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Offshore panameña maneja capital de la Iglesia Católica

Jueves, Abril 17th, 2008

Fuente: Nación (Costa Rica) - Por Ernesto Riveray Giannina Segnini | gsegnini@nacion.com

Sociedad anónima Sarita Trading

Operador bursátil representado por Grupo Sama administra dinero

Sama y obispos de Conferencia se niegan a hablar sobre operaciones

Una sociedad offshore panameña maneja capital de la Iglesia Católica de Costa Rica con ayuda de un operador bursátil representado en Costa Rica por el Grupo Empresarial Sama.

De acuerdo con documentos en poder de este diario, la empresa panameña Sarita Trading S. A. mantiene en sus cuentas inversiones bursátiles de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, conformada por los ocho obispos que hay en el país.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Estas inversiones son administradas por la firma Servicios Bursátiles Internacionales (SBI), también panameña.

Sama Internacional, asesora financiera costarricense, es la representante de SBI en el país, según confirmó ayer Víctor Oconitrillo, presidente de Grupo Sama.

El sacerdote Guillermo Godínez Zúñiga, administrador de Servicios Pastorales de la Conferencia Episcopal, es la persona autorizada por los obispos para girar las instrucciones de los movimientos de dinero, según consta en los documentos de respaldo de una transferencia por $225.000 realizada en el 2006.

El 7 de febrero de ese año, el sacerdote Godínez le solicitó a Víctor Oconitrillo, de Inversiones Sama, que transfiriera $225.000 a una cuenta corriente que la Conferencia Episcopal (Cecor), Servicios Pastorales, tenía en el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

Al día siguiente se realizó una nota de débito en dólares, correspondiente al mismo monto, desde la cuenta de Sarita Trading, en Servicios Bursátiles Internacionales.

La nota de débito aclara que el traspaso de los fondos se realizó según carta 49-C (escrita por el sacerdote Godínez) y a favor de la cuenta número 102017935 de la Conferencia Episcopal en Bicsa.

Silencio. La Conferencia Episcopal mantiene total silencio en relación con sus operaciones financieras.

Ayer se intentó consultara monseñor José Francisco Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal, pero no respondió los mensajes dejados en su celular ni tampoco una solicitud de información realizada a través del sacerdote Glen Gómez, vocero de la Conferencia.

En una entrevista el viernes anterior, Ulloa dijo desconocer qué es Sarita Trading S. A.

Víctor Oconitrillo, de Grupo Sama, insistió en que no tiene autorización de su cliente (la Conferencia Episcopal) para referirse a las operaciones.

Oconitrillo también alegó que requería del permiso de su asesor legal, Alfonso Gutiérrez Cerdas.

Consultado ayer, Gutiérrez insistió en que, como abogado, tiene imposibilidad de discutir asuntos profesionales en la prensa. “Ni de este caso, ni de ninguno, yo no hablo con periodistas”.

Nacion.com

Iglesia Católica es socia de Grupo Sama

Jueves, Abril 17th, 2008

Fuente: Nación (Costa Rica) - Ernesto Rivera y Giannina Segnini - erivera@nacion.com

La Iglesia Católica de Costa Rica es socia del Grupo Empresarial Sama y su representante en esa compañía es el administrador de Servicios Pastorales, el sacerdote Guillermo Godínez Zúñiga.

Sama es un conjunto de empresas financieras y bursátiles que maneja las inversiones y el capital de la Iglesia Católica de Costa Rica.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Según documentos en poder de este diario, la Iglesia Católica de Costa Rica, a través de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), posee al menos un 20% del paquete accionario del Grupo Sama.

El sacerdote Godínez Zúñiga ocupa cargos en las juntas directivas de seis empresas ligadas a ese grupo financiero.

El religioso es secretario de la junta directiva de Grupo Consolidado Sama S. A.; es director vocal segundo de Sama Internacional (GS) S. A.; director vocal segundo de Sama Sociedad Fondos de Inversión S.A.; director vocal segundo de Sama Casa de Cambios GS S. A. y director vocal segundo de Inversiones Sama S. A.

En diciembre del 2003 se reportó que socios del Grupo Sama adquirieron las empresa Pipasa y As de Oros. Uno de los inversionistas en esa operación fue Sarita Trading S. A. , empresa panameña cuyo propietario era el entonces administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres.

La compra de las acciones de Pipasa se financió con recursos de Servicios Bursátiles Internacionales (SBI), firma representada en Costa Rica por el Grupo Sama.

El sacerdote Godínez Zúñiga es quien firmó una serie de cheques, girados desde cuentas de la Cecor, a la empresaria suiza Anna Moscarelli.

Esos cheques fueron parte de un préstamo por $3 millones que la suiza negoció con Jorge Torres, fallecido en junio pasado.

En relación a este caso, el sacerdote Godínez indicó que la firma que aparece en los cheques es un facsímil de su rúbrica, utilizado sin su consentimiento.
Nacion.com

Guillermo Godínez Zúñiga, administra Servicios Pastorales archivo

Costa Rica: O Dios o el dinero

Jueves, Abril 17th, 2008

Fuente: Argenpress - Por: Javier Solís (RED COSTA RICA SOLIDARIA)

¡Qué vergüenza! Hace años que muchos católicos sinceros se vienen cuestionando la legitimidad de la ‘garrotera’ llamada ‘Servicios Pastorales’. ‘Servicios’ entiéndase lucro con las limosnas acumuladas hechas por los fieles creyentes y ‘pastorales’ porque los banqueros son clérigos. No por pastorado de la ovejas descarriadas ni por imitación del Buen Pastor.

Cuando murió Torres, la Conferencia Episcopal publicó una esquela de pésame de media página en un diario. Nada parecido han publicado por la muerte de santos obispos o sacerdotes. ¿Por qué? Porque la escala de valores está invertida. El dinero es lo principal.

Y la acumulación ha sido tanta que han podido invertir en SAMA más de cuarenta mil millones de colones. Hasta tienen un asiento en su junta directiva. De ‘pastores’ entre comillas se han convertido en prestamistas de plata. ¡Qué sacrilegio! Ese es el más grande antitestimonio del compromiso evangélico de toda la historia de la Iglesia Católica en Costa Rica. A partir de su participación en SAMA, la iglesia de los obispos, no la iglesia de los pobres, traicionó su identidad con el pueblo llano costarricense y se alió con los señores del dinero, de la riqueza.

