del feto y la de la niña-madre–, salió a la cancha a pelear contra la interrupción del embarazo. Fernández Garello revistó como funcionario de Seguridad convocado en su momento por el ahora juez de la Corte Eduardo Pe-ttigiani, que encabezó hace seis meses un furibundo debate para impedir la interrupción del embarazo de una chica deficiente mental violada por el tío. Pettigiani es catalogado como el sector más conservador y más vinculado a la Iglesia Católica. “La actuación de Fernández Garello no sólo parecería formalmente irregular y extemporánea, sino que además podría estimarse improcedente por ausencia de competencia”, señala Falbo.

La procuradora concluye entonces que “así como se ha sostenido que el derecho no puede requerir conductas heroicas, menos aún puede la Justicia exigir que una niña adolescente tenga la templanza y las herramientas para sobrellevar la mutación abrupta de su proyecto de vida en génesis, más aún cuando comprender y aceptar que ese cambio le es impuesto como consecuencia de los actos de un tercero delincuente”, es decir su padrastro violador.

Como adelantó en exclusiva Página/12 hace diez días, V.O. llevaba entonces diez semanas de embarazo. La decisión de la Corte llegará cuando se cumplan doce. La propia jueza Darmandrail y los camaristas Roberto Loustaunau, Ricardo Monterisi y Nélida Zampini ya advirtieron sobre el peligro de dilatar la decisión.

AMENAZAS EN EL HOSPITAL DESIGNADO POR LA JUSTICIA PARA HACER UN ABORTO

Una guerra santa en Mar del Plata

Directivos y profesionales del Hospital Materno-Infantil recibieron mensajes que anuncian “represalias” si allí se concreta el aborto a una chica violada. Sobre el caso todavía debe expedirse la Corte provincial. La jueza que inicialmente autorizó el aborto también recibió intimidaciones.

EL FALLO DE LA CAMARA Y EL DEBATE SOBRE EL ABORTO

Los derechos contrapuestos

Los grupos católicos suelen invocar el “derecho a la vida del no nacido” como argumento para rechazar el aborto, incluso en los casos en que no es punible según la ley. La Cámara Civil de Mar del Plata, al convalidar el fallo de primera instancia y autorizar la interrupción del embarazo de la chica violada por su padrastro, analiza aquella cuestión.