Y ahora esto de los préstamos. Es natural. Tenía que darse. Les gusta prestar plata y cobrar los intereses. Pero no saben administrar. Pretenden ser banqueros pero jugando el papel de guías ‘espirituales’, de hombres de religión. Han hecho trampa cerrando un ojo -o los dos- sobre los orígenes de los depósitos que reciben y la legalidad de su administración. Así se encuentran hoy como hace unos años el eufemísticamente llamado ‘Instituto para las obras de religión’, es decir, el banco del Vaticano, en el caso del Banco Ambrosiano, de Roberto Calvi y Monseñor Marcinkus. El mismo guión. La misma mafia de masones santulones. ¿Lavado de dólares? ¿Conexiones con el narcotráfico? ¿No estaremos ante otra ‘lavandería’ descomunal como Radio María, en la que un obispo le ‘guarda las espaldas’ a alguien con sotana o sin ella? Ahora pretenden ponerse por encima de la ley para tapar sus negocios.

Y lo más vergonzoso es ver cómo se exhibe - contradicciones, evasivas, inocencias, incompetencias, mentiras, cobardías - Francisco Ulloa, Presidente de la Conferencia Episcopal y responsable de la administración financiera, su representante en Sama y máximo jerarca de los ‘Servicios Pastorales’. No sé, no conozco, pregúntele a él, se lo preguntaré en el cielo, intervine porque me pidió consejo, no fui informado, se hizo sin mi autorización ni conocimiento, tengo que consultarlo, lo que digan los abogados, no sé por qué no se hizo, me siento inocente ¿verdad? En la más primitiva empresa financiera, un gerente o presidente con ese desempeño no tarda sesenta minutos en ser puesto en la calle sin responsabilidad patronal.

¿Quién va a ir a misa con esa clase de pastores? Ulloa debe ser destituido inmediatamente como presidente de los obispos. ¿O vamos a presenciar la misma táctica utilizada en el caso de los religiosos pedófilos? Los sacerdotes y las comunidades católicas de Cartago deben pedir su renuncia como pastor diocesano. Pronto nadie le va a creer ni el Credo de la misa. ‘Mejor sería que le colgasen del cuello una de esas piedras de molino que mueve un asno y así fuese sumergido en lo profundo del mar’ (Mt.18, 6).

Se trata de un pecado muy grave. En Mt. 6,24 Jesús habla de ‘Mamón’ (dinero, en griego y en arameo) como de un poder demoníaco al que se somete el hombre codicioso y cuyo servicio es incompatible con el de Dios. Sí, incompatible. No hay término medio. Y en Lc16, 9.11 lo tilda dos veces de injusto o inicuo en una expresión de la tradición bíblica que designa el modo concreto cómo generalmente se adquiere, aumenta y emplea la riqueza.

Pero los obispos y los sacerdotes católicos pueden redimir este pecado, arrepentirse, hacer penitencia y propósito de enmienda. Pueden convertir esos cuantiosos, cuantiosísimos fondos en un banco de los pobres, como el Banco Graameen, fundado por Muhammad Yunus, Premio Nóbel de Economía 2006, en Bangladesh. Quizá veríamos entonces florecer de nuevo la autenticidad y el fervor religioso.

¿Veremos ese milagro? No hay que ser muy optimistas porque el mismo Jesús previno que era muy difícil que los que ponen su confianza en el dinero, entren en el Reino (Lc. 10,23-25.). Y dos versículos antes le dice a un joven que le pregunta por la perfección: ‘anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres’. Pero el joven dio media vuelta y se fue entristecido ‘porque tenía muchos bienes’. Lo mismo le va a pasar a la Conferencia Episcopal. Escogerá el dinero.


Denuncia sobre el Opus Dei en Firmat

Sábado, Abril 5th, 2008

Fuente: PSA de Firmat

Denuncia:

Quisiera que trascienda del ambito de nuestra ciudad de Firmat, dpto. Gral. Lopez Pcia de Santa Fe, lo que esta ocurriendo y que los medios de comunicacion de nuestrta ciudad salvo honradas exepciones no publican:

El Opus Dei, inscrustado en el gobierno municipal, con concejales y la Secretaria de Gobierno pertenecientes  a esa secta  que se destaca por su fanatismo  religioso, su estrecha relacion con los gobiernos de facto y dictaduras que hemos padecido en Argentina y Latinoamerica, han solicitado y se les ha concedido por ordenanza un terreno perteneciente al patrimonio de Firmat, para instalar una escuela.

Sabiendo cual es la ideologia que se les inculcara a esos jovenes firmatences por parte de los maestros y profesores del Opus Dei, queremos que se sepa quienes, a espaldas del pueblo que ignora  de que se trata llevan adelante estos proyectos, para cuando en el futuro suframos las consecuencias de su complicidad con  esos golpista, vayamos a escracharlos casa por casa. gracias por permitir que esto se sepa.

Edgardo Storni cobra $ 7 mil de jubilación pero no cumpliría con un requisito clave

Lunes, Marzo 24th, 2008

Fuente: NOTIFE.com

Edgardo Storni cobra $ 7 mil de jubilación pero no cumpliría con un requisito clave
La cifra le fue confirmada a un ciudadano de la provincia que requirió la información en la Secretaría de Culto. La pasividad es por causa grave que no se explica en el expediente.

Esta pensión le llegó merced a una resolución que ahora salió a la luz, por la cual la Secretaría de Culto de la Nación lo encuadró dentro de la ley que otorga la jubilación.
El arzobispo emérito de Santa Fe Edgardo Storni, quien se encuentra procesado por delito sexual agravado, logró acogerse a una jubilación de más de 7 mil pesos pese a que no tiene la edad para percibirla ni padecería invalidez alguna, ambos requisitos legales para acceder al beneficio.

Esta pensión le llegó merced a una resolución que ahora salió a la luz, por la cual la Secretaría de Culto de la Nación lo encuadró dentro de la ley que otorga la jubilación, con el argumento de que para el derecho canónico existe una “causa grave” por la cual queda “disminuida su capacidad” para desempeñarse en el oficio episcopal, aunque no habla de cuáles son esas “causas graves”.

Es decir, Storni cobra una jubilación de privilegio por una ley que se la otorga si es inválido, cuando la única invalidez que se le investiga es moral.

Documentación. Esta situación está ahora documentada luego de que la Secretaría de Culto, dependiente de Cancillería, decidiera hacer pública la mayor parte del expediente mediante el cual Storni obtuvo una jubilación equivalente al 70 por ciento de lo que percibe un juez de la Nación, hoy superior a los siete mil pesos.

En rigor, una resolución suscripta por el entonces secretario de Culto Esteban Caselli, ya había sido difundida a partir de una solicitud amparada en el decreto de acceso a la información. Pero a partir de esto, y apelando a la misma norma, un vecino de María Juana, Horacio Brignone, formalizó un reclamo para que se aclare una situación que considera injusta: “Storni cobra del erario público una jubilación sin cumplir con los requisitos de edad ni de discapacidad física o psíquica”.

Ahora, la respuesta al pedido de Brignone llegó en forma de documentación, entre la que resalta un dictamen del director general de Culto Católico, Luis Saguier Fonrouge, fechado en noviembre de 2002.

En ese escrito se recuerda que el Papa Juan Pablo II le aceptó el 1º de octubre de 2002 la renuncia a Storni a tenor del canon 401, 2 in fine del Código de Derecho Canónico, que inmediatamente transcribe: “Se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad y otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo”.

Luego, se hace referencia a la ley 21.540, que establece que gozarán de la asignación mensual vitalicia allí prevista “los arzobispos con jurisdicción que cesen en sus cargos por razones de edad o de invalidez”.

Causa “grave”. Pero a partir de eso, Saguier Fonrouge hace una serie de consideraciones que para Brignone resultan significativas. En el dictamen, el funcionario considera que “la aceptación de la renuncia por parte del Santo Padre encuentra su fundamento en una causa grave que incapacita —a Storni— para desempeñarse” como arzobispo de Santa Fe. No obstante, en ningún momento se hace referencia a cuáles son las causas “graves”.

Con este argumento, el funcionario consideró en su momento que Storni estaría encuadrado en la norma que otorga el privilegio, ya que “si bien la ley civil habla de invalidez, evidentemente remite a las causales que el ordenamiento canónico establece para el desempeño de oficios eclesiásticos, las que no quedan reducidas exclusivamente a enfermedad, sino que se extienden a otras causas graves que incapacitan al clérigo”.

Con este argumento, el 27 de diciembre de 2002 Caselli otorgó la jubilación al prelado, entonces imputado y ahora procesado por abuso sexual.

Brignone está convencido de que la única invalidez de Storni es su “discapacidad moral”, y en diálogo con La Capital reflexionó: “Seguimos sin saber cuáles fueron esas causas graves” que llevaron a la Santa Sede a aceptarle la renuncia a Storni.

A su juicio, se “incorporó de facto al derecho positivo argentino un nuevo cuerpo legal: el Código de Derecho Canónico”, y se sentó como precedente que aquellos prelados que renuncien a sus cargos seguirán siendo mantenidos por el erario público.

“Quizás somos el único país del continente que paga sueldos y jubilaciones a los obispos católicos. Lo menos que podría esperarse es un riguroso apego a la ley”, enfatizó Brignone, y remató: “La recurrente utilización de ciertos títulos honoríficos sugiere una confusión de roles. Se trata del organismo que representa al Ejecutivo Nacional ante autoridades de la Iglesia Católica y no a la inversa”.

Irregularidades en la autorización del show de Palau

Viernes, Marzo 14th, 2008

Fuente: Crítica Digital

Calificaron el permiso de inconstitucional

Macri cometió irregularidades en la autorización del show de Palau
El decreto del jefe de Gobierno porteño fue publicado en el Boletín Oficial el 12 de marzo. Pero el armado del escenario y los cortes de calles comenzaron el 6. Además, delegó sus facultades de seguridad y limpieza en los organizadores.Sebastián Penelli

El subsecretario de de Espacio Urbano rechazó el pedido para autorizar el acto. Entonces, Macri lo gestionó con su gabinete.

La autorización que le otorgó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, al telepredicador Luis Palau para montar su show evangélico en el Obelisco no cumple con las mínimos requisitos legales.

Un destacada fuente de la Secretaria General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reveló a Criticadigital que el permiso solicitado por los organizadores del evento hace poco menos de un mes “fue rechazado por el Subsecretario de Espacio Urbano, Carlos Tramutola, que se negó a firmarlo”.

Ante esta situación –relata la fuente-, Macri convocó a su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y al secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña, para hilar fino con la autorización. “Desde que Espacio Urbano lo rechazó, la actuación pasó a manos de Macri, Larreta y Peña, y fueron ellos quienes personalmente armaron el decreto y avalaron el acto”, aseguró el funcionario que pidió reserva de identidad.

El decreto 185/08, con fecha 5 de marzo de 2008, fue publicado en el Boletín Oficial de la ciudad el 12 de marzo. En el texto se habilita al personal del Festival Palau 2008 “Hay Esperanza”, a trabajar en el armado del escenario con corte de calles incluido desde el 6. Sin embargo, los decretos cobran efectividad sólo desde la fecha de publicación y el Código Civil, no permite acciones retroactivas.

El constitucionalista Ricardo Monner Sans aclaró a Criticadigital que las normas, “por principio, rigen para el futuro, salvo en situaciones excepcionales, que no es este el caso, o puede ocurrir en derecho penal, pero no con un decreto del jefe de gobierno porteño”.

El decreto 185/08 también incluye otro aspecto que gambetea la ley. El artículo 4 establece que “la entidad organizadora será responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daño o accidentes que pudieran surgir como consecuencia de la totalidad de las tareas y/o actividades que antes, durante o una vez finalizado el evento”.

El siguiente artículo vuelve sobre el tema de la seguridad e incluye la limpieza de las calles que rodean al Obelisco. “La Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República se hace responsable de la seguridad, conservación y limpieza del espacio público durante el tiempo que se extienda la actividad a realizarse”. Inclusive aclara que “al término de la misma deberá tomar los recaudos pertinentes a efectos de que el lugar utilizado quede en perfecto estado de conservación y limpieza”.

Para Monner Sans delegar en terceros las responsabilidades del Gobierno porteño es inconstitucional. “Va en contra de la Constitución de la Ciudad, Macri no puede delegar facultades que le son propias, y si así fuera, habría que investigar si no violó sus deberes de funcionario público”, explicó.

Criticadigital preguntó qué pasaría si en medio del tumulto de un millón y medio de personas, alguien sale herido. “Jurídicamente hay dos demandas posibles: una contra la organización del evento y otro contra el Gobierno porteño, porque fue Macri quien renunció a sus responsabilidad establecidas en la carta magna de la ciudad”, respondió.

Mientras tanto, paso a paso, miles de fieles se van a acercando al Obelisco para escuchar las palabras de Palau y otro tanto se queja por el caos de tránsito, que será cortado entre Belgrano y Corrientes a partir de las 18 horas.

Las otras relaciones

Lunes, Abril 30th, 2007

Domingo, 29 de Abril de 2007

De qué hablamos

3 leyes regulan el pago de salarios mensuales a obispos, sacerdotes y párrocos. Todas fueron promulgadas por la dictadura militar.

1.391.992 pesos es la partida mensual.

336 pesos es la cápita por seminarista.

7287,13 pesos netos, no imponibles, es el ingreso de un obispo diocesano.

6376,24 pesos netos al mes cobran los obispos retirados por razones de salud o invalidez.

2 obispos que renunciaron por otros motivos, en circunstancias escandalosas, perciben igualmente ese subsidio. Uno de ellos, Edgardo Storni, está siendo juzgado penalmente por sus acciones.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/84238-27053-2007-04-29.html

Rosario: DOCENTE DEJADA CESANTE POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN EN LA UCA

Viernes, Abril 6th, 2007
El martes 13 de febrero, hace un mes, no renovaron el contrato de la Secretaria Académica de la Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon” de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Prof. Lic. Patricia Mónica Sartor, por expresar su opinión acerca de la contaminación ambiental producida por los residuos urbanos.

El motivo esgrimido por la UCA: extinción del contrato de trabajo. El motivo esgrimido por la Decana, Prof. Estad. Susana Lola Gorziglia vda. de Boccio: una llamada telefónica del Intendente de Rosario, Miguel Lifschitz.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El 13 de febrero la UCA discontinuó mi contrato como Secretaria Académica de la Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon” y como Profesora de las cátedras Química General, Química Ambiental, Contaminación Atmosférica, Ingeniería Ambiental y Trabajo de Aplicación en las carreras de grado y de Ecología, Saneamiento Ambiental y Contaminación Ambiental de las carreras de posgrado Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable.

¿Cuáles fueron los motivos?

Todo comenzó el 28 de noviembre de 2006, cuando la Decana de dicha Facultad me solicitó que le explicara mi participación en la opinión técnica emitida sobre la contaminación del suelo y agua subterránea para la ONG “Amigos de la Costa” de la Ciudad de San Lorenzo, argumentando que el Sr. Intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifschitz, la había llamado a su domicilio particular, el sábado 26 de noviembre, para solicitarle explicaciones.

Gorziglia insistía en la importancia de la llamada telefónica de Lifschitz diciendo que él estaba molesto por dicho informe, entonces le pregunté qué tenía que ver la Municipalidad de Rosario con la Facultad, ya que la UCA es Pontificia y depende directamente del Vaticano, de hecho su Rector Supremo es Benedicto XVI y los Decanos son nombrados por la Comisión Episcopal. Además, las Universidades Privadas no reciben subsidios ni aportes económicos de ninguna repartición estatal, ni ejecutan órdenes de estos estamentos, por lo que el hecho me resultó sumamente llamativo. Esto sin contar que, como cualquier persona medianamente informada sabe, Lifschitz no comparte las creencias religiosas, mucho menos católicas. Por ello el reclamo telefónico no parecía tener coherencia.

¿A qué hacía referencia el reclamo del Intendente de la ciudad de Rosario? Antes que nada quiero dejar claro que la opinión de un profesor sobre temas vinculados a sus saberes académicos y profesionales no constituye un delito sino, más bien, es una obligación para no desvincularse de la realidad circundante. Como vivo en la ciudad de San Lorenzo y el Ambiente es un tema que me preocupa sobremanera, además de ser mi especialidad profesional colaboré con la ONG “Amigos de la Costa” en un informe fisicoquímico acerca de los resultados de los análisis de agua subterránea, suelo y lixiviado de suelos que ellos habían extraído por medio de un perito ambiental, en el marco de una presentación por la Ley 10.000 sobre contaminación, proveniente del relleno sanitario de la localidad de Ricardone.

El 28 de noviembre, Gorziglia me preguntó varias veces si mi opinión había sido realizada en nombre de la UCA, a lo que contesté que no, porque había sido requerida en virtud de mis antecedentes profesionales sobre la materia. Ante la insistencia de la Decana, imprimí una copia del informe entregado a la ONG, se lo entregué en papel y, como ella no es química, procedí a explicarle la gravedad de los problemas detectados. Ella sólo dijo “ahora hay que esperar, para ver cómo continúa el tema”.

¿Y entonces?

El 15 de diciembre, a las 19.30, me llamó a su oficina para informarme que había decidido no renovar mi contrato como Secretaria Académica y que esperaba que siguiera trabajando hasta el final del mismo, en febrero de 2007, para entrenar a mi reemplazante.

¿Le dio las razones por las cuales la reemplazaba por otra persona? Me dijo que me “había perdido la confianza” y que eso no le permitía continuar trabajando conmigo. Además agregó que como yo era joven e inteligente, seguramente no tardaría en obtener otras propuestas laborales. Me asombró el argumento y le pedí que me lo explicara mejor. En la conversación subsiguiente descubrimos juntas que el motivo era la molestia que yo le producía al contradecir algunas de sus decisiones, a lo que yo agregué que sólo las contradecía cuando eran improcedentes o no ajustadas a los reglamentos.

¿Una Decana puede obrar en contra de los reglamentos?

Puede hacerlo cuando las circunstancias son extraordinarias, por ejemplo, la Decana puede justificar las inasistencias por encima del 25% permitido por los Estatutos y Ordenanzas de la UCA cuando un alumno presenta un problema de salud importante pero no puede hacerlo por motivos laborales o de descanso; puede designar un docente interino hasta tanto se concrete el llamado a cobertura de cátedras pero no puede imponer a un amigo al frente de una asignatura; puede disponer que alumnos de cuarto año realicen prácticas en empresas si cumplen con el requisito de tercer año aprobado y cuarto año regular, aunque lo normal fuera que estuvieran cursando quinto año, pero no puede autorizar prácticas en empresas que no se encuentran en funcionamiento; puede renovar a sus directivos pero no debe hacerlo por presión política.

¿Cuál es el procedimiento para remover a los directivos de la UCA? En el año 2003, la UCA fue evaluada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y se publicaron en el Boletín Oficial de la República Argentina sus Estatutos y Ordenanzas. Allí se explicita muy claramente que la propuesta de renovación del personal directivo es una facultad del Decano oído el Consejo Directivo, propuesta que se eleva a la Secretaría Académica de la UCA, ésta la presenta al Rector, que en conjunto con el Consejo Superior decide la renovación o remoción de los directivos y sus reemplazantes.

¿Se cumplieron estos pasos?

No. En ninguna reunión de Consejo Directivo de la Facultad se trató el tema. Claramente es una decisión personal que la Decana implementó, con la anuencia de las autoridades de la UCA, como se evidenció el 13 de febrero, día en que se hicieron presentes el responsable de Recursos Humanos y el Secretario Académico de la UCA. Ambos arribaron con la decisión de extinción de mi contrato de trabajo, de lo que podemos inferir que el miedo a lo que pueden opinar los políticos tocó hasta lo más alto de la propia UCA. ¿Lifschitz gobernando la UCA? Suena extraño, pero a la luz de los hechos, es totalmente factible.

Este tema es complejo, ya la CONEAU había analizado el hecho de que los docentes y directivos de la UCA sean personal contratado anualmente diciendo que esto “expone a los docentes a posibles arbitrariedades por parte de la autoridad académica por cuanto todos los años podrían darlos de baja sin causa aparente” (informe CONEAU sobre la UCA) El informe de CONEAU agrega “desde la perspectiva de los docentes quita incentivos y motivos para volcarse hacia mayores dedicaciones y aumentar su compromiso con la institución, ya que el costo de oportunidad es demasiado grande cuando todos los años se puede poner en cuestión su continuidad.” (informe CONEAU sobre la UCA)

¿Me está diciendo que los profesores pueden ser removidos en cualquier momento?

Exactamente, pueden ser removidos cuando termina el dictado de la asignatura ya que su contrato es renovado si el Decano evalúa que es conveniente su continuidad.

También pueden ser removidos en otros momentos del año, que no tienen que ver con el final del contrato, si se demuestra falta de capacidad científica, falta de capacidad pedagógica o falta de rectitud de doctrina en el profesor. Estas son las tres causales que pueden motivar el cese de un docente, en los estatutos se prevé el procedimiento para este caso, aunque estas causas no son esgrimidas frecuentemente, porque es más sencillo esperar a que culmine el período de contrato.

¿Qué opinan los profesores acerca de este tema?

Algunos se sienten inseguros, otros piensan que a ellos no les puede suceder. Este sistema impacta mayoritariamente en los alumnos, pues produce inseguridad al no saber si su profesor continuará en la facultad, con lo que no saben quién les tomará los exámenes. Además no tienen oportunidad de opinar acerca de ellos porque, si bien son encuestados, los resultados de las encuestas frecuentemente no tienen devolución en sus reclamos, funcionan como diagnósticos que nunca llevan a soluciones. De todos modos, no es la primera vez que esto sucede, esta misma Decana tiene en su haber varios intentos de remoción de docentes y una remoción concretada efectivamente, en marzo de 2005, cuando se había otorgado el cargo de una asignatura que había quedado vacante por fallecimiento de su docente.

Siempre los perjudicados son los alumnos, que por razones diversas eligen a la UCA de Química e Ingeniería para estudiar. El capital humano de la UCA nunca es consultado, ni alumnos ni profesores, la misma CONEAU lo advirtió en 2004 “…resulta natural pensar en instancias a partir de las cuales los propios docentes tomen participación sugiriendo al rector las mejores opciones para la conducción de las distintas unidades académicas (…) en la medida en que los propios profesores se vean identificados con la orientación académica de las distintas facultades de la universidad, y para ello es importante que, al menos, resulten consultados al momento de la designación de los decanos.” (informe CONEAU)

Explíqueme cómo puede influir la opinión de un Intendente en la UCA. Desde mi punto de vista, la única manera en que Lifschitz puede influenciar en la UCA es mediante la manipulación de las personas que, como yo siempre digo, pertenecen a la cultura del miedo y asumen el temor, la aceptación y la pasividad como estrategia. En este caso, la Decana consideró que debía removerme, aceptando sumisamente el pedido que le hiciera el Sr. Intendente de la ciudad de Rosario, al no parecerle adecuadas mis conclusiones acerca de la contaminación producida por los metales pesados en el suelo y en el agua cercanos al Relleno Sanitario de la localidad de Ricardone.

Gorziglia solicitó a la UCA el cese de mi contrato alegando que yo había emitido “opiniones contrarias a las opiniones de la facultad” y que existía “incompatibilidad de funciones” entre mi tarea como Secretaria Académica y la posibilidad de brindar opiniones profesionales. Lo extraño es esto último, porque todos los Decanos y Secretarios que tiene y ha tenido la Facultad y otras Facultades de la UCA mantienen sus actividades profesionales, inclusive Susana Gorziglia, que desarrolla sus actividades con su consultora de calidad; el actual Secretario Académico, Néstor Cavallero, que conserva su cargo de vicedirector en una escuela secundaria de Rosario; la Secretaria de Extensión, Ana Espinosa, que también trabaja en una consultora y es docente y miembro del Consejo Directivo de la UNR; el Director de Investigación, Ignacio Daniel Coria, que dirige líneas de investigación en la UCA, la UAI y trabaja con su consultora privada; la Secretaria de Relaciones Institucionales, Nora Castiglioni, que a su vez es Directora Ejecutiva del Centro Franciscano. ¿Cómo es que sólo se juzga incompatible mi desempeño profesional y no el de los demás? Si yo afirmo que el Relleno Sanitario de Ricardone impacta en la calidad del agua subterránea y del suelo, lo hago con los cr iterios científicos suficientes como para estar segura de ello. La única explicación que encuentro para el cese de mis actividades en UCA es que si soy llamada a declarar en el marco del juicio por la Ley 10.000 sobre este tema, tendré que exponer que ya no soy profesora de la UCA, pero ello no invalidará mi opinión, porque la fuerza de la misma no la hace mi ser docente UCA sino mis estudios, antecedentes y trayectoria en trabajos ambientales.

¿Usted piensa que no deben utilizarse los rellenos sanitarios? Pienso y sustento científicamente, que si se construyen adecuadamente, se gestionan con responsabilidad y se procesan los gases y líquidos lixiviados que de ellos resultan, los rellenos sanitarios son una opción válida para la República Argentina, al lo menos hasta que los costos de la separación, reciclado, reutilización y producción de energía sean más accesibles. Pero lo más importante es la gestión del Relleno Sanitario, que no puede ser realizada por cualquier persona. Dicha persona o grupo de profesionales debe tener el criterio suficiente como para darse cuenta que no se puede cambiar el uso de un relleno como el de Ricardone, que estaba dimensionado para cerca de 70 toneladas/día y utilizarlo para 800 o más toneladas/día. Ante este desvarío es lógico que el relleno se salga de control. Hoy los lixiviados corren por las laderas de la “sierra ricardonense”, derramando sustancias que afectan o pueden afectar a la salud de los seres humanos, animales y vegetales de la región. Se trata de un verdadero delito ecológico. En dicha localidad se siembran vegetales de consumo directo, se crían animales para consumo humano, se siembran cereales y oleaginosas, las personas de la región consumen el agua subterránea, recordemos que San Lorenzo, Ricardone, Ibarlucea, entre otras localidades, no poseen acceso al agua potabilizada del río Paraná, ASSA y las Cooperativas de la zona extraen el agua de las napas subterráneas para su distribución por red con un único tratamiento, su cloración.

Y ¿cómo se soluciona este problema?

No hace falta ser químico para darse cuenta que la única manera de corregir un problema tan serio como éste es tomar dos medidas inmediatas: En primer lugar, discontinuar la actividad y en segundo lugar, proceder a la remediación del sitio contaminado. Si la actividad continúa de la misma manera en que se viene realizando, la limpieza no dará resultado y la contaminación será cada vez mayor. Si no se comprende, recuerden los mil días de limpieza del Riachuelo que fallaron, entre otras cosas, porque nunca se pidió que se dejaran de eliminar tóxicos al Riachuelo. Remediar sin discontinuar la actividad es como sembrar en tierra seca y contaminada, nada dará resultado, los vegetales no crecerán y, si lo hacen, portarán tóxicos que distribuirán a los demás seres vivos sembrando muerte y enfermedad. Si existe la solución ¿por qué no implementarla? Si el tiempo es adecuado, si no se ha desarrollado aún el tumor maligno ¿por qué no aplicar un tratamiento preventivo? Estamos hablando de la Vi da y de la solidaridad entre generaciones, no nos olvidemos de ello. Esto es lo que dije en mi informe a la ONG “Amigos de la Costa” y que tanta irritación produjo al Intendente de la ciudad de Rosario y, por ende, a la Decana de la Facultad de Química e Ingeniería. Lo que me indigna es que la UCA habla de la deuda social, su tema de investigación institucional, me pregunto ¿acaso no contribuye a incrementar la deuda social cuando al formar ingenieros ambientales, “humanistas y cristianos”, para prevenir y solucionar problemas, les habla de su responsabilidad y ética profesional, pero en el momento en que un docente de su carrera, en este caso yo, pone en evidencia un indicador de alerta ambiental, la conducta demostrada por las autoridades de la Facultad es proponer la remoción del docente porque se tiene miedo de lo que pueden decir las autoridades políticas de turno?, ¿qué pensará el alumno y egresado de ingeniería ambiental? Los creerá unos hipócritas, con un razonamiento que hace cálculos, analiza qué es lo que le conviene y no arriesga.

¿No es contribuir al incremento de la deuda social actuar sin ética ni moral en el caso de uno de los bienes más valiosos que poseemos, que es la protección de la Vida?, ¿qué se puede decir, entonces, acerca de la ética de las charlas a favor de la Vida desde la concepción que propone la UCA, si permite que se dañe la Vida desde ese momento y a posteriori?, ¿no es ésta una contradicción demasiado perversa?, porque los metales pesados ingeridos por mujeres embarazadas producen daños en el embrión que no pueden revertirse.

Mis principios éticos me indican que si yo descubro que estos metales aparecen en el agua subterránea y pueden comprometer hoy, o en el futuro, a la Vida, debo contribuir a producir el cambio necesario para que el daño no se produzca. Eso es lo que hice y por ello me condenaron.

¿Con qué criterio la UCA, a través de Gorziglia, selecciona el campo del saber sobre el que se puede opinar?,
¿con el criterio de no molestar a nadie?,
entonces que se olviden de ser humanos, sólo los androides no son molestados por las opiniones ajenas, ellos no tienen conciencia, voluntad ni libertad.
Los seres humanos no somos androides. Quien no lo entiende, es porque no piensa en el otro ni en la sociedad como un conjunto, sino que se siente superior, quiere salvarse en soledad, de manera egoísta, sin darse cuenta que el planeta Tierra está reclamando que los que conocemos sus ciencias ayudemos a solucionar sus problemas y advirtamos sobre los riesgos que pueden producirse, previendo males futuros, para evitarlos. De lo contrario, ni aquel que quiso salvarse solo, podrá hacerlo. Queda en la conciencia de cada hombre de ciencia y tecnología el comprometerse o no con la realidad social que le rodea, yo tengo la esperanza de que siempre haya gente que exprese su parecer y lo fundamente, aunque muchos otros miren hacia los costados. Pero no es justo que el capricho de alguien, que dice llamarse autoridad de una Universidad, este caso católica y argentina, sea quien juzgue si una opinión científico-técnica se encuentra o no alineada con el pensamiento de la facultad; decida que no puede seguir participando de ella alguien que lo único que hizo fue manifestarse a favor de la Vida, mediante una opinión que se sustenta completamente en criterios químicos; muestre a la comunidad que lo único valioso es el miedo y tenga la suficiencia de sentir que su opinión es la única posible. ¿Será que esa gente nunca tuvo el coraje de decir la verdad?, ¿o será que no tiene la suficiente inteligencia como para darse cuenta de ello? Si es lo segundo, comprendo la reacción, es sólo una chiquilinada, un arrebato. Si es lo primero, no comprendo ni acepto la postura de la Decana, porque llega hasta el nivel de desconocer la propia historia de la facultad que actualmente dirige.

¿Cuál es la historia de la facultad en este tema?

La facultad participó con la comunidad de Ricardone en 2003, en forma institucional, a favor de la protección de la vida de sus habitantes y recursos naturales. Lo hizo mediante charlas en la escuela, apoyo técnico y consultorías ad honorem.

Antes de ello había participado a través de cátedras de otros profesores en evaluaciones ambientales del relleno de Puente Gallego, colaborando con aquella comunidad preocupada por su futuro al lado de un relleno que los invadía.

¿Te parece que mi opinión es contraria a la opinión de la facultad? Me parece que lo que hacen es desconocer su propia historia. Además, los profesores de la carrera de Ingeniería Ambiental poseen actividades muy diversas, algunos trabajan en el Municipio de Rosario, otros son consultores de Rellenos Sanitarios, incluso del Relleno de Ricardone, también da clases quien realizó su diseño, otros asesoran a empresas que vuelcan sus residuos en ese lugar, otros militan en organizaciones ecologistas y tienen muy alta exposición pública, algunos trabajan en empresas de producción de bienes o de servicios, públicas o privadas, en resumen, todos los actores que se necesitan para un buen debate acerca del tema dictan clases en esa carrera. ¿Cómo es que sólo yo emito opiniones que no convienen? ¿qué pasará con los demás? ¿serán removidos? ¿serán acallados? ¿se alinearán detrás de la opinión de Gorziglia y su grupo de poder? ¿se transformarán en profesores que dictan sus clases y no se involucran en otro tipo de actividades? Probablemente opten por la última opción, es una pena, porque los alumnos además de aprender en c> lase contenidos teóricos, aprenden de la conducta de sus profesores, la ética profesional se vivencia en el actuar de quienes en distintos momentos de nuestras vidas han sido referentes importantes. De ahora en más sólo van a apreciar las conductas que no conviene repetir, ¿de qué vale tener una asignatura que se llama moral? ¿qué moral se transmite? ¿la moral del miedo? ¿la moral de la corrupción?

¿Por qué habla de corrupción?

Porque me pregunto si la incompatibilidad entre mis tareas en la UCA y mi opinión profesional surge del hecho de no tener precio ¿o mi tarea era incompatible porque atentaba contra los intereses de otras personas? Como sucede en todos los conflictos laborales la primera acción es tratar de resolver el problema dentro del ámbito de trabajo, en este caso la UCA y la Iglesia Católica, porque la UCA es una fracción de ella. Eso hice, pero nadie quiso investigar el origen del problema. Evidentemente hay muchos intereses en juego.

La llamada telefónica, si realmente existió, del Intendente de Rosario fue la mejor excusa. Removerme de mi cargo y de mis clases resulta aleccionador para aquellos profesores díscolos que se atreven a pensar.

Su reflexión final

Tengo que decir que mi conciencia está tranquila porque cumplí la misión que me había sido encomendada a fines del 2002 cuando asumí mi tarea: En primer lugar, descentralizar las actividades de la Secretaría Académica de la Facultad: hoy hay un área de profesores, otra de alumnos, otra de títulos y certificaciones, otra de posgrado y otra de libros de actas y exámenes; cada una con su archivo, su información y sus responsabilidades. En segundo término, las acreditaciones de las carreras de ingeniería ambiental e ingeniería industrial, que se cumplimentaron en tiempo y forma. Si bien fueron duras y difíciles pudieron resolverse satisfactoriamente en ambos casos, el 31 de julio de 2006 se entregó el último documento y a mediados de noviembre se recibió la resolución CONEAU dando lugar a la acreditación por tres años.

En tercer lugar se me había encomendado llevar adelante el plan de adaptación plena a las reglamentaciones UCA, siendo 2007 el año de cumplimiento completo de las reglamentaciones sobre alumnos, conforme al plan establecido 2002-2006.

En el marco de las acreditaciones surgió la necesidad de organizar el departamento de investigación conforme a los requerimientos de UCA y CONEAU, las Prácticas Profesionales Supervisadas con su correspondiente flujo de información y diagrama de procedimientos, la redacción del instructivo para investigación de cátedras y el diagrama de flujo de los servicios a terceros y consultorías.

Quedaron, por supuesto, cuestiones abiertas, entre ellas la organización del Departamento de Ingreso y del Ciclo Común a todas las carreras; la implementación efectiva de los talleres multidisciplinarios para integrar saberes, investigación de cátedra y prácticas profesionales supervisadas; la coordinación de las actividades de las asignaturas del área de las ciencias básicas para formar en el futuro un departamento de ciencias básicas; la reacreditación de los posgrados y la adecuación de la carrera de Sistemas a los estándares previstos para su acreditación por CONEAU.

En otro orden de cosas pienso que la UCA no ha tenido visión estratégica, porque deja afuera a una persona joven, incansable, inteligente, sólo por ser coherente con su pensamiento, crecer y animarse a pensar. Tal vez sea esto último lo que molesta sobremanera. Resulta incoherente que esto sea así, porque en todas las reuniones siempre he escuchado que los directivos de la UCA deben ser personas “con manos y cabezas”, para poder dar lo mejor de sí en pro del bien común de la institución en la cual trabajan. Ahora que lo pienso mejor, descubro que el problema es que nunca definieron cuál es el bien común al que se deseaba llegar. Tal vez era el bien común acomodaticio de un grupo de personas que no molesta a nadie, que se comporta de manera hipócrita, que no vive de acuerdo a sus declamaciones teóricas y que cuando recibe el “apriete” del poder político, con “humildad cristiana”, se allana y cumplimenta lo que les solicitan. No es esa la Universidad que yo quiero. Y no son esos los di rectivos que los alumnos merecen.

Patricia Mónica Sartor
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48651

CORRUPCIÓN RELIGIOSA I

Miércoles, Abril 4th, 2007

ArgAtea: Casos de corrupción religiosa

EQUIPO NIZKOR

DERECHOS
07 oct 05

Los vínculos con la Argentina de Roberto Calvi.

Estaba pintado de celeste y blanco, los colores de la bandera Argentina. Era el puente de los Monjes Negros de Londres, debajo del cual apareció ahorcado el banquero Roberto Calvi.
Muchos de los que investigaron y analizaron la muerte del “Banquero de Dios” estuvieron seguros de que no se trataba de una casualidad.
Y reforzaba la presunta existencia de una pista argentina otro hecho tal vez casual, pero que dio que hablar: Calvi fue ahorcado y colgado debajo del puente el 18 de junio de 1982, pocos días después de que concluyera la guerra de las Malvinas.

TODOS LOS ENLACES CONDUCEN A ROMA,

Martes, Febrero 27th, 2007

Domingo, 25 de Febrero de 2007

Aguer, nuevo consejero de la Justicia y de la Paz

El Vaticano anunció que el muy conservador obispo platense es el nuevo integrante de ese Pontificio Consejo.

Por Washington Uranga

El ascenso es un espaldarazo para este enemigo de los preservativos que criticó la anulación de las leyes de impunidad.

El Vaticano anunció ayer en Roma que el papa Benedicto XVI nombró al arzobispo de La Plata, Héctor Rubén Aguer, nuevo integrante del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. La designación constituye un respaldo vaticano y un reconocimiento para uno de los obispos más conservadores de la Argentina y un hombre que mantiene sólidos contactos en la curia romana. El Consejo para la Justicia y la Paz está presidido por el cardenal Renato Martino y lo integran unas cuarenta personalidades de todo el mundo, entre miembros y consultores. Junto con Aguer fueron nombrados miembros del Pontificio Consejo el cardenal Meter Kodwo Appiah Turkson, arzobispo de Cap Coast, en Ghana, y el arzobispo de Camagüey, en Cuba, Juan García Rodríguez.

La finalidad del organismo, que forma parte directa del gobierno central de la Iglesia Católica, es “promover la justicia y la paz en el mundo según el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia”. Según lo establece la Constitución Apostólica Pastor Bonus, del 28 de junio de 1988, por la cual el papa Juan Pablo II le dio al cuerpo su constitución actual, el Pontificio Consejo “mantiene particulares relaciones con la Secretaría de Estado (máximo instancia de la Santa Sede), especialmente cada vez que hay que tratar públicamente cuestiones referentes a la justicia y la paz mediante documentos o declaraciones”. De ello se desprende que de aquí en más, el arzobispo Aguer será consultado con asiduidad cuando el Vaticano se vaya a pronunciar sobre cuestiones vinculadas a la llamada “doctrina social de la Iglesia”, en la que al arzobispo platense es considerado un experto.

Aguer nació en Buenos Aires en 1943, estudió el seminario porteño, fue ordenado sacerdote en 1972 y es obispo desde 1992. Primero se desempeñó como obispo auxiliar de Buenos Aires y, desde 1998 como arzobispo de La Plata, primero como coadjutor y desde el 12 de junio del 2000 como titular de esa jurisdicción eclesiástica. Héctor Aguer, un hombre de perfil sumamente conservador, es una de las figuras más polémicas dentro del episcopado católico argentino, donde no cuenta con mucho apoyo de sus pares, pese a lo cual sigue gozando de influencia en Roma. En la última elección en el Episcopado el arzobispo Aguer no obtuvo ningún cargo de relevancia, como podría haber sido la presidencia de una de las comisiones a las que se accede por voto de la asamblea. Es miembro de la Comisión Episcopal de Educación y en su condición de arzobispo de La Plata integra la Comisión Permanente del Episcopado. Por otra parte es capellán de la Orden de Malta en la Argentina, cuyo embajador es Antonio Manuel Caselli, hijo de Esteban Caselli, ex secretario de Culto y embajador argentino ante el Vaticano en tiempos de Carlos Menem.

En noviembre del 2003, en una de sus actuaciones más criticadas dentro y fuera de la Iglesia, Aguer actuó como fiador de Francisco Tru-sso, comprometiendo en ello un millón de pesos, para que el ex banquero pudiera obtener su excarcelación. Según lo testimonia el sacerdote Eduardo De La Serna, el hoy arzobispo Aguer echó a jóvenes de la parroquia de Belgrano (Buenos Aires) en los años de la dictadura por “leer los documentos de Medellín (Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos de 1968)”. Según el propio De La Serna, el mismo Aguer fue el denunciante del sacerdote Pablo Gazzarri, detenido-desaparecido en 1976.

Aguer se opuso también a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final por considerar el hecho como “una venganza” y en materia de salud sexual y reproductiva, además de ser un firme defensor de la doctrina de la Iglesia en la materia, ha criticado el uso del preservativo argumentado “fallas en el adminículo de látex y que no se deben al mal uso del mismo”. Según Aguer “entre el 10 y el 15 por ciento de los usos fallan precisamente debido a eso y las cifras son más o menos parejas si se refiere al fracaso en cuanto a la transmisión de enfermedades o al fracaso en cuanto a la prevención del embarazo”